10 de julio 2022
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Paralizado por el miedo y la incertidumbre causada por ver a decenas de policías en el sitio, un testigo de la toma de la Alcaldía del Cuá, municipio de Jinotega, alcanzó a observar cómo desconocidos izaban una bandera del partido de Gobierno en la comuna opositora. Eran las ocho de la mañana de este 4 de julio, y el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo comunicó posteriormente, a trabajadores de la municipalidad, que el alcalde Isidro Irías y su equipo serían reemplazados por concejales sandinistas.
El Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal (Inifom), el órgano interventor del Ejecutivo, nombró como alcalde al concejal del FSLN, Douglas González, a Yadira Gurdián como vicealcaldesa y Gloria Rivera funge desde entonces como la nueva secretaria del Concejo Municipal.
La nutrida presencia policial fue notoria en el pueblo. El operativo inició a las cinco de la mañana, cuando decenas de oficiales antimotines rodearon el lugar, sembrando zozobra entre los habitantes de esta comunidad ubicada al norte del país. “Prácticamente estaba todo militarizado, ellos utilizan las armas para irrespetar la voluntad popular”, sostuvo una fuente de la comunidad.
“En la reunión nos dijeron que teníamos que entender que era una orden de arriba y que la Alcaldía no podía seguir en manos de un alcalde de Ciudadanos por la Libertad (CxL), porque, desde el año pasado, ese partido no tenía personería jurídica”, agregó.
La medida contra los alcaldes opositores fue rechazada de inmediato por la dirigencia del partido al que pertenecían, encabezado por Kitty Monterrey, exiliada desde 2021 tras la decisión de quitarles la personería. Esto ocurrió antes de las votaciones generales en las que Ortega se reeligió sin competencia política, tras la escalada represiva mediante la cual encarceló a más de 60 personas, entre líderes políticos, económicos y sociales.
La apropiación de las alcaldías liberales es cuestionada por el sociólogo y municipalista Silvio Prado, quien días atrás aseguró que se trató de una “confiscación de miles de votos”.
Para Prado, es un zarpazo definitivo al autogobierno municipal. “Sin autonomía política no hay de las municipalidades para decidir cómo se organiza la administración interna ni para gestionar los servicios, y menos para planificar el desarrollo local”, explicó Prado en un artículo de opinión, publicado en CONFIDENCIAL.
Cinco alcaldes destituidos en dos días
El 4 de julio, cuando destituyeron a Irías, la dictadura de Ortega también expulsó al alcalde Noel Moreno, de San Sebastián de Yalí, también en Jinotega; Francisco Herrera, de Murra, en Nueva Segovia, y Reynaldo Galeano, de El Almendro, en Río San Juan.
Usó el mismo método: policías por doquier y reuniones con los empleados locales para comunicar la decisión.
El primer alcalde usurpado por el régimen en este asalto fue Óscar Gadea, de Santa María de Pantasma, en Jinotega, quien el 2 de julio fue depuesto como represalia por una entrevista cedida a CONFIDENCIAL y Esta Semana.
En esa conversación, Gadea alertó sobre la falta de condiciones para elegir nuevas autoridades en noviembre próximo, cuando están programadas votaciones municipales en todo el país, que aún no han sido convocadas.
“Lo más saludable es que ningún partido se prestara a esto (las votaciones). De que todos los partidos dijeran aquí no tenemos condiciones para ir a elecciones por todo lo que se ha venido violentando de la ley electoral”, opinó.
La decisión estatal tampoco tomó por sorpresa a los alcaldes de CxL. En agosto de 2021, la presidenta de Inifom, Giomar Irías, les había advertido que “ahora no tenían partido”.
El asalto del FSLN y el Ejecutivo también fue denunciado por el organismo Urnas Abiertas, que coincide en que son acciones de castigo en contra de zonas donde predomina el voto antisandinista, además de una violación contra la voluntad popular y el derecho de elegir y ser electo.
Según el testigo de la remoción del alcalde Irías, en El Cuá, la destitución fue “un acto de cobardía. Hubieran dejado terminar el período municipal (a las autoridades), la verdad que quedaron mal tanto ante el pueblo democrático como el que no lo es. Hay muchos sandinistas que no están de acuerdo”, expresó.
El control total del FSLN en el poder municipal
Con las alcaldías usurpadas por órdenes de la dictadura, el FSLN controla ahora 141 de 153 municipalidades, es decir más del 90% de las existentes en toda Nicaragua.
Para lograrlo, el FSLN se ha valido de fraudes electorales denunciados desde 2008 por la oposición y de la instrumentalización de instituciones como el Poder Judicial, tal como se evidencia en las actuaciones contra los alcaldes.
El efecto inmediato en estas comunidades parece ahora el del silencio de los protagonistas. CONFIDENCIAL intentó ubicarlos, pero fue imposible. El alcalde Isidro Irías tiene desconectado su celular y trabajadores de la Alcaldía confirmaron que está ilocalizable para ellos desde el mismo 4 de julio.
También se intentó conversar sobre el tema con la vicealcaldesa de El Cuá, Oneyda Rodríguez Mairena, pero tampoco respondió a las llamadas.
Se buscó localizar a los otros alcaldes afectados por la medida de Ortega. Solamente Reynaldo Galeano, de la comuna de El Almendro, expresó que no haría comentarios al respecto. “Por ahora no voy a dar entrevistas, por seguridad”, argumentó.
El alcalde Oscar Gadea, de Pantasma, afirmó el domingo 3 de julio que “si ellos (las autoridades del Estado) nos han notificado que teníamos que entregar (la Alcaldía), nosotros pacíficamente hubiéramos entregado. No había necesidad de antimotines”.
El alcalde Francisco Herrera, de Murra, aseguró, por su parte en ese momento, que ni siquiera salió de su casa el día de su destitución. En su caso, fueron 50 policías quienes llegaron a su vivienda desde las cinco de la mañana para comunicarle la decisión de que debía entregar el poder municipal.
“Yo no salí de mi casa hacia la Alcaldía, pero supe que rodearon el edificio, ingresaron y esperaron la llegada del personal, que entra a las ocho de la mañana, para que ellos les entregaran todo”, relató.
Exalcaldesa de Wiwilí condena ataque a poder local
Desde Estados Unidos, donde se encuentra exiliada, la alcaldesa de Wiwilí, Reyna Hernández, cuya municipalidad fue tomada en octubre de 2020 por concejales del FSLN, rechazó las nuevas destituciones.
Para ella, el tema de fondo es el irrespeto a la población de sus municipios. “No respetan el voto de la gente, ¡para eso se hacen elecciones! Si no fuera así, ¿para qué hacerlas? Se supone que si hacen votaciones es porque el pueblo elige las autoridades y se deben respetar esos cinco años (de período municipal)”, sostuvo Hernández, quien fue electa en la casilla del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), que controla otras diez alcaldías en el país.
La alcaldesa recordó que en su caso hubo un patrón de violencia desde el mismo día de su triunfo electoral en 2017, cuando atacaron la casa de campaña de su partido. En los primeros años de su gestión fueron asesinados, además, tres de sus más cercanos colaboradores.
En 2018, cuando asumió la municipalidad, las autoridades salientes del FSLN no querían entregarle el poder. Hernández agregó que ni siquiera le dieron la banda, le dejaron las oficinas vacías llevándose todas las computadoras y también una deuda por dos millones de córdobas.
Igual debieron enfrentar el recorte presupuestario que el Ejecutivo hace a las municipalidades opositoras para dejarlos sin recursos a través de las transferencias municipales. Ella recuerda que, en la primera de ellas, se cobraron los dos millones de la deuda de su antecesor y así “(buscaban) echarnos encima al pueblo”.
“Desde la campaña decían que no nos dejarían gobernar. Solo me dejaron tres años”, recuerda esta exfuncionaria, comerciante de profesión.
El final de su gestión llegó luego de una demanda de 16.5 millones de córdobas, interpuesta por 36 extrabajadores de la Alcaldía. Ellos se basaron en un convenio colectivo, dejado por la administración anterior, que sirvió para procesarla.
Hernández aceptó ante el medio digital Despacho 505 que lo que realmente les correspondía a esos exempleados eran dos millones de córdobas, pero la cifra final la impusieron el Ministerio del Trabajo y los Juzgados.
Por esa acusación, Hernández fue a los tribunales, le emitieron orden de captura y se escondió por un mes. Finalmente se presentó y solo la inhibieron de participar en cargos públicos durante dos años. Lo que vino después, fue un proceso de sustitución de las autoridades y no asumió el vicealcalde como debió ser, según la ley.
La Policía también entró en la municipalidad, destruyendo los portones. Hernández afirma que, a pesar de estar inhibida y no encontrarse en el edificio, la mantenían bajo vigilancia en el pueblo. Entonces agarró sus bártulos y salió del país por Honduras, para resguardarse. “Nosotros los alcaldes hemos sido golpeados”, agrega desde el exilio.
Exalcalde de Mulukukú lamenta “ambición desmedida”
El exalcalde de Mulukukú, Apolonio Fargas Gómez, quien renunció a su cargo en 2019 y se exilió tras la persecución del Estado para estar seguro, lamentó la ambición de la dictadura por lograr un mayor control de todas las localidades.
La persecución de ahora le recordó su propia odisea. Fargas fue procesado por el régimen en el contexto de las protestas opositoras de 2018, reprimidas brutalmente por el Estado. Lo encarcelaron durante 11 meses.
En una nota de prensa, la Policía lo acusó de ser “cabecilla de un grupo terrorista”, al que señalan de ser responsable del asesinato de cuatro oficiales en la comarca Pueblo Nuevo de su municipio, el 11 de junio de 2018, durante el estallido social de ese año en contra del régimen orteguista.
Fargas sostiene que el sistema de justicia lo procesó por no pensar como la dictadura y reconoce que salió por una ley de “amnistía que se aplicó a delitos que nunca cometí”.
Actualmente, Fargas se gana la vida en una empresa de empaques en Estados Unidos, desde donde lamenta la situación del país. “No es fácil dejar mi patria, uno piensa en volver a su querida Nicaragua”, dice.
El exalcalde expresa que este tipo de actuaciones del régimen Ortega-Murillo busca sembrar zozobra en la población para evitar que los ciudadanos se animen a participar en procesos electorales. También considera que Ortega busca entronizarse más tiempo en el poder.
El último día de Fargas en la Alcaldía fue el 9 de agosto de 2019. El 16 se marchó del país. Las alcaldías tomadas por Inifom, asegura, tienen un pasado histórico de lucha contra el sandinismo, activo desde los años ochenta.
