29 de julio 2022
AA
Share
La cancelación de centenares de oenegés en Nicaragua “tendrá consecuencias aún más devastadoras sobre personas y grupos en situación de marginalización”, alertó un grupo de expertos de Naciones Unidas, en una carta dirigida al Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
De acuerdo a un comunicado, los expertos de la ONU detallaron en la misiva que los ciudadanos marginados “dependen” de los servicios de las oenegés “para su supervivencia; por ejemplo, comunidades rurales e indígenas, niños/as y jóvenes, mujeres y solicitantes de asilo”.
La Asamblea Nacional, dominada por el Frente Sandinista, eliminó esta semana 200 organizaciones a través de dos decretos, con lo que elevó a 1206 las oenegés anuladas en lo que va de 2022.
Con esta nueva ronda de ilegalizaciones, el régimen orteguista acumula 1280 asociaciones canceladas desde diciembre de 2018 a la fecha.
Un monitoreo de CONFIDENCIAL muestra que el régimen ha clausurado oenegés ambientalistas, educativas, defensoras de los derechos de la niñez, derechos humanos, mujer, adolescentes, derechos indígenas, la cultura, emprendimiento, democracia y de salud, sin importar el impacto que esto ha generado a sus beneficiarios.
A mediados de julio, Brian Nichols, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de EE. UU., advirtió que Ortega “planea cerrar 1797 organizaciones sin fines de lucro, pero el número real podría ser mucho más alto”. En su cuenta de Twitter, el alto funcionario publicó que “el régimen se preocupa más por permanecer en el poder que por el bienestar de su pueblo”.
“Uso indebido de leyes”
Los expertos indicaron que la cancelación de la personalidad jurídica de cientos de asociaciones “representa un claro patrón de represión del espacio cívico”
Añadieron que la limitación del derecho a la libre expresión en Nicaragua observada desde la crisis política de 2018 se ha acelerado con la aplicación de la Ley sobre Regulación de Agentes Extranjeros y la Ley General de Regulación y Control de Organismos sin Fines de Lucro (OSFL), que entró en vigor en mayo pasado.
La última ley impone serios obstáculos para este tipo de asociaciones y limita significativamente el financiamiento externo.
“Lamentamos observar, nuevamente, el uso indebido de leyes antiterroristas y antilavado de dinero para restringir innecesaria y desproporcionadamente las actividades de la sociedad civil y las libertades fundamentales”, dijeron los expertos.
Las organizaciones canceladas no tienen derecho a apelar la decisión del Parlamento y, en muchos casos, los exdirectivos han denunciado que el Ministerio de Gobernación (Migob) estableció trabas para que cumplieran con todos los requisitos que mandatan las leyes.
“Efecto disuasivo” en activistas
Según el comunicado, los expertos de la ONU expresaron su preocupación sobre el efecto disuasivo que estas clausuras tienen sobre los actores de la sociedad civil. “Cientos de activistas ya han huido del país para buscar refugio en Estados vecinos dado el riesgo de represalias”, agregaron.
“Instamos al Estado a abstenerse de decretar más cierres y de revocar inmediatamente estas restricciones sobre las asociaciones. Un espacio cívico y político funcional, sólido y diverso es crucial para cualquier país democrático”, señalaron los expertos.
La carta fue firmada por más de una docena de relatores especiales del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, entre ellos el relator especial de la ONU sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y asociación, Clément Nyaletsossi, y la relatora especial sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos, Mary Lawlor.
Naciones Unidas aclaró que los expertos son voluntarios; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier Gobierno y organización y actúan a título individual.
*Con información de Efe.
