19 de julio 2022
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El Gobierno de Nicaragua recaudó más de 125 600 millones de córdobas (equivalentes a más de 3500 millones de dólares) entre enero de 2021 y marzo de 2022, y prevé mantener altas tasas de crecimiento de la recaudación tributaria en el resto del año, aplicando lo que un experto en temas macroeconómicos, que habló con CONFIDENCIAL, denominó “presión desmedida sobre las empresas”.
Desde el inicio, el sector privado dijo que la reforma tributaria de marzo de 2019, aprobada por la aplanadora del Frente Sandinista en la Asamblea Nacional, tendría un solo ganador: el Gobierno. Los números y los tiempos le dieron la razón. Ahora, se debate cuál es el resultado para las empresas, que critican especialmente el verse sometidas a un ambiente de acoso permanente, que hace dudar de la viabilidad de operar en Nicaragua.
“Sí, hay presión contra las empresas, y sí, hay abusos”, afirmó un consultor empresarial que también pidió el anonimato. “Conozco el caso de un empresario que mejor se fue de Nicaragua”, cansado de tratar de sobrevivir en este ambiente enrarecido que se ha forjado en el país, añadió.
“Que un Estado busque cómo hacer para que el empresariado pague lo que tiene que pagar por ley, es correcto, porque sabemos que los niveles de evasión y elusión fiscal, han sido altos en nuestros países,”, señaló Roberto Rubio-Fabian, director ejecutivo de la salvadoreña Fundación Nacional para el Desarrollo, (Funde).
Sin embargo, detalló que “presión es diferente de acoso: presión es que se cumpla la ley, y que el evasor no corra largo. ‘Acoso’, es el uso de instrumentos para tener controlado al empresario, y aprovechar incluso un pequeño error contable para usarlo en su contra”.
En este último caso, el entramado legal y tributario, se activa como “un mecanismo de control político. Los gobiernos autoritarios, donde no hay mecanismos de defensa, los usan como herramientas para someter al sector empresarial”, abundó.
Torcer la ley para cobrar más
Un empresario cuya actividad comercial está ligada al sector de bienes raíces, se queja por las múltiples formas que el fisco y las alcaldías utilizan para cobrar más, y obtener más dinero gravando las actividades empresariales.
La primera que mencionó, es un proceso de facto, de revalorización de propiedades, recordando un caso específico, en el que la autoridad aumentó a voluntad el precio de un bien inmueble, pasando su valor desde 7000 dólares a un poco más de 50 000 dólares de un año para otro, lo que elevó por partida doble, el monto a tributar.
El resultado fue que aumentó el pago del impuesto de bienes inmuebles (IBI), así como el impuesto de transmisión, que grava con 1% a las propiedades de hasta 50 000 dólares, y se incrementa hasta llegar a 7% para aquellas que sobrepasan los 500 000 dólares. “Si vendés una casa en 50 000 dólares, deberías pagar 1%, pero la revalorizan al doble o triple, a su libre albedrío, sin usar criterios técnicos, y no se puede hacer nada, porque nunca se gana una apelación, y hasta hay riesgo de que eleven el cobro”, dijo el empresario.
Su experiencia le indica que la ‘voracidad tributaria’ tiene que ver con quién es el vendedor, (al que corresponde pagar ese impuesto, en concepto de ‘ganancia ocasional’): si esa persona estuvo involucrada en alguna actividad de apoyo a la protesta cívica, la actitud del cobrador será más voraz y despiadada.
Al final, “eso afecta el negocio porque genera incertidumbre. La gente prevé que va a pagar tanto, pero ya no sabe si vale la pena vender a ese precio, porque no sabe si tendrá que pagar solo lo que está previsto en la ley. Sé de alguien que vendió una propiedad en 30 000 dólares, pero tuvo que pagar 50 000 dólares en impuestos”, refirió.
Aunque algunos vendedores le piden al comprador que asuma el pago del impuesto, ninguno lo acepta, detalló el empresario, explicando que a la larga, eso también afecta al mercado inmobiliario, porque la paralización de muchas transacciones incide en el precio de las propiedades.
Reconoció que en la actualidad “los gremios no están tocando estos temas, porque prefieren seguir manteniendo el perfil más bajo posible”.
Este hombre de negocios explicó que “la actividad está tan deprimida, después de pasar crisis sobre crisis, que ni siquiera hay chance de golpear a nuestras empresas”.
Dinero… en tu bolsillo, o en el mío
Los más de 125 634 millones de córdobas recaudados en los quince meses transcurridos entre enero de 2021 y marzo de 2022, representan un aumento de 8.75% con respecto a los 114 644 millones pautados al inicio de ambos períodos, y de 20.4%, si se le compara con los 99 993 millones recaudados en todo 2020, más el primer trimestre de 2021.
“Toda esta presión se hace para buscar recursos para salvar al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), pero también están buscando cómo recaudar a toda costa, para tapar huecos financieros y acumular recursos con carácter de previsión, porque las perspectivas económicas del país son tensas”, dijo el economista citado inicialmente.
Al pedirle que explicara los efectos de esa actitud de expolio sobre las empresas y la economía, explicó que eso “ejerce presión” sobre la disponibilidad de recursos para que las empresas puedan realizar operaciones fundamentales y ajustes en las actividades necesarias para sobrevivir y competir en el mercado. “La presión fiscal excedida, ya sea administrativa, municipal, del Seguro Social, etc. reduce la capacidad de inversión de las empresas, y la de mejorar salarios y beneficios a los trabajadores”, indicó.
Este experto observa que “esta es una situación que podría llevar a la muerte lenta a muchas empresas, y facilitar el surgimiento de monopolios o carteles, que aprovecharían los espacios, porque se crean condiciones para que la corrupción de los funcionarios del sector público favorezca a empresas o actores afines al Gobierno”.
“Conozco empresarios a los que les han impuesto multas millonarias, oportunidad que algún funcionario aprovechó para decirle ‘te la rebajo si me das tanto’. Esos empresarios no tuvieron más opción que pagar la coima, porque pagar toda la multa podía llevarlos a la quiebra”, explicó el consultor.
Coimas, privilegios y poder
“Un ambiente de incertidumbre desestimula la inversión, más si sos extranjero, porque ves que no priva la eficiencia, sino la cercanía al poder, y eso va en contra de las empresas que tienen códigos de conducta, mientras que los empresarios que están dentro, ven que no hay garantías de que podrán competir en igualdad de oportunidades”, abundó el salvadoreño Roberto Rubio.
Al reiterar que “la imprevisibilidad desestimula la inversión”, el salvadoreño aseguró que “por eso, nuestras inversiones [las que recibe Nicaragua, o las que recibe El Salvador] son menores a las de Costa Rica, por ejemplo, que ofrece mayor previsibilidad”.
Los empresarios nicaragüenses saben qué es competir en desventaja. Mucho más, después que perdieron el acceso privilegiado a los más altos estamentos del poder.
Al respecto, el director ejecutivo de Funde, señala que “en Nicaragua, hubo mucha complacencia de parte del empresariado, que vio que estar cerca del poder tiene sus ventajas, y cuando Ortega se quitó la máscara –porque ya no necesitaba el apoyo que le daban– los aleja y les mete un esquema de miedo que incluye cárcel, lo que es una buena lección para los empresarios en El Salvador”.
En 2018, la Administración de Daniel Ortega decidió unificar las bases de datos, tanto la fiscal, con la de las alcaldías, y el Registro de las Personas, etc., para cruzar la información, de forma que les permita identificar –y cortar– todo lo que interpretan como evasión fiscal.
El problema, dice el consultor, es que “lo están haciendo de una manera estricta en extremo, así que están sobre todo el mundo, lo que no sería objetable, si se tratara de un Gobierno correcto, pero sucede que hay personas que se aprovechan de esa información, y ahí es donde surge el problema. El problema no es cumplir la ley, aunque sea confiscatoria, porque las sumas que se pagan en concepto de impuestos son muy grandes”.
El directivo señala que un resultado de esa integración de las bases de datos, fue “la ampliación real de la base tributaria”. Cuatro años después, el Gobierno sigue encontrando contribuyentes donde antes no era capaz de encontrarlos. “No sabemos si ese cambio es una muestra de eficiencia, o una estrategia que les permite cierto margen para complacer a algunos sectores empresariales”, especuló el directivo.
Duda, porque observa las “preferencias hasta el extremo”, que ofrece la administración tributaria, en especial “cuando cobra a una empresa, pero no a otra, lo que crea competencia en condiciones desiguales, y es de lo que se queja el sector privado, al ver cómo prevalecen preferencias tributarias para algunos empresarios, lo que les da mucha ventaja”.
“No hay igualdad en el cobro de los impuestos, y aunque la base tributaria se ha ampliado, las diferencias de orden político inciden para decidir a quién cobrarle y a quién no. A quién cobras más, y a quién menos”, concluyó.
