4 de agosto 2022
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La Unión Europea (UE) condenó este jueves el “cierre arbitrario” de radioemisoras católicas y de otros medios de comunicación comunitarios en Nicaragua, así como el uso de “una fuerza policial excesiva” para ocupar las instalaciones.
Entre lunes y martes, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo canceló, través del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor), a once emisoras locales, diez pertenecientes a la Diócesis de Matagalpa —dirigida por el obispo Rolando José Álvarez, uno de los más fuertes críticos del presidente— y la independiente Radio Vos. Además, sacaron del aire al canal local RB3 “El Canal de la Zona Láctea”, cuya programación era transmitida a través de televisión por suscripción.
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En una declaración divulgada por su oficina en Managua, la UE señaló que las cancelaciones constituyen “otra violación de la libertad de expresión y de la libertad de religión o de creencias”.
La UE recordó que “desde 2018, el Gobierno nicaragüense ha desatado niveles de violencia sin precedentes contra su propio pueblo, recurriendo a asesinatos, desapariciones forzadas, encarcelamientos, acoso e intimidación contra opositores políticos, periodistas, defensores de derechos humanos, religiosos y otros líderes”.
La Policía de Nicaragua ingresó desde la noche del lunes a la fuerza a la parroquia Divina Misericordia, en Sébaco, con el fin de apropiarse de los equipos de una de las emisoras católicas cerradas por las autoridades.
Los agentes policiales mantienen ocupada la iglesia y dentro de un dormitorio se encuentra recluido el sacerdote Uriel Vallejos junto a seis feligreses.
SIP, CIDH y RELE
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) condenaron “el cierre arbitrario” de las radioemisoras católicas, así como el ingreso violento de policías a la parroquia.
La CIDH y la RELE pidieron al Estado de Nicaragua “cesar los constantes ataques contra la Iglesia católica” y “abstenerse de utilizar sus facultades en materia de telecomunicaciones como medida para limitar o impedir la circulación de información, ideas y opiniones”.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) denunció que el cierre de los medios de comunicación locales es “parte de una campaña que pretende eliminar todo vestigio de prensa independiente”.
“Con un solo golpe, el Gobierno de Nicaragua creó un nuevo desierto informativo en el interior del país, donde las estaciones clausuradas prestaban un valioso servicio comunitario a miles de personas”, dijo Jorge Canahuati, presidente de la SIP.
Ortega, “enemigo de la libertad de prensa”
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Carlos Jornet, indicó, por su parte, que “la Policía recurrió a un uso excesivo de violencia contra las estaciones cerradas, lo cual indica el alto grado de impunidad del que gozan las autoridades nicaragüenses en las regiones más remotas del país”.
“El Gobierno de Ortega ya no solo es enemigo de la libertad de prensa, sino que también ahora parece suprimir la libertad de culto y de pensamiento en Nicaragua”, advirtió Jornet, director del diario argentino La Voz del Interior.
La SIP hizo un llamado a la comunidad internacional para que no abandone las presiones por la libertad de prensa y la democracia en Nicaragua.
En abril pasado, la SIP y 26 organizaciones regionales e internacionales de prensa difundieron la denominada Declaración de Nicaragua, que pide a organismos multilaterales y Gobiernos la adopción de acciones concretas para “obligar al Gobierno de Nicaragua a que detenga las violaciones a los derechos humanos, los atropellos a la libertad de prensa y restablezca la democracia”.
UE exige liberar a presos políticos
“En la actualidad, Nicaragua cuenta con más de 180 presos políticos, encarcelados sin respeto a la Constitución nicaragüense, el derecho penal y el debido proceso”, agregó.
Asimismo, el organismo destacó el cierre de “más de 1200 organizaciones de la sociedad civil, sin una justificación adecuada” en lo que va de 2022.
“Como resultado, miles de nicaragüenses de los sectores más vulnerables se han quedado sin asistencia”, alertó.
La UE instó a las autoridades nicaragüenses a cesar “toda la represión y restablecer el pleno respeto de todos los derechos humanos”, e hizo un “llamado urgente al Gobierno nicaragüense para que libere inmediatamente e incondicionalmente a todos los presos políticos y anule todos los procesos judiciales contra ellos, incluidas sus condenas”.
La UE ha aplicado sanciones a familiares de Ortega, incluyendo a la vicepresidenta Murillo, y varios de sus hijos, así como a funcionarios de su Gobierno señalados de violaciones a los derechos humanos.
