19 de julio 2022
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Brian Nichols, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de EE. UU., advirtió que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo “planea cerrar 1797 organizaciones sin fines de lucro, pero el número real podría ser mucho más alto”. Desde 2018 hasta la fecha, el Gobierno sandinista ha ilegalizado 1080 oenegés.
El régimen Ortega-Murillo en Nicaragua dijo que planea cerrar 1,797 organizaciones sin fines de lucro, pero el número real podría ser mucho más alto. El régimen se preocupa más por permanecer en el poder que por el bienestar de su pueblo. pic.twitter.com/eGD4wzihrf
— Brian A. Nichols (@WHAAsstSecty) July 19, 2022
En su cuenta de Twitter, el alto funcionario publicó que “el régimen se preocupa más por permanecer en el poder que por el bienestar de su pueblo”.
Según Nichols, “el régimen de Ortega y Murillo ataca a las ONG pues teme que puedan socavar su poder, privando así al pueblo nicaragüense de servicios vitales como salud, educativos y otros que el Gobierno no proporciona”.
El régimen de Ortega y Murillo ataca a las ONG pues teme que puedan socavar su poder, privando así al pueblo nicaragüense de servicios vitales como salud, educativos y otros que el gobierno no proporciona.
Esta semana destacamos el impacto en el pueblo nicaragüense. pic.twitter.com/TKSI5HF2tX
— Brian A. Nichols (@WHAAsstSecty) July 18, 2022
En lo que va de 2022, Ortega y Murillo han anulado 1006 Organismos Sin Fines de Lucro (OSFL). Un monitoreo de CONFIDENCIAL muestra que el régimen ha clausurado oenegés ambientalistas, educativas, defensoras de los derechos de la niñez, derechos humanos, mujer, adolescentes, derechos indígenas, la cultura, emprendimiento, democracia y de salud, sin importar el impacto que esto ha generado a sus beneficiarios.
Más del 30% de los 1080 OSFL cancelados se enfocaban en diversas áreas del desarrollo, mientras que más del 15% ejecutaban proyectos sociales y atendían a comunidades desfavorecidas y grupos de riesgos.
HRW: “Invisibilizar abusos del Gobierno”
Tamara Taraciuk Broner, directora en funciones para las Américas en Human Rights Watch, señaló que “el régimen de Ortega en Nicaragua ha cerrado de forma sistemática las organizaciones de derechos humanos y otros grupos no gubernamentales, para impedir que se visibilicen los abusos del gobierno y la incapacidad de las autoridades para brindar servicios básicos al pueblo nicaragüense”.
De acuerdo a una nota de prensa del organismo internacional, Taraciuk subrayó que “las autoridades nicaragüenses están tan ensañadas en destruir el poco espacio cívico que queda en el país que han ido tras organizaciones que brindan asistencia indispensable a comunidades de bajos recursos en un país que ha sido gravemente afectado por dos huracanes y una pandemia”.
Según HRW, el cierre de organizaciones no gubernamentales forma parte de un esfuerzo mucho más amplio para silenciar a grupos de la sociedad civil y medios de comunicación independientes, mediante una combinación de medidas represivas que incluyen leyes abusivas, intimidación, hostigamiento, detenciones arbitrarias y persecución penal de defensores de derechos humanos y periodistas. Desde que asumió el poder en 2007, Ortega ha desmantelado todas las instituciones que podían fiscalizar al Ejecutivo, incluyendo el Poder Judicial.
Este lunes, la Asamblea Nacional —dominada por el Frente Sandinista— canceló las personalidades jurídicas de otras diez oenegés, incluida la Asociación para el Desarrollo Agropecuario de Nicaragua (Expica), una organización regional con sede en el país, cuya feria anual era la meca del sector ganadero centroamericano, a la que acudían no solo expositores del istmo, sino también empresarios de México y Estados Unidos, hasta Colombia y Brasil.
La feria estaba lista para comenzar este jueves 21 de julio —con una duración de diez días—, en la que se exhibían los mejores ejemplares de Centroamérica y vendían libre de impuestos.
Leyes del régimen
El régimen acusa a los organismos de no registrarse como agentes extranjeros ante el Ministerio de Gobernación (Migob) e incumplir con la Ley General de Regulación y Control de Organismos Sin Fines de Lucro, que entró en vigor el pasado 6 de mayo, “obstaculizado el control y vigilancia” que realiza el Migob.
Las organizaciones canceladas no tienen derecho apelar la decisión del Parlamento y, en muchos casos, los exdirectivos han denunciado que el Migob estableció trabas para que cumplieran con todos los requisitos que mandatan las leyes, incluyendo la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, señalada por abogados de ser una norma inconstitucional.
Para registrarse como “agente extranjero”, una organización debe obtener una “constancia de registro” de Gobernación, que implica el cumplimiento de requisitos vagos y onerosos.
Varias personas entrevistadas por Human Rights Watch, incluidos miembros de oenegés anuladas, dijeron que las autoridades orteguistas muchas veces no emiten esa constancia por “motivos arbitrarios”.
Algunas señalaron que las autoridades exigían que la documentación se presentara en papel de color en vez de papel blanco. Otras afirmaron que, como condición para la emisión de la constancia, las autoridades las presionaron para que excluyeran o reemplazaran a algunos miembros de su junta directiva que percibían como críticos del Gobierno, según HRW.
