23 de julio 2022
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El régimen de Daniel Ortega y Rosario persiste en su cacería de organismos civiles, ordenando la cancelación de 100 nuevas oenegés, con la que se llegarían a 1106 durante el transcurso de 2022.
La nueva solicitud de anulación fue presentada por el diputado orteguista Filiberto Rodríguez, quien ha fungido como el operador político a cargo de cumplir las órdenes de la dictadura en esta ola represiva en contra de la sociedad civil organizada.
Se espera que estas nuevas cancelaciones sea aprobadas por el plenario de la Asamblea Nacional, dominada por los diputados orteguistas y sus aliados colaboracionistas políticos, cuando el Parlamento retome sus sesiones la semana próxima.
Entre las nuevas organizaciones que el régimen tiene previsto anular están la Asociación Unión Nacional de Micros, Pequeñas y Medianas Industrias, Servicios y Artesanías; Asociación de Confiscados y Afectados Argues Sequeira Mangas, Fundación para el Desarrollo Rural, Asociación Centro Sandino, Asociación de Profesionales del Derecho, Centro de Investigación y Estudios de Centro América, Asociación Centro de Estudios Empresariales, Asociación de Atención y Ayuda a los Enfermos de Cáncer Sor María Romero Meneses, entre otras.
Un monitoreo de CONFIDENCIAL muestra que el régimen ha clausurado oenegés ambientalistas, educativas, defensoras de los derechos de la niñez, derechos humanos, mujer, adolescentes, derechos indígenas, la cultura, emprendimiento, democracia y de salud, sin importar el impacto que esto ha generado a sus beneficiarios.
El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de EE. UU., Brian Nichols advirtió que el régimen Ortega-Murillo “planea cerrar 1797 organizaciones sin fines de lucro, pero el número real podría ser mucho más alto”. Desde 2018 hasta la fecha, el Gobierno sandinista ha ilegalizado 1080 oenegés.
En su cuenta de Twitter, el alto funcionario publicó que “el régimen se preocupa más por permanecer en el poder que por el bienestar de su pueblo”.
La Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado de Estados Unidos, calcula que más de 50 000 niños, niñas y adolescentes de Nicaragua son los primeros afectados por el cierre masivo de Organismos Sin Fines de Lucro (OSFL)
The Ortega-Murillo regime shows its callousness toward the most vulnerable in Nicaragua by shuttering a charitable organization that sheltered young victims of violence and the abandoned elderly and provided day care for children from low-income families. pic.twitter.com/SpAPcKpphS
— State Department: Democracy, Human Rights, & Labor (@StateDRL) July 22, 2022
Más del 30% de los 1080 OSFL cancelados desde 2018 por el régimen orteguista se enfocaban en diversas áreas del desarrollo, mientras que más del 15% ejecutaban proyectos sociales y atendían a comunidades desfavorecidas y grupos de riesgo.
El régimen acusa a los organismos de no registrarse como agentes extranjeros ante el Ministerio de Gobernación (Migob) e incumplir con la Ley General de Regulación y Control de Organismos Sin Fines de Lucro, que entró en vigor el pasado 6 de mayo, “obstaculizado el control y vigilancia” que realiza el Migob.
Las organizaciones canceladas no tienen derecho apelar la decisión del Parlamento y, en muchos casos, los exdirectivos han denunciado que el Migob estableció trabas para que cumplieran con todos los requisitos que mandatan las leyes, incluyendo la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, señalada por abogados de ser una norma inconstitucional.
