1 de agosto 2022
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La comisionada Esmeralda Arosemena, relatora para Nicaragua de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), afirmó que los nicaragüenses viven bajo un “régimen de terror”, que ha deteriorado de forma progresiva los derechos humanos, situación por la que el país fue incluido por cuarto año consecutivo en el Capítulo IV del informe anual de esa organización.
“Cuando escuchamos a los familiares de los presos políticos, los desplazamientos internos, los obstáculos que hay para tener acceso a sus documentos de identidad, el régimen de hostigamiento, de acallar todas las voces, cuando te encuentras con una situación de esa clase ¿qué régimen político hay ahí? Un régimen de terror, que tiene a una población realmente atemorizada, incluso de hablar, y hablo de hablar porque cerrar, por ejemplo, la Real Academia de la Lengua, es un ejemplo de que no se quiere ni siquiera escuchar a nadie, y eso en temas políticos, de democracia y derechos, no hay otra forma de llamarlo”, aseguró en entrevista con Esta Semana y CONFIDENCIAL.
La CIDH actualiza cada año el Capítulo IV de su informe anual con los nombres de los estados de las Américas, en donde considera que los derechos humanos de los ciudadanos requieren “especial atención” del organismo. Luego de 25 años, Nicaragua regresó a la lista del Capítulo IV, en marzo de 2019, cuando la CIDH alertó en su informe anual de 2018 sobre la grave crisis de derechos humanos que iniciaba en el país tras la represión del régimen Ortega-Murillo contra las protestas sociales.
La relatora para Nicaragua aseguró que esta continua crisis social, económica, política y derechos humanos, que ya suma más de cuatro años, mantiene a los nicaragüenses “atemorizados de vivir la vida, bajo mucha angustia, presión por la vida diaria, por ese desarrollo de su trabajo, de ir al colegio, de cumplir con las cosas que como ser humano tienes diariamente”.
CIDH denuncia nueva fase de represión en 2021
El Capítulo IV del informe anual 2021 de la CIDH refiere que Nicaragua muestra “deterioro progresivo de la situación de derechos humanos y el Estado de Derecho”. La Comisión señala que el año pasado hubo un “incremento de los actos de hostigamiento contra personas identificadas como opositoras al Gobierno en el marco de las elecciones realizadas en noviembre de 2021”.
Denuncia que en esta “nueva fase de represión, más de 30 personas fueron detenidas entre los meses de mayo y agosto de 2021, entre ellos, importantes líderes y lideresas sociales, personas defensoras de derechos humanos y periodistas”.
El régimen Ortega-Murillo actualmente mantiene a más de 190 personas encarceladas por motivos políticos en las diferentes cárceles de Nicaragua.
La CIDH constató “las graves condiciones de detención en la que se encuentran las personas privadas de libertad detenidas en el contexto de las protestas iniciadas en 2018 y, en particular, las más de 30 personas detenidas que permanecen en El Chipote”.
El documento señala que los presos políticos han sido sometidos a situaciones de tratos crueles e inhumanos, a la aplicación de regímenes de aislamiento sin criterios objetivos, así como interrogatorios constantes en diversos periodos del día.
La comisionada Arosemena expresó especial conmoción por la situación de aislamiento en celdas de castigo y de confinamiento solitario en las que han permanecido, por más de un año, las presas políticas Dora María Téllez, Tamara Dávila, Ana Margarita Vijil y Suyen Barahona.
Explicó que como Comisión han recabado información de “todos estos hechos, todas estas situaciones, testimonios, para poder evaluar, en este particular, el tema muy específico de mujeres en detención, privadas de libertad, en condiciones infrahumanas, ya que son actos de tortura y documentarlos permitirá en un momento dado la exigencia de responsabilidades ante estos crímenes de lesa humanidad, ante estos actos de torturas”.
Comunidad internacional debe seguir pendiente
La relatora de la CIDH resaltó que la región debe evaluar con mucha seriedad la situación de Nicaragua y no permitir que los nicaragüenses sigan viviendo “una situación tan difícil, tan dura”.
Además, consideró clave que la comunidad internacional aplique medidas que cuestionen al Estado de Nicaragua sobre “sus obligaciones internacionales” y que “todos los actores externos e internos continúen comprometidos con la denuncia, con el monitoreo constante, manteniendo a la comunidad internacional en alerta” sobre todas las violaciones a derechos humanos que se siguen cometiendo en Nicaragua.
“Nuestro informe va en esa línea, con una identificación de todos los acontecimientos que pudimos recabar en 2021 están plasmados en este informe, precisamente para mantener este llamado a la comunidad internacional de la necesidad de estar pendiente de qué pasa en Nicaragua”, refirió.
La comisionada indicó que como Comisión, en el informe, también tomaron en consideración la Resolución del 22 de noviembre de 2021, adoptada por la Corte Interamericana en el marco del “asunto Juan Sebastián Chamorro y otros respecto a Nicaragua”, en la que se manifiesta la “no aceptación y rechazo del Estado de Nicaragua a las Medidas Provisionales adoptadas por dicho Tribunal, así como el efectivo incumplimiento a las órdenes contenidas en sus Resoluciones relativas a las personas privadas de la libertad en Nicaragua identificadas como opositoras al actual Gobierno”.
La Corte IDH, según el informe anual de la CIDH, determinó “someter a consideración de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos el desacato de Nicaragua a sus decisiones”, ya que este se ha negado a ejecutar las órdenes de liberación inmediata de más de 30 presos políticos.
Arosemena explicó que “la Corte IDH tiene esta potestad de que frente al desconocimiento por parte de un país le comunica al órgano político del gran sistema para determinar lo procedente a llamados de atención ante el incumplimiento de los mandatos de ese tribunal. Entonces, corresponde ahora a la OEA hacer lo propio, el llamado al cumplimiento de las obligaciones a un Estado, que como integrante de la comunidad internacional tiene que responder”.
Recordó que aunque Nicaragua haya denunciado la Carta de la OEA –en busca de salir del organismo– esto tiene un lapso para entrar en vigencia y en todo este período la Comisión y la Corte “mantiene su competencia con todos los mecanismos que tiene para el desarrollo de su mandato de protección de sus derechos.
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“Hay una responsabilidad que no se agota porque sales del organismo. Se perderán algunas competencias una vez que se produce la separación, una vez entre en vigencia la separación definitiva del país, pero todos estos acontecimientos de violación de derechos, que han sucedido, y que estamos documentando, podrán ser demandados dentro del propio sistema interamericano”, destacó la relatora de la CIDH.
