24 de junio 2022
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El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) votó por mantener a Nicaragua dentro de su ‘lista gris’, porque se mantienen las “deficiencias significativas” que impiden declarar que el país cumple de manera satisfactoria las 40 recomendaciones del organismo para asegurar que se combate el lavado de activos, así como el financiamiento del terrorismo, y la proliferación de armas de destrucción masiva.
El GAFI fue creado hace 20 años y sus expertos realizan de forma periódica un Informe de Evaluación Mutua (IEM), en el que revisan el estado de las 40 recomendaciones y, basado en su grado de cumplimiento, ubican a los países en una situación de “seguimiento regular”, que se aplica a todos, o una de “seguimiento intensificado”, para aquellas naciones con “deficiencias significativas”, como está en este momento Nicaragua.
Dada su necesidad de mostrarse como un país que cumple con los requerimientos internacionales, el Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo han aprobado varias leyes –algunas consideradas confiscatorias– para acoplar el sistema jurídico nicaragüense con los requisitos del GAFI, pero sus esfuerzos son insuficientes para salir de la “lista gris”, que indica el grado de cumplimiento de cada país y territorio.
La decisión sobre la calificación del país se tomó en el plenario, realizado en Berlín este mes de junio, al considerar que “Nicaragua ha completado sustancialmente su plan de acción, y amerita una visita ‘in situ’ para verificar que la implementación de las reformas… ha comenzado y se mantiene… el compromiso de mantener la implementación y la mejora en el futuro”. La fecha de la visita estará condicionada por la evolución de la pandemia de covid-19.
“Desde afuera se observa que Nicaragua no muestra un marco normativo acorde para evitar la proliferación de actividades como el lavado de activos, y presenta debilidades en la institucionalidad para combatir este flagelo, por lo que el país resulta altamente riesgoso para los inversionistas, quienes temen que los recursos colocados aquí, puedan verse ‘manchados’ por este tipo de actividades delictivas, y eso tiene un ‘efecto expansivo’, que pone en riesgo el resto del capital de ese inversionista”, dijo una fuente experta en la prevención de este tipo de delitos financieros.
Uso de leyes como “arma política”
En los últimos años, el régimen de Ortega ha aprobado un conjunto de leyes con el supuesto objetivo de prevenir y combatir el lavado de dinero. Sin embargo, las mismas han sido utilizadas para conculcar el derecho de asociación con la cancelación de 669 oenegés entre finales de noviembre de 2018 y mediados de junio de 2022, y perseguir y acusar a decenas de los más de 180 presos políticos que continúan en las cárceles de la dictadura o bajo arresto domiciliario.
Entre las últimas leyes, en marzo pasado, la Asamblea Nacional –controlada por el orteguismo– aprobó las reformas y adiciones a la Ley de Notariado y el Código de Comercio para controlar quiénes son los involucrados en toda operación de “compraventa, permuta y donación” de bienes y propiedades en Nicaragua, además de las referidas a la “administración de dinero, administración de cuentas bancarias y creación de personas jurídicas”.
Una abogada que conoce el ordenamiento jurídico emitido en los últimos tres años para criminalizar la disidencia, consideró entonces que “el peligro no es la reforma que se está haciendo, porque su marco normativo se ajusta en parte a los estándares del GAFI”.
“Donde sí veo peligro sustancial, es que este marco normativo, igual que otros que se han creado recientemente, como la misma Ley 977, Ley Contra el Lavado de Activos, se instrumentalice para criminalizar a los clientes, y a los mismos abogados y notarios, involucrándolos en el delito de lavado de activos”, dijo la especialista, e insistió en el peligro de utilizar este combo de leyes como instrumento para “focalizar acciones represivas”.
Un especialista en el sistema financiero, que accedió a explicar el significado de esta decisión del GAFI, pidiendo omitir su nombre, explicó que el sistema evalúa la eficacia en la implementación, no solo los cambios que se hacen en el papel, y anotó que si el régimen usa el sistema contra el lavado de activos como un arma política, o para atacar y destruir la sociedad civil, mostraría que el mismo está distorsionado el sistema, y que eso le resta eficacia.
De la evaluación a realizar los próximos meses, diseñada para medir la eficacia de esos cambios, se decidirá si Nicaragua sale de la lista gris, o no, explicó la fuente, detallando que los evaluadores hablarán “no solo con los organismos de Gobierno, sino también con los ‘sujetos obligados’ (bancos, puestos de bolsa, etc.) para evaluar cómo actuó el sistema con respecto a los sancionados por la OFAC, y si están cortando relación con ellos.
Avances y retrocesos
En la calificación de la entidad financiera internacional, Irán y Corea del Norte siguen encabezando la “lista roja”, mientras Nicaragua integra la “lista gris”, junto a Albania, Barbados, Birmania, Burkina Faso, Camboya, Emiratos Árabes Unidos, Filipinas, Gibraltar, Haití, Islas Caimán, Jamaica, Jordania, Mali, Marruecos, Pakistán, Panamá, Senegal, Siria, Sudán del Sur, Türkiye (Turquía), Uganda, y Yemen.
La novedad es que Malta salió de la “lista gris”, y Gibraltar entró a esa lista.
Desde que Nicaragua solicitó, en julio de 2017, que se evaluara el desempeño del país (medido a través de la aprobación de las leyes necesarias) ha mejorado.
En diciembre de aquel año, seis de las 40 recomendaciones estaban como “no cumplidas”, 31 estaban parcial o mayoritariamente cumplidas, y solo tres gozaban de cumplimiento pleno. Dos años después (en diciembre de 2019), el número de “cumplidas” se había elevado de tres a siete, mientras que las parcial o mayoritariamente cumplidas subieron de 31 a 33, y no quedaba ninguna sin cumplir. Pero eso cambió ligeramente cuando, en diciembre de 2020, mostró que la Recomendación 15, había regresado a la condición de ‘no cumplida’.
La Recomendación 15, hace referencia a las nuevas tecnologías, y señaló como “deficiencias”, el hecho que “algunas instituciones financieras no son alcanzadas por las disposiciones existentes”, y también porque “no existen disposiciones para que el país identifique y evalúe los riesgos… que pudieran surgir con respecto al desarrollo de nuevos productos y nuevas prácticas comerciales, incluyendo nuevos mecanismos de envío, y al uso de nuevas tecnologías o tecnologías en desarrollo para productos nuevos o existentes”.
La respuesta del régimen es que está “trabajando en la elaboración de los instrumentos jurídicos aplicables, a fin de obtener su promulgación”, además de asegurar que cuentan con un borrador de Reglamento de Proveedores de Fintech de Servicios de Pago, que esperan aprobar próximamente, culpando a “la pandemia” por el atraso, pese a en el práctica el régimen aprueba sin contratiempos sus propuestas de ley, y con apenas discusión, gracias a que controla la mayoría del Parlamento.
