1 de julio 2022
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El poblado de Santa María de Pantasma, elevado a municipio en 1989, nunca ha sido gobernado por un alcalde del Frente Sandinista. Una particularidad que destaca el alcalde de esa localidad, Oscar Gadea Tinoco, quien teme un cambio en la Administración. “Sería feo venir (a la Alcaldía) y ver banderas rojinegras, donde nunca las hemos visto puestas”, advierte.
El temor del alcalde del Ciudadanos por la Libertad (CxL) se basa en dos razones: la imposibilidad de competir por un período más, ante la cancelación de la personería jurídica de CxL, en agosto de 2021; y la certeza de que los restantes partidos son “colaboracionistas” del FSLN.
“La situación que tenemos como alcaldes es más difícil que nunca. Estamos sin partido político, y los partidos que supuestamente van a participar, si hay elecciones, son ‘zancudos’ o afines al Gobierno”, alerta Gadea en una entrevista con CONFIDENCIAL y Esta Semana.
Para el próximo 6 de noviembre está previsto que se celebren elecciones municipales en Nicaragua, según los períodos que establecen la Constitución Política y la Ley Electoral vigente; sin embargo, el Consejo Supremo Electoral (CSE) todavía no ha convocado oficialmente a los comicios.
“La situación de Santa María de Pantasma es peculiar y difícil como alcalde, porque es un municipio que nunca ha estado en manos del Frente Sandinista, y hay una presión enorme de la población para que esta alcaldía no se entregue, sino que hay que luchar por mantener vigente la democracia en este municipio”, comenta.
Oscar Gadea Tinoco, alcalde de CxL en Santa María de Pantasma, conversa con un poblador del municipio. // Foto: Confidencial
Gadea ha sido alcalde de Santa María de Pantasma en tres períodos distintos, y con tres partidos diferentes, todos liberales. En 2004 ganó con el Partido Liberal Constitucionalista (PLC); en 2012 con el Partido Liberal Independiente (PLI); y en 2017 con CxL.
“No hay condiciones”
“Lo más saludable para el país es que ningún partido se prestara a esto (comicios municipales). Que todos los partidos dijeran: ‘aquí no tenemos condiciones para ir a elecciones’, por todo lo que se ha venido violentando a la Ley Electoral. Sería lo más lógico”, asegura el alcalde.
En los últimos procesos electorales el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha ajustado la Ley Electoral a su medida. La última reforma —consultada únicamente con la magistrada Brenda Rocha, presidenta del Poder Electoral, y representantes de los partidos colaboracionistas— ocurrió el pasado 5 de mayo, y en ella se estableció un proceso electoral exprés.
De acuerdo a las reformas, los partidos políticos solo tendrán cinco días para presentar sus ternas para los Consejos Electorales Departamentales o Municipales y la cantidad de Juntas Receptoras de Votos (JRV) será menor a las 13 459 que funcionaron en las votaciones generales de 2021, en las que Ortega anuló la competencia electoral para garantizar su cuarto período presidencial consecutivo, calificado de “ilegítimo”.
También se redujo de 42 a 20 días el período de campaña electoral, en caso de votaciones municipales, y 30 días para elecciones presidenciales. Según la Comisión Especial de Carácter Constitucional —creada para consultar la reforma electoral— este cambio obedece a una “simplificación de los plazos”, ya que es una medida “coherente con la preservación del medioambiente en tanto implica menor uso de propaganda física que genera gran cantidad de residuos”.
La reforma, además, amplió el número de electores por cada JRV, al pasar de 400 a 600 votantes. Tal situación fue justificada por los diputados porque supuestamente “permitirá al Estado de Nicaragua y a los partidos políticos reducir los costos de operación y organización durante los procesos electorales en general”.
Para el sociólogo y politólogo Silvio Prado, especializado en municipalismo, la posición del orteguismo es la de “una dictadura que no está dispuesta a rifar el poder” y que busca “disminuir, al máximo, cualquier incertidumbre que se derive de las elecciones”.
“El retraso (en la convocatoria de las elecciones) le da al Frente Sandinista toda la seguridad de ser el único partido que puede competir con todas las garantías posibles de presentar candidatos, alianzas, plataformas, y de hacer una campaña electoral”, explica.
Expertos y organizaciones electorales han adelantado que en noviembre próximo se reeditará la “farsa electoral de 2021”, cuando el binomio Ortega y Murillo se reeligió para un periodo más, pero antes ajustaron la Ley Electoral a su conveniencia, recrudecieron la persecución contra opositores y eliminaron toda la competencia política, al encarcelar y condenar en el último año —a penas de entre ocho y trece años de cárcel por el delito de “traición a la patria”— a siete aspirantes a la presidencia y más de cuarenta líderes políticos, cívicos, gremiales y profesionales independientes.
“Aquí no están las condiciones para ir a elecciones; los dados están cargados para asignarse todas las alcaldías”, destaca Gadea.
FSLN en cada elección suma alcaldías
Cuando llegó al poder en 2007, el Frente Sandinista gobernaba en 87 alcaldías de Nicaragua, seguido por los liberales del PLC con 57, y muy lejos la Alianza por la República (APRE) con cuatro; el partido indígena regional Yatama con tres; y el Partido Resistencia Nicaragüense (PRN) con una.
En las elecciones municipales de 2008, el FSLN fraguó su primer “fraude electoral”. En el proceso se reportaron robo de urnas, despojos de victorias claras de alcaldes opositores y cambios en los porcentajes de votos de la noche a la mañana, con el respaldo de las fuerzas represivas de la Policía, grupos de choque de la Juventud Sandinista (JS), y paramilitares del régimen.
El orteguismo se adjudicó 105 de las 146 alcaldías en disputa —algunos municipios del Caribe no participaron por estar afectados por el paso del huracán Félix—. El PLC obtuvo 37, y la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN) cuatro.
Para los comicios de 2012, el régimen se apoderó de 134 alcaldías, mientras el Poder Electoral otorgó trece alcaldías al Partido Liberal Independiente (PLI); tres a Yatama; dos al PLC; y una a APRE.
En las votaciones de 2017, el gobernante FSLN se concedió 135 alcaldías y las 18 restantes se distribuyeron entre el PLC (doce), CxL (cinco) y ALN (una). Sin embargo, el 27 de octubre de 2020, concejales del Frente Sandinista —protegidos por la Policía y paramilitares orteguistas— se tomaron la Alcaldía de Wiwilí, Jinotega, que estaba en poder del PLC.
Prado subraya que, a diferencia de las últimas elecciones municipales, el régimen “ha endurecido los obstáculos” para los opositores, y sobre todo “ha impuesto un clima de terror entre la población, para que no se organice y no vote libremente”.
El observatorio ciudadano Urnas Abiertas cuantificó en 81.5% la abstención en las votaciones de 2021, calificadas como “ilegítimas” por Gobiernos de diferentes países de Latinoamérica, la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos (OEA), al no cumplir “garantías mínimas” de transparencia.
Papel de los “opositores”
“En las actuales circunstancias, el Frente Sandinista, que es dueño de todo el sistema electoral del país, puede hacer lo que quiera y nadie se lo impide”, afirma Prado.
Para las próximas municipales, los candidatos del FSLN competirán previsiblemente contra los aspirantes de los únicos partidos autorizados por el régimen, que para los comicios de noviembre pasado no superaban el umbral del 4% de simpatía entre la población nicaragüense, según una encuesta de la firma costarricense CID Gallup, contratada por CONFIDENCIAL.
El PLC registraba un 4%, el PLI un 3%, ALN contaba con un 2%, mientras que Camino Cristiano Nicaragüense (CCN) y APRE registraban un 1%, según la encuesta.
El alcalde Gadea descarta la posibilidad de presentarse a la reelección bajo la bandera de otro partido, aunque revela que dirigentes del PLC y ALN le han ofrecido sus casillas. “Ellos dijeron ‘les queremos apoyar, no venimos a pedir cargo. Lo único que queremos es que la alcaldía no caiga en manos del Frente’. Lo cual es difícil creerles”, valoró.
“De qué te sirve que vos ganés esta alcaldía con cualquier partido, si no tenés la seguridad de que alguien te la va a defender. Así como doña María Haydée Osuna se prestó para quitar la personería de Ciudadanos por la Libertad, ella dice ‘le vamos a dejar (la alcaldía) al Frente, y se acabó toda la lucha de este pueblo”, comenta el alcalde de CxL.
Osuna, presidenta y representante legal del PLC, interpuso ante el Poder Electoral, en agosto de 2021, una denuncia contra CxL por supuestas violaciones a la Ley Electoral, por lo que exigieron la cancelación de la personería jurídica del partido político.
Tres meses antes de la ilegalización de CxL, el CSE ya había cancelado la personería del Partido de Restauración Democrática (PRD). Ambos partidos políticos eran los vehículos electorales que los principales grupos opositores —Coalición Nacional y Alianza Cívica— habían elegido para competir contra el régimen.
En medio de ambas cancelaciones, el régimen anuló también la personería jurídica del Partido Conservador (PC).
Alcaldes de CxL dirigen cinco municipios de los 153 del país. Además de Santa María de Pantasma, están El Cuá, San José de Bocay y San Sebastián de Yalí, todos en Jinotega; El Almendro, en Río San Juan; y Murra, en Nueva Segovia.
Según Gadea, la dirigencia del partido y los alcaldes “están de acuerdo en que no se tiene que participar”.
“Ellos (la dirigencia de CxL) te dicen que hablar con otro partido es ser un colaboracionista o un ‘zancudo’ más. Si vos asumís un reto y tus propios costos políticos de someterte a esto (una reelección), quedás defenestrado del partido”, subraya el regidor de Pantasma.
CONFIDENCIAL intentó, sin éxito, entrevistar a los otros cuatro alcaldes de CxL. Para Gadea este silencio obedece “a todo lo que se ha visto (en el país). Toda persona que levanta la voz está encarcelada o en el exilio, y hay muchos muertos. Ese es el temor de la gente que no habla”.
