23 de julio 2022
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Organizaciones juveniles demandaron el restablecimiento de los derechos de los estudiantes expulsados de universidades públicas por motivos políticos, justicia por las más de 300 personas asesinadas en el contexto de las protestas sociales de 2018 y libertad para los más de 190 presos políticos que mantiene el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Las demandas se hicieron en ocasión del Día Nacional del Estudiante Nicaragüense, fecha en la que se conmemora en Nicaragua la lucha estudiantil del 23 de julio de 1959, cuando cuatro universitarios fueron asesinados por la dictadura somocista.
La Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN), el Movimiento UNA, la Alianza de Jóvenes y Estudiantes Nicaragüenses (AJEN) y el ME19A, en un comunicado conjunto, recordaron que la lucha de los universitarios por la libertad, la justicia y la democracia, después de 63 años de la masacre somocista, “sigue vigente” bajo la nueva dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Además, denunciaron que el régimen Ortega Murillo mantiene encarcelados por motivos políticos “a ocho estudiantes universitarios en los diferentes sistemas penitenciarios del país, entre ellos: Lesther Alemán, Max Jerez, Samantha Jirón, John Cena y Kevin Solís”.
Las agrupaciones lamentaron el "secuestro de las universidades públicas y la instrumentalización de los centros de educación pública para el beneficio de un partido político y sus intereses particulares”.
En ese contexto, recordaron que siguen exigiendo “libertad de cátedra y la independencia de los movimientos estudiantiles”.
La Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia (CUDJ) también emitió un pronunciamiento a propósito del Día del Estudiante, denunciando el asesinato de más de 40 estudiantes por el régimen Ortega-Murillo durante las protestas ciudadanas que iniciaron en abril de 2018.
La agrupación resaltó que es urgente la despartidización y la eliminación de propaganda política de las universidades; impulsar una reforma a la “Ley 89 de las Instituciones de Educación Superior” para consolidar la autonomía universitaria; revocar todas las resoluciones de expulsión de estudiantes que participaron de las protestas; y convocar a nuevas elecciones libres y transparentes de las autoridades estudiantiles, permitiendo la participación de los movimientos emergentes.
La CUDJ también realizó un foro, “dedicado a los estudiantes exiliados, expulsados, presos políticos y asesinados por la dictadura Ortega-Murillo”, en San José, Costa Rica, en el que expusieron las graves violaciones a derechos humanos que en los últimos cuatro años se han cometido contra los universitarios que participaron en las protestas ciudadanas de 2018.
Denuncian ante la CIDH
El Centro de Asistencia Legal Interamericano de Derechos Humanos (Calidh), este 23 de julio, presentó la denuncia “Estudiantes expulsados” contra el Estado de Nicaragua, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La denuncia señala el hostigamiento, persecución, violación al derecho a la educación y migración forzada que sufrieron los líderes estudiantiles Franklin Rojas, Mayling Cortez, Katherine Ramírez y otro estudiante que pidió permanecer en el anonimato.
El Centro detalló que los cuatro universitarios sufrieron perjuicios a su derecho a la educación y que tres de estos fueron "expulsados de forma fulminante de sus carreras universitarias por la UNAN-Managua y borrados sus registros académicos sin que se diera un proceso disciplinario previo".
La entidad solicitó a la CIDH condene el actuar del Estado nicaragüense y declare que este “ha violado su deber de no legislar ni tomar decisiones en contra los derechos humanos, específicamente porque después de su expulsión de la UNAN-Managua, los líderes estudiantiles siguieron sus carreras en una universidad cuya personalidad jurídica fue cancelada, violando así nuevamente el derecho a la educación de estos”.
Además, advirtió que solicitará al organismo internacional que las víctimas sean reparadas integralmente por las violaciones de derechos humanos que sufrieron. El Calidh espera que esta denuncia, luego del trámite ante la CIDH, llegue hasta Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
