Estados Unidos sanciona a 23 jueces y fiscales orteguistas de Nicaragua

Un total de 23 jueces y fiscales que responden a los intereses del régimen orteguista —actuando contra los nicaragüenses y sus derechos y libertades públicas— fueron sancionados este 15 de julio por el Gobierno de Estados Unidos, junto con un grupo de otros funcionarios de Guatemala, Honduras y El Salvador. Las sanciones incluyen la revocación o prohibición de visa estadounidense y el impedimento de ingreso o admisión en EE. UU. y están basadas en la Ley de Reforzamiento de la Adhesión de Nicaragua a las Condiciones para la Reforma Electoral, conocida como Ley Renacer.

Los diez fiscales sancionados son: Yubelca del Carmen Pérez Alvarado, Perla de los Ángeles Baca, Carlos Rafael Espinoza Castilla, Luis Alberto Mena Gámez, Jorge Luis Arias Jarquín, Martha Ileana Morales Mendoza, María Francis Pérez Mojica, Marling de Jesús Castro Rodríguez, Andrea del Carmen Salas y Auxiliadora del Carmen Sequeira Suazo.

La lista también incluye a los trece jueces: Erick Laguna Averruz, Nadia Tardencilla Rodríguez, Rosa Baca Cardoza, Irma Laguna, Luden Quiroz García, Melvin Vargas García, Ángel Jancarlos Fernández González, Nancy Aguirre Gudiel, William Howard López, Verónica Fiallos Moncada, Félix Salmerón Moreno, Rolando Salvador Sanarrusia Munguia y Ulisa Yahoska Tapia Silva.

¿Quiénes son los diez fiscales orteguistas sancionados?

Pérez Alvarado, Castro Rodríguez, Arias Jarquín y Salas son fiscales del Ministerio Público de Managua. Además: Baca es fiscal jefe del departamento de Chinandega; Espinoza Castilla y Morales Mendoza, son fiscal y directora de Planificación de la sede del Ministerio Público en Managua, respectivamente.

Todos ellos son señalados de socavar los procesos o las instituciones democráticas al ejercer discrecionalidad procesal para presentar cargos falsos con el fin de encarcelar a los opositores al régimen, en el período previo a las votaciones presidenciales de noviembre de 2021, en las que Daniel Ortega se reeligió sin competencia política para un cuarto período presidencial consecutivo. Además, son acusados de ordenar el encarcelamiento de más de sesenta líderes políticos y cívicos, activistas, defensores de derechos humanos, empresarios, campesinos, estudiantes, profesionales independientes, periodistas, entre otros, incluidos siete precandidatos presidenciales.

La lista de fiscales la completan:

• Luis Alberto Mena Gámez, fiscal en Nueva Segovia, quien presentó el caso contra el preso político Douglas Cerros y persiguió cargos espurios, condenas y sentencias severas contra ciudadanos particulares que critican al Gobierno.

El preso político Douglas Alfredo Cerros Lanzas fue enviado a su casa este domingo 3 de julio, después que el sistema de justicia le otorgó el régimen de convivencia familiar. El reo de conciencia fue detenido el pasado 6 de noviembre, en la víspera de las votaciones nacionales en las que Daniel Ortega y Rosario Murillo se aseguraron un mandato más, tras detener a los principales candidatos opositores, líderes cívicos y políticos. Los rumores fueron las únicas pruebas en el juicio por ciberdelitos y “conspiración”, después de que el jefe de la Dirección de Auxilio Judicial de Ocotal, el subcomisionado Bayron Mauricio Maradiaga Rubio, y principal testigo de la Fiscalía aseguró que detuvo a Douglas Cerros Lanzas porque “le contaron” que promovía el “no voto”.

• María Francis Pérez Mojica, fiscal en Nueva Segovia, señalada de dirigir el caso del régimen contra el activista a favor de la democracia y preso político Donald Alvarenga, tras admitir cargos falsos, condenas y sentencias severas contra los opositores a favor de la democracia del régimen.

El preso político Donald Margarito Alvarenga Mendoza fue detenido el 6 de noviembre de 2021 y el 13 de enero de 2022, la jueza orteguista lo condenó por supuestamente incitar “al odio y la violencia”, a través de publicaciones de Facebook y mensajes de WhatsApp. Alvarenga, de 56 años, es excombatiente de la guerrilla del FSLN y exoficial del Ministerio del Interior en los años ochenta. Su condena lo convirtió en el primer opositor nicaragüense condenado bajo la Ley Especial de Ciberdelitos o “Ley Mordaza” y la Ley 1055 o “Ley de Soberanía”, ambas aprobadas a finales de 2020. El chichigalpino fue acusado por los supuestos delitos de “subversión, desobediencia y rebeldía a nivel de conspiración para afectar la integridad nacional”.

• Auxiliadora del Carmen Sequeira Suazo, fiscal en Estelí, quien presentó la causa contra el activista prodemocrático y preso político Alexis Peralta, basada en cargos falsos, condenas y sentencias en su contra.

El preso político Alexis Peralta Espinoza es contador público de Condega, Estelí, y también fue arrestado el 6 de noviembre de 2021. El pasado 9 de febrero, Peralta, de 48 años, fue juzgado y declarado culpable de los supuestos delitos de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional en perjuicio del Estado de Nicaragua y de la sociedad”, y “propagación de noticias falsas a través de las tecnologías de la información  y la comunicación”. Ambos cargos contemplados en las Ley Especial de Ciberdelitos o “Ley Mordaza” y la Ley 1055 o “Ley de Soberanía”, utilizadas por el régimen para criminalizar la libertad de expresión.

¿Quiénes son los trece jueces orteguistas sancionados?

Los detalles de los trece jueces sancionados por Estados Unidos son:

• Erick Ramón Laguna Averruz, señalado de condenar y sentenciar a líderes prodemocráticos por cargos vagos y falsos de "socavar la integridad nacional" en los juicios falsos del activista opositor Alexis Peralta y el agricultor sin afiliación política Santos Camilo Bellorin, un campesino de 56 años condenado a once años de cárcel después de que lo vincularan a perfiles en redes sociales aunque él nunca ha tenido cuentas en Facebook o Twitter.

Lee: La historia de Santos Bellorín, el campesino sin smartphone condenado por ciberdelitos

• Rosa Velia Baca Cardoza, jueza que socavó los procesos o las instituciones democráticas cuando condenó y sentenció a un líder prodemocrático por cargos vagos y falsos de "socavar la integridad nacional" en el juicio simulado del activista opositor Donald Alvarenga.
• Irma Oralya Laguna Cruz, jueza que socavó los procesos o las instituciones democráticas cuando condenó y sentenció a un líder prodemocracia por cargos vagos y falsos de "socavar la integridad nacional" en el juicio falso de la activista de la oposición Evelyn Pinto, defensora de derechos humanos condenada por  “conspiración” y “ciberdelitos”.

Lea más detalles: Declaran culpable a la defensora de derechos humanos Evelyng Pinto

• Melvin Leopoldo Vargas García, juez que socavó los procesos o las instituciones democráticas cuando condenó y sentenció a un líder a favor de la democracia por cargos vagos y falsos de "socavar la integridad nacional" en el juicio simulado de la activista opositora Samantha Jirón, universitaria, activista política, feminista y pintora, quien estuvo exiliada y tras volver a Nicaragua, a sus 21 años, se convirtió en una de las reas de conciencia más jóvenes de la dictadura.

Lee más detalles: La historia de Samantha Jirón, una las presas política más joven del régimen

Además, se incluye en la lista a los jueces:

• Nancy Del Carmen Aguirre Gudiel, quien condenó y sentenció al activista opositor Irving Larios.
• William Irving Howard López, quien condenó y sentenció a la activista opositora Nidia Barbosa.
• Verónica Fiallos Moncada, quien condenó y sentenció al ciudadano independiente Douglas Cerros.
• Rolando Salvador Sanarrusia Munguía, quien condenó y sentenció al activista opositor Yoel Sandino.

Asimismo, están en la lista de jueces sancionados:

• Luden Martín Quiroz García, señalado en el informe de Estados Unidos de socavar procesos o instituciones democráticas cuando condenó y sentenció a líderes prodemocráticos por cargos vagos y falsos de "socavar la integridad nacional" en los juicios falsos de la líder opositora Ana Margarita Vijil, el periodista Miguel Mendoza, el excanciller Mauricio Díaz, la excandidata presidencial Cristiana Chamorro, el opositor Pedro Joaquín Chamorro, los empleados de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH) Pedro Vásquez, Walter Gómez y Marcos Fletes, y la exdiputada a la Asamblea Nacional María Fernanda Flores.

• Ángel Jancarlos Fernández González, incluido porque "socavó los procesos o instituciones democráticos cuando condenó y sentenció a líderes prodemocráticos por cargos vagos y falsos de 'socavar la integridad nacional' en los juicios falsos de líderes del sector privado Luis Rivas, Michael Healy y Álvaro Vargas; la comandante guerrillera, historiadora y expresidenta del opositor Movimiento Renovador Sandinista (ahora Unamos) Dora María Téllez, los líderes opositores José Antonio Peraza y Víctor Hugo Tinoco.

• Félix Ernesto Salmerón Moreno, a quien le señalan por los juicios políticos contra los precandidatos presidenciales Juan Sebastián Chamorro, Félix Maradiaga, Arturo Cruz y Medardo Mairena; los líderes cívicos Pedro Mena, José Pallais, Violeta Granera, Tamara Dávila, José Quintanilla Hernández, Roger Reyes; y el líder empresarial José Adán Aguerri.

• Nadia Camila Tardencilla Rodríguez, señalada por condenar y sentenciar con juicios políticos basados en cargos falsos a los líderes estudiantiles Lesther Alemán y Max Jerez, el excandidato presidencial y cofundador del Canal 100% Noticias, Miguel Mora, el exdiplomático y analista político Edgar Parrales, el gerente general del diario La Prensa Juan Lorenzo Holmann y el experto electoral Harry Chavez.

• Ulisa Yahoska Tapia Silva, incluida por condenar y sentenciar a los activistas Yaser Vado y Yader Parajon, el excanciller Francisco Aguirre Sacasa, la líder opositora Suyen Barahona, el líder campesino Freddy Navas, la abogada y defensora de derechos humanos María Oviedo, el excandidato presidencial Noel Vidaurre y el comentarista político Jaime Arellano.

El argumento legal de las sanciones de Estados Unidos

El documento oficial sobre las sanciones es un informe a los comités del Congreso y el Senado de Estados Unidos sobre "extranjeros que, a sabiendas, han participado en acciones que socavan procesos o instituciones democráticas, corrupción significativa u obstrucción de investigaciones sobre tales actos de corrupción en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua", citando las leyes específicas en que se basan estas sanciones establecidas por el Departamento de Estado.

Entre las razones para las sanciones, el documento menciona:

1. Acciones que socavan los procesos o instituciones democráticos
2. Corrupción significativa
3. Obstrucción de investigaciones sobre tales actos de corrupción, incluidos los siguientes: corrupción relacionada con contratos gubernamentales; soborno y extorsión; la facilitación o transferencia del producto de la corrupción, incluso a través del lavado de dinero; y actos de violencia, acoso o intimidación dirigidos a investigadores de corrupción gubernamentales y no gubernamentales.

El informe también incluye a personas que el secretario de Estado, en seguimiento a las leyes estadounidenses, ha determinado que han participado en las actividades mencionadas con base a "información creíble o denuncias de la conducta en cuestión, de informes de los medios y otras fuentes".

El Gobierno de Estados Unidos, a través del Departamento de Estado, sostiene que "continuará revisando a las personas enumeradas en el informe y considerará todas las herramientas disponibles para disuadir e interrumpir la actividad corrupta y antidemocrática en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua".

Agrega que el Departamento de Estado también sigue "revisando activamente" toda información creíble adicional y denuncias sobre corrupción o actividad antidemocrática y que "utiliza todas las autoridades correspondientes para garantizar que a los funcionarios corruptos o antidemocráticos se les niegue un refugio seguro en los Estados Unidos".