5 de julio 2022
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El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo completó este lunes 4 de julio el asalto contra las cinco alcaldías opositoras, encabezadas por alcaldes electos por el voto popular en las elecciones de 2017, que fueron candidatos del partido Ciudadanos por la Libertad (CxL).
Docenas de agentes de la Policía, acompañados por paramilitares, concejales del Frente Sandinista y delegados del Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal (Inifom), se tomaron con la fuerza de las armas las municipalidades de San Sebastián de Yalí y El Cuá, en Jinotega; Murra, en Nueva Segovia; y El Almendro, en Río San Juan. Dos días antes, el 2 de julio, la Alcaldía de Santa María de Pantasma, en Jinotega, también fue despojada.
El alcalde opositor, Francisco Herrera, edil depuesto en Murra, relató en entrevista con CONFIDENCIAL, que unos cincuenta policías llegaron a eso de las 5:00 a. m. a su vivienda, le solicitaron las llaves de los vehículos y del edificio de la municipalidad y “procedieron a tomarse la alcaldía”.
“Yo no salí de mi casa hacia la alcaldía pero supe que rodearon el edificio, ingresaron y esperaron la llegada del personal, que entra a las ocho de la mañana, para que ellos les entregaran todo”, detalló Herrera.
Además, señaló que los agentes de la Policía justificaron la toma de la comuna, argumentando que “no teníamos partido político y que la alcaldía debía ser representada por uno”.
El alcalde de Santa María de Pantasma, Óscar Gadea, también refirió el pasado 3 de julio que el Inifom justificó el despojo de esa municipalidad y su destitución alegando que CxL, agrupación política que representó en las elecciones municipales de 2017, “no tiene personería jurídica”.
El partido CxL fue ilegalizado por el Consejo Supremo Electoral (CSE) en agosto de 2021, previo a las elecciones generales en las que el régimen Ortega-Murillo se reeligió sin competencia política para un cuarto período consecutivo. En ese mismo mes, el Inifom citó con urgencia a los alcaldes Óscar Gadea, de Santa María de Pantasma; Isidro Irías, de El Cuá, y Noel Moreno, de San Sebastián de Yalí, para “advertirles” que tuvieran “cuidado”, ahora que ya no tenían partido.
“La ocupación policial de los locales y la destitución ilegal de los alcaldes electos bajo la bandera de Ciudadanos por la Libertad es un gravísimo ataque contra la voluntad popular y la autonomía municipal”, declaró al diario español El País, Kitty Monterrey, presidenta de CxL exiliada en Costa Rica.
Monterrey insistió que los alcaldes y concejales "electos legítimamente en 2017 en la casilla de CxL no son funcionarios de un partido, son autoridades municipales electas por sus ciudadanos y así lo han demostrado durante su gestión”.
Alcaldías asaltadas quedan a cargo de concejales sandinistas
Herrera afirmó que el nuevo alcalde y vicealcalde impuestos en la Alcaldía de Murra son los concejales del Frente Sandinista, Melba Valladares Colindres y Luis Arturo Averruz, respectivamente.
El edil mencionó que, aunque no asistió a la alcaldía, conoció que un delegado de Inifom, al que identificó como Gustavo Álvarez, participó de la toma de la comuna, según lo que le informaron algunos de los trabajadores que se presentaron al edificio de la municipalidad para “entregar todo lo que tenían a su cargo”.
La organización ciudadana Urnas Abiertas detalló, a través de un informe divulgado este lunes, que las nuevas autoridades impuestas en la Alcaldía de Santa María de Pantasma están encabezadas por los concejales sandinistas Carmen Medina Obando y Melvin Zelaya, como alcaldesa y vicealcalde, respectivamente.
En la comuna de San Sebastián de Yalí, refiere el documento, fueron impuestos como alcalde Mario Zamora Hernández y de vicealcaldesa Francisca Blandón Zamora. En El Cuá quedaron Douglas González y Yadira Gurdián, alcalde y vice alcaldesa, respectivamente.
En El Almendro, Río San Juan, la organización solo confirmó que en el cargo de alcaldesa fue impuesta la concejal sandinista Miriam Argüello Martínez.
El despojo en las comunas de Yalí, El Cuá y El Almendro
Urnas Abiertas refirió que el despojo en las alcaldías de San Sebastián de Yalí, El Cuá y El Almendro también fue ejecutado por efectivos de la Policía y operadores políticos del Frente Sandinista.
En Yalí, detalla el informe, la toma de la alcaldía ocurrió a eso de las 6:00 a. m. cuando policías rodearon el edificio, rompieron candados y puertas y no permitieron el ingreso de trabajadores de la comuna.
En todas las alcaldías tomadas colocaron banderas del FSLN. Foto: Cortesía
CONFIDENCIAL intentó comunicarse con el alcalde de San Sebastián de Yalí, Noel Moreno, pero este indicó que en esos momentos no podía dar entrevistas porque "la Policía estaba tomando la alcaldía".
En la Alcaldía de El Cuá el asedio policial inició desde el 2 de julio pasado. Urnas Abiertas reportó que trabajadores de esa municipalidad denunciaron “amenazas de procesos de judicialización relacionados a corrupción en la gestión del municipio”.
La toma de la comuna en El Cuá se concretó la mañana de este lunes 4 de julio, luego que la Policía “rodeó el perímetro” y obligó a “trabajadores a asistir a una reunión con las nuevas autoridades”.
“Se tuvo información que hay dos trabajadores municipales entregando toda la información para evitar mayores manifestaciones de violencia”, indicó la organización ciudadana.
Además, mencionó que no tenían información sobre la situación del alcalde, Isidro Irías, ni de la vicealcaldesa Oneyda Rodríguez Mairena.
CONFIDENCIAL intentó conversar con el alcalde Irías pero este no respondió ninguna de las llamadas telefónicas. La vicealcaldesa Rodríguez solo contestó una de las comunicaciones indicando que en esos momentos no podía responder.
En El Almendro el despojo ocurrió a eso de las 5:00 a. m. y fue ejecutado por un fuerte contingente policial que llegó a bordo de seis camionetas, refirió la vicealcaldesa Lílliam Martínez en entrevista con CONFIDENCIAL.
Afirmó que, aunque no estuvo durante la toma, trabajadores le informaron que la comuna fue rodeada y policías les permitieron el ingreso para que “entregaran todo” y que a “varios se les pidió la carta de renuncia”.
Urnas Abiertas señaló que el despojo en El Almendro fue liderado por Jhonny Francisco Gutiérrez Novoa, alcalde sandinista de San Carlos, en Río San Juan, por el comisionado mayor Dennis Castro, jefe de la delegación departamental de Río San Juan, y secretarios políticos del Frente Sandinista.
También indicó que en todas las municipalidades tomadas fue izada la bandera del Frente Sandinista y que trabajadores de algunas de esas alcaldías denunciaron asedio en sus viviendas.
La organización ciudadana resaltó que estas tomas son “ilegales e incurren en violaciones e ilegalidades constitucionales, penales y municipales”, entre estas: proceso administrativo ilegal, arbitrario y sin garantías procesales; y abuso de autoridad.
Destituciones y tomas de alcaldías
Urnas Abiertas recordó que la persecución contra las alcaldías opositoras data desde 2018, cuando en el municipio de Mulukukú, en el Caribe Norte, el alcalde opositor Apolonio Fargas fue detenido y encarcelado durante diez meses arbitrariamente.
El 27 de octubre de 2020, el régimen también ordenó tomar por la fuerza la Alcaldía de Wiwilí, en Jinotega, luego que abrió un proceso judicial administrativo a la alcaldesa Reyna Hernández, que actualmente se encuentra en el exilio.
En esa ocasión, la ahora exalcaldesa Hernández denunció la participación de la Policía y autoridades del Inifom en la toma de la comuna.
Las destituciones de funcionarios opositores electos en las urnas han sido una práctica desde que el régimen Ortega-Murillo volvió al poder. En 2016, 28 diputados de la Bancada Alianza Partido Liberal Independiente (Bapli); 16 propietarios y 12 suplentes, fueron removidos de sus cargos luego de una petición de Pedro Reyes Vallejos, que en ese entonces se convirtió en el nuevo presidente y representante legal de ese partido.
El despojo masivo de ese entonces fue señalado por expertos en Derecho como una ruptura al “orden constitucional y al sistema democrático en Nicaragua”. Además, resaltaron que la medida del CSE tenía “detrás un claro interés político de afectar a la oposición”.
