28 de junio 2022
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La Dirección de Migración y Extranjería (DGME) de Nicaragua nacionalizó este lunes 27 de junio a dos hijos más de Ebal Jair Díaz Lupian, exsecretario de la Presidencia de Juan Orlando Hernández. El exfuncionario hondureño es cuestionado por corrupción en su país y ha sido protegido por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Según una resolución publicada en el diario La Gaceta, los beneficiados fueron los hermanos A.J.D.R. y J.E.D.R., de 15 y 12 años respectivamente, a quienes otorgaron la nacionalidad por “extensión”, tras el trámite exprés con el que la obtuvieron sus padres y una hermana el pasado 17 de junio.
El comandante de regimiento Pablo Morales Luna, subdirector de la DGME, firma la resolución que, como dato curioso, notifica a los padres de la resolución sobre los menores de edad. En la misma, los identifica como nicaragüenses, mencionando incluso sus números de cédulas de identidad: Ebal Díaz se identifica a través de la número 777-231273-1000G, mientras su esposa Jahel Rivera Pantoja lo hace con la 777-080578-100OB.
Bajo la norma constitucional de Nicaragua que impide la extradición de los nacionales, al entregar las nacionalizaciones, el régimen de Ortega protege a Díaz, a su círculo familiar compuesto por su esposa, su hija Salma Jahdai Díaz Rivera y los dos menores de edad.
Según datos migratorios de Honduras, el exfuncionario hondureño entró a Nicaragua en febrero pasado, cuatro meses antes de que fuera nacionalizado y en el caso de su esposa e hija lo hicieron una semana antes, con lo que se evidenció que no cumplieron los requisitos establecidos en la legislación local para optar a la nacionalidad.
Argumentos del régimen
Por ser centroamericanos, según la ley de Migración de Nicaragua, debieron demostrar una residencia permanente de dos años en el país. En la resolución de Migración, sin embargo, no se especifica la cantidad de años que llevan residiendo en suelo nicaragüense, al que llegaron este año, luego que en enero pasado entregara el poder el Gobierno de Hernández, extraditado posteriormente a Estados Unidos.
Además de Díaz y su entorno familiar, la DGME entregó la nacionalidad al exsecretario privado del expresidente hondureño Hernández, Ricardo Cardona, a su esposa Claudia Mercedes Matute y a su hijo José Ricardo Cardona Matute.
Se trata del último escándalo de la dictadura nicaragüense, señalada en el pasado de proteger a otros altos exfuncionarios centroamericanos, investigados en sus países por actos de corrupción como los expresidentes salvadoreños Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén.
Una investigación reciente de CONFIDENCIAL demostró que la DGME suele ser dócil con los aliados de Ortega en el plano internacional, pero no renueva los pasaportes de opositores y ciudadanos en general, destierra a opositores, lo que ha tenido un costo muy alto para los exiliados a partir de la represión de 2018 como demostró la serie periodística publicada por este medio en mayo pasado.
En días pasados, el canciller de Honduras Eduardo Enrique Reina negó que el gobierno de su país haya tenido que ver con las nacionalizaciones, mientras las voces de académicos cuestionaron las medidas tomadas por Ortega que convirtieron a Nicaragua en un refugio de corruptos sin distingos de ideología.
“Las expectativas de combatir la corrupción se diluyen en Centroamérica, a los obstáculos internos producidos por Estados cooptados por redes de corrupción, se suman los obstáculos externos. Políticos y funcionarios están encontrando en Nicaragua un lugar donde refugiarse”, lamentó entonces la exrectora de la Universidad Nacional de Honduras, Julieta Castellanos.
