Carlos Gutiérrez*
8 de julio 2022
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Una de las amenazas de campaña del ahora expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, se hizo realidad. En 2016, durante un debate televisado con su contrincante, Hillary Clinton, dijo que tenía planes de anular el fallo del caso Roe vs. Wade de 1973, que despenalizó el aborto en aquel país. Para cumplir su promesa, nominó a tres jueces para que sumaran un frente conservador en la Corte Suprema y efectivamente, el 24 de junio anularon el derecho constitucional a la interrupción del embarazo.
Trump en 2016 frente a Hillary: “Nombraré a dos o quizás 3 jueces que defiendan la vida para tumbar Roe V Wade”. Un estadista. ¡Gigante! 🇺🇸 pic.twitter.com/XYxfX49szl
— Bryan Albariño (@BryanAlbarino) June 26, 2022
Grupos conservadores tuvieron por años en la mira revocar la sentencia del caso Roe vs. Wade. Por ejemplo, la U.S. Conference of Catholic Bishops (la Conferencia Episcopal de Estados Unidos), en un comunicado de 2018, describía ese fallo como el producto de “una sociedad cada vez más embrutecida por la tolerancia y la aceptación de actos que destruyen deliberadamente la vida humana”. Además, la consideraba “una mala ley, mala medicina y mala política social” que ha dejado “muerte, dolor y confusión”, debido a que “muchas mujeres han sido mutiladas o asesinadas por aborto legal, y los abortistas han sido protegidos del escrutinio legal de los tribunales que aplican Roe”.
Las reacciones ante la decisión de la Suprema Corte no se hicieron esperar. Michelle Bachelet, alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, expresó que le ha dado “un duro golpe para las garantías fundamentales de las mujeres y la igualdad de género”. Por su parte el presidente Joe Biden escribió en su cuenta de Twitter que esta decisión “cambiará las vidas e impactará en la salud de millones de mujeres”.
Y el asunto tiene más implicaciones inquietantes. En un texto publicado por Amnistía Internacional, Tarah Demant, directora internacional interina de programas, incidencia y asuntos gubernamentales de esa organización para Estados Unidos, señala que la decisión de la Corte Suprema es “resultado de varias décadas de una campaña dirigida a controlar los cuerpos de mujeres, niñas y demás personas susceptibles de quedarse embarazadas, y prepara el terreno para la adopción de una legislación estatal sin precedentes para penalizar el aborto, así como otros proyectos de ley dirigidos a despojar de sus derechos humanos a la población de Estados Unidos”. Algunos de estos afectarían el control de la natalidad, el matrimonio igualitario y las legislaciones contra la discriminación.
El dilema que implica este nuevo fallo va más allá de penalizar la detención voluntaria del embarazo, ya que efectivamente pone en riesgo derechos que no están reconocidos de manera expresa en la Constitución de Estados Unidos. Esto significaría que para la Corte Suprema únicamente podrían valer los derechos plasmados expresamente en la Carta Política, que data del siglo XVIII, en un contexto muy distinto, como confirma Cristina Rosero, abogada del Centro de Derechos Reproductivos, en Colombia, e integrante del movimiento Causa Justa por el Aborto.
Por su parte, Gonzalo Rubio Schweizer, encargado nacional del Programa de la Mujer del Ministerio de Salud en Chile, señala a Connectas que la decisión que derogó Roe vs. Wade “va en contra de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, en relación a despenalizar el aborto, porque la persecución penal no evita los abortos, sino que sólo los hace inseguros”.
El secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, estableció que la determinación del Supremo federal #RoevWade no derogó el estado de derecho vigente en Puerto Rico y el Departamento de Justicia NO procesará a mujeres y profesionales de la salud por abortar. pic.twitter.com/01be3gvscm
— Adriana De Jesús Salamán (@adrianadesala) June 26, 2022
Rosero también señala que, debido a esta decisión, van a surgir acciones contra muchas mujeres en Estados Unidos, principalmente migrantes, pobres o quienes enfrentan diferentes tipos de discriminación, como la racial. Sin embargo, lo más preocupante, dice, es que no será fácil revertir el fallo, debido a que los jueces de la Corte Suprema van a permanecer ahí durante muchos años porque esos cargos son vitalicios, por lo que será “difícil tener un cambio pronto que permita un mayor equilibrio”.
Por otro lado, la decisión de la Corte Suprema también significa un apoyo simbólico a organizaciones o actores sociales y políticos muy conservadores “que están cuestionando los avances en materia de derechos de las mujeres y de las disidencias sexuales”. Lo explica Carmen Díaz Alba, doctora en Ciencias Sociales y académica del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores (ITESO), de México, en conversación con la plataforma periodística latinoamericana Connectas.
Ello podría tener un efecto expansivo en países de América Latina, donde estos grupos tienen una presencia muy importante. La razón, puntualiza Rubio Schweizer, es que Latinoamérica se encuentra altamente determinada por Estados Unidos, ya que “nosotros somos parte de su esfera o su círculo; por lo tanto, naturalmente va a tener una influencia no muy buena en la región”.
En un artículo académico titulado “La restauración conservadora en América Latina”, Carlos Otto Vázquez, investigador de la Universidad Autónoma de Zacatecas, habla de la instauración en el continente de un neoconservadurismo que tuvo una de sus principales expresiones precisamente en Donald Trump. Señala el racismo, la xenofobia, el machismo, el autoritarismo, el clasismo, la homofobia, el no reconocimiento del otro y el rechazo a lo diferente como principales valores y prácticas de este movimiento. Según él, esto “abre cauces a lo que ha sido calificado como una especie de fascismo social”.
Vázquez aclara que este fenómeno no es exclusivo de América, ya que en Europa se ha visto el ascenso de grupos y sectores de derecha y extrema derecha, que, incluso, han llegado a ocupar instancias de poder y de representación política. Algunos de los países donde se encuentran presentes estos movimientos son Francia, Italia, Hungría, Polonia, Alemania, Austria y Suiza.
El parlamento de 🇵🇱 Polonia rechazó el pasado jueves un proyecto de ley para legalizar el #aborto hasta las 12 semanas. Otra victoria Pro-Vida en la misma semana. pic.twitter.com/jso91gqlLN
— Observatorio de la Dignidad (@DignidadOk) June 26, 2022
De acuerdo con este investigador mexicano, en América Latina dicho conservadurismo “continúa extendiendo y profundizando su operación (...) en lo económico, político, social, narrativo, cultural y simbólico”. En esta región, Vázquez lo encuentra presente en Argentina, Colombia, Perú, Ecuador, Chile, Paraguay, Panamá, Guatemala, El Salvador, Honduras y Costa Rica, entre otros países.
Bajo la influencia de este movimiento neoconservador, en los últimos años se ha emprendido una campaña para incidir en proyectos “orientados a ocupar el Estado”, según analizan José Manuel Morán y María Angélica Peñas, investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina. Ellos ponen como ejemplo el caso de Brasil, donde el presidente, Jair Bolsonaro, cambió el nombre del Ministerio de las Mujeres y los Derechos Humanos, por el de Ministerio de la Mujer, Familia y Derechos Humanos. Detrás de este giro, aparentemente sutil, estaba toda una doctrina acerca de la familia tradicional, única admisible desde ese momento en el país. Y además, como dicen los investigadores, “el giro en este caso no fue solo nominativo. Para dirigir a este Ministerio nombró a la pastora evangélica Damares Alves, actora clave en la promoción del discurso de la ‘ideología de género’ y férrea opositora al aborto en todos los casos”.
🗣️ «¡Es inadmisible hablar de quitarle la vida a este ser indefenso!», escribió Bolsonaro en su cuenta de Twitter. https://t.co/FjWOISGvnk
— The Clinic (@thecliniccl) June 25, 2022
En este intenso movimiento neoconservador, Morán y Peñas también encuentran en la región la presencia de un “fuerte carácter católico” al que se han sumado otras iglesias, como las evangélicas. Para ellos, “el avance transnacional de los derechos de las mujeres y personas LGBTTI+ es uno de los factores que ha incidido con más fuerza en la reacción de sectores religiosos conservadores” que también presentan un “marcado carácter transnacional”. Previenen, no obstante, que el cristianismo evangélico tiene un papel preponderante que “ha transformado al activismo neoconservador y ha desairado la originaria hegemonía católica”.
En el texto titulado “Una mirada regional de las articulaciones neoconservadoras”, ambos académicos confirman que en Latinoamérica hay un avance de sectores contrarios a los derechos sexuales y reproductivos que han cerrado filas en torno a una “agenda común”. Entre estos enumeran iglesias, partidos políticos, ONG y centros de estudio, los cuales reaccionan fuertemente contra las propuestas feministas y de los colectivos LGBTTIQ+.
Ahora, si bien es cierto que varios gobiernos en América Latina han experimentado un cambio de gobierno hacia la izquierda, ello no garantiza la permanencia de los derechos que grupos vulnerables han venido conquistando en los últimos años. Como explica Carmen Díaz, no todos los Estados de izquierda en el continente son progresistas: “Hay izquierdas bastante conservadoras en términos de derechos de las mujeres o derechos de las disidencias sexuales”. Sin embargo, reconoce que en países como México, Argentina y Colombia es difícil que se pueda dar un retroceso inmediato.
La #MareaVerde se une al pañuelazo frente a la Embajada de Estados Unidos 🇺🇸 en México para dejar claro que el acceso a aborto seguro es un derecho humano 💚✊🏽 #RoeVWade #AbortoLegal pic.twitter.com/hlgHhPjL7V
— MareaVerdeMx (@MxMareaVerde) June 29, 2022
Así, la revocación de Roe vs. Wade “es un recordatorio de que en todo el mundo los derechos pueden ponerse en duda en cualquier momento y pueden estar en riesgo de retroceso en un régimen conservador. Lo que acaba de ocurrir en Estados Unidos es un ejemplo clarísimo”, dice Cristina Rosero.
Lo anterior implica que nadie debe confiarse: el futuro de derechos ganados para las mujeres y para la comunidad LGBTTIQ+, entre otros, sigue dependiendo de los gobiernos de turno en América Latina. El peligro es mayor cuando en estos países aparecen proyectos políticos que usan como bandera la supuesta defensa de la moral. “La retórica moralizante –subrayan Morán y Peña– se reconfigura en las crisis institucionales, con fuertes énfasis en los discursos centrados en la corrupción y la incapacidad de los partidos tradicionales para representar a las mayorías, entre otros asuntos”.
¿Qué deben hacer los gobiernos latinoamericanos para defender las leyes que despenalizan el aborto o favorecen los matrimonios igualitarios, entre otros derechos? Vázquez sugiere “constituir redes de resistencia” que permitan “dinamizar el proceso de cambio social en sus más distintos ámbitos: por el respeto y equidad de género y contra el patriarcado; por la inclusión y el reconocimiento de las minorías sexuales”, entre otros puntos, en los que destaca “el cumplimiento de los derechos humanos y las libertades.
Por su parte, Cristina Rosero y Carmen Díaz coinciden en que los grupos activistas deben seguir luchando para que los países eleven estos derechos a normas constitucionales. Además, Díaz recomienda que los gobiernos generen políticas que contribuyan a crear “una conciencia colectiva sobre los Derechos Humanos, sobre la dignidad humana, sobre la justicia y sobre el derecho al aborto como un tema de salud y de justicia y no como un tema de moral”.
Cada semana, la plataforma latinoamericana de periodismo Connectas publica análisis sobre hechos de coyuntura de las Américas. Si le interesa leer más información como esta puede ingresar a este enlace.
* Miembro de la mesa editorial de CONNECTAS
**Este texto se publicó en Connectas con el título original: La irrupción conservadora: ¿seguiremos el ejemplo?
