28 de junio 2022
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A lo largo de la historia, las poblaciones LGBTIQA+ (lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersexuales, queer, asexuales, no binarios y más) en América Latina han luchado por lograr su reconocimiento político y condiciones de igualdad jurídica-institucional en sociedades que les han discriminado y negado sus derechos.
En el istmo centroamericano, las deudas para con estas poblaciones aún son muchas. Costa Rica, sin embargo, en los últimos cinco años ha destacado de manera positiva. Las luchas y demandas de una sociedad civil organizada han dado frutos y se han traducido en esfuerzos desde el Estado que buscan garantizar mayor bienestar social y la reivindicación de los derechos de la población diversa, no solo costarricense, sino también de la migrante y refugiada que habita en el país.
Un hito jurídico determinante para el avance de estos derechos fue la Opinión Consultiva 24 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, emitida en 2017. A finales de 2018, el entonces presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, firmó cuatro decretos y dos directrices para garantizar a la población LGTBIQA+ igualdad y paridad de derechos, sin discriminación alguna.
Estos son ocho avances derivados de estas acciones jurídicas:
1. El reconocimiento de la identidad de género en el DIMEX (Documento de Identidad Migratorio para Extranjeros) para la población trans. Este avance se decretó en diciembre de 2018 y permite que las personas trans extranjeras puedan tener un cambio de nombre y sexo dentro de su documento de identidad.
2. Estatus migratorio a parejas binacionales. La medida se decretó en diciembre de 2018 y regula el reconocimiento de los derechos migratorios por parte de la Dirección General de Migración y Extranjería derivados de las uniones conformadas por parejas del mismo sexo, ya sea mediante un vínculo matrimonial o de hecho debidamente reconocido en alguna legislación extranjera. Entre los derechos migratorios que se regulan destacan residencias temporales, residencias permanentes, categorías especiales o cualquier otro proceso de regulación migratoria de personas extranjeras que se encuentren en el territorio nacional. Quiere decir que si una persona costarricense tiene un vínculo matrimonial o de hecho, su pareja del mismo sexo tendrá las mismas prerrogativas migratorias que si se tratase de la pareja de un matrimonio o unión heterosexual.
3. Inclusión de la bifobia en el Día de la Homolesbotransfobia. En Costa Rica, en 2008 se estableció a través de un decreto el 17 de mayo como el Día Nacional contra la Homofobia. Luego, en 2012, se amplía a “Día Nacional contra la homofobia, la lesbofobia y la transfobia”.
Para diciembre de 2018 se incluye la bifobia dentro de los diferentes tipos de fobia o discriminación contra la población LGBTIQA+, la cual consiste en la discriminación hacia las personas bisexuales o “bi”, quienes se sienten atraídas romántica y eróticamente por individuos de ambos sexos.
4. Declaratoria de interés público del protocolo de hormonización. Fue el cuarto decreto anunciado en diciembre de 2018, el cual pretende brindar atención integral a las personas trans, con el fin de que utilicen tratamientos prescritos por un especialista, con la seguridad y calidad debida, y así obtengan una vida plena. Para que las personas migrantes trans puedan usarlo, deben estar afiliadas con algún tipo de seguro a la Caja Costarricense de Seguro Social.
5. Acceso a bonos de vivienda para parejas del mismo sexo. La directriz anunciada a finales de 2018 permite que parejas del mismo sexo, ya sea mediante un vínculo matrimonial o de hecho, puedan ser sujetas de bonos de vivienda y programas de crédito del Banco Hipotecario de la Vivienda. Para que las personas extranjeras puedan acceder a los programas deberán estar en condición migratoria regular y cumplir los requisitos bancarios si aplicaran a créditos del Banco Hipotecario de la Vivienda como es tener estabilidad laboral al menos de un año, capacidad de pago y contar con un buen récord crediticio.
6. El matrimonio igualitario fue una realidad para mayo de 2020. Costa Rica se convirtió en el primer país de Centroamérica en aprobarlo, el octavo del continente y el vigésimo octavo del mundo. Minutos después de que el fallo entrara en vigencia, se celebró la primera boda entre personas del mismo sexo.
7. Una reforma al Código Penal que castiga los crímenes de odio en abril de 2022. El cambio establece como crimen de odio “al homicidio calificado que suceda a causa de la nacionalidad, raza, edad, sexo, opinión política, situación migratoria, orientación sexual, identidad o expresión de género, discapacidad o características genéticas”.
8. El avance más reciente fue dado a conocer a partir de junio de este año: las personas extranjeras podrán identificarse en su DIMEX como personas de género no binario, una categoría para aquellas que no necesariamente se identifican con los géneros masculino o femenino.
Retroceso: No habrá comisionado presidencial para población LGBTIQA+
Otro de los avances que la población LGBTIQA+ había logrado en 2018 era la instauración de una figura llamada comisionada para asuntos relacionados con esta población, la que servía como un canal directo entre dicha población y la Casa Presidencial para recepcionar las denuncias y demandas existentes en el país.
Sin embargo, el actual presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, recién descartó el nombramiento de esta figura que era ad honorem (es decir, no devengaba salario). En vez, el mandatario optó por el nombramiento de un comisionado de integración social, cuyo mandato incluirá a otros sectores de la población, como son las personas afrodescendientes, indígenas, personas con discapacidad.
“El hecho de no tener una persona que pueda garantizar el seguimiento de las situaciones de las personas LGBTIQA+ puede representar una erosión en los derechos, pero también se puede visualizar y predecir la falta de interés en la protección a esta población, que requiere de una protección particular y especial por parte del Estado de Costa Rica”, comenta la abogada especialista en derechos humanos y género, Larissa Arroyo Navarrete.
No existe ninguna institución estatal en Costa Rica que esté dirigida a la protección de personas LGBTIQA+ y “algunas instituciones que han hecho algún tipo de defensa para esta población se miran limitadas por falta de recursos, de especialización”, agrega Arroyo.
“Necesitamos un cambio sociocultural”
“Es importante considerar la perspectiva interseccional a la hora de garantizar derechos”, indica Arroyo, “es decir que, a pesar de que existan estos avances, hay dentro de esta población otros condicionantes y necesidades como ser mujer, ser trans, la ruralidad, ser migrante o solicitante de refugio que agravan la situación en cuestión de acceso a los derechos fundamentales o derechos humanos”.
Otro de los escenarios descritos por la abogada es que, a pesar de que Costa Rica cuente con instrumentos que permitan la defensa de estas personas, hay un desconocimiento de los derechos y de los mecanismos para poder acceder a estos derechos. También falta la información o datos que muestren las violaciones de estos derechos para que, a nivel estatal, se tomen acciones concretas al respecto.
“Si bien es cierto, se necesita de un elemento jurídico de protección de las personas LGBTIQA+ también necesitamos un cambio sociocultural”, valora Arroyo, enfatizando en el tema de la discriminación, la intolerancia, la falta de respeto, de educación en derechos humanos.
