27 de julio 2022
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La justicia orteguista condenó al preso político, Yubrank Suazo, a 10 años de prisión y una multa de 56 456 córdobas por los supuestos delitos de “conspiración para cometer menoscabo” y “propagación de noticias falsas”, según la lectura de sentencia realizada este miércoles 27 de julio, en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), El Chipote, confirmó su abogado defensor, Mynor Curtis.
Suazo fue declarado culpable de supuestamente cometer dichos delitos por la titular del Juzgado Décimo Tercero de Juicio, Ulisa Yahoska Tapia Silva, el pasado viernes 15 de julio en un juicio político, en el que la Fiscalía presentó a dos testigos, ambos policías de la DAJ.
En las pruebas documentales incluyeron el acta de detención, el acta de ocupación, y una orden de captura policial. Además, mostraron un informe de extracción de información abierta en las redes sociales, explicó en esa ocasión el abogado Curtis. Entre los datos encontrados en Internet, el Ministerio Público incluyó retuits y tres videos que Suazo compartió en sus redes sociales, uno de ellos una entrevista de la plataforma Artículo 66 al sacerdote Harving Padilla, durante los días que estuvo bajo asedio policial en la iglesia San Juan Bautista, en Masaya.
Adelantaron la entrevista familiar con Yubrank Suazo
El Sistema Penitenciario Nacional Jorge Navarro, conocido como La Modelo, adelantó la cita familiar de Suazo, programada para este miércoles 27 de julio, ya que coincidía con su lectura de sentencia. Wilfredo Suazo, padre del también opositor, confirmó que su mamá y hermana lograron ver al integrante de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, este martes 26 de julio, tras casi tres meses de incomunicación desde su arresto, el 18 de mayo, en Masaya.
Su padre no logró ingresar a esta primera visita porque solo aceptan a dos personas. Él tuvo la oportunidad de intercambiar unos diez minutos con su hijo durante la audiencia del juicio. Suazo relata que el opositor se encuentra bien, que les mandó un mensaje de fortaleza a la familia, que se mantengan saludables, y que oren por él.
Describió el encuentro "muy emocional, familiar", enfocado en saber más sobre sus parientes y amigos. Su padre agregó que lo vieron un poco más delgado, pero considera que es "natural", como parte de las condiciones de un privado de libertad. "La misma aflicción lo hace adelgazar a uno", dijo. Destacó que en el penal les reciben los medicamentos y se los suministran.
Suazo permanece en una celda de máxima seguridad. Diario es visitado por un médico del Sistema Penitenciario que le toma la presión y le administra una pastilla. La alimentación, según describió el preso político a su abogado en la audiencia de juicio, es peor que la recibida en El Chipote.
El opositor fue trasladado en secreto, el pasado 30 de junio, de El Chipote al Sistema Penitenciario Jorge Navarro, La Modelo, confirmó el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).
Segunda vez apresado
Suazo es el más reciente preso político del régimen orteguista, tras una oleada de capturas ejecutada en el contexto de las votaciones generales en 2021. También es el primer reo de conciencia de una veintena de presos políticos encarcelados en El Chipote en haber sido trasladado al Sistema Penitenciario y sometido a la celda de castigo 300, conocida como “El Infiernillo”.
En 2018 el opositor fue encarcelado por primera vez y acusado por supuestamente cometer actos de terrorismo, asesinato frustrado, amenazas con armas y de entorpecimiento de servicios públicos. En junio de 2019 fue liberado junto a otros reos políticos bajo la controversial Ley de Amnistía creada por el orteguismo.
Actualmente permanecen en diferentes penales del país más de 180 presos políticos, de estos, 28 se encuentran en El Chipote, donde varias reas están en completo aislamiento, son sometidos a pasar hambre por las escasas porciones de alimentos que les suministran, no tienen derecho a visitas periódicas y tampoco a actividades de recreación.
Este grupo de reos —excandidatos a la presidencia, líderes sociales, estudiantiles, cívicos, periodistas y abogados— forman parte de 61 personas que fueron capturadas en 2021 y condenadas con penas de entre siete y trece años de cárcel de febrero a mayo de 2022 por una batería de judiciales leales a Daniel Ortega y Rosario Murillo.
