18 de junio 2022
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Organizaciones de víctimas, defensores de derechos humanos y miembros de agrupaciones políticas de Nicaragua, coincidieron, en entrevista con CONFIDENCIAL, en que el rol de la sociedad civil nicaragüense será “clave” y “servirá de puente” para que la Comisión de Expertos Independientes, nombrada por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), cumpla con su misión de investigar las violaciones a los derechos humanos ocurridas en Nicaragua entre 2018 y 2022. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha rechazo de forma rotunda la solicitud del grupo para cooperar con su mandato.
Tamara Taraciuk, directora interina para las Américas de Human Rights Watch (HRW), consideró que la negativa del régimen “no sorprende” porque “no está dispuesto a rendir cuentas”, por lo que el rol de la sociedad civil será “clave y va a servir de puente para que los expertos tengan acceso a testimonios e información” que los ayude a documentar las violaciones cometidas contra los nicaragüenses en el contexto de la crisis sociopolítica.
Enfatizó que el Grupo también podrá acceder a “información de primera mano a través de entrevistas con aquellas víctimas de violaciones de derechos humanos que se encuentran en el exilio, entre los más de 100 000 nicaragüenses que se han visto obligados a huir”.
La Comisión de Expertos es presidida por tres especialistas en Derecho Penal: el alemán Jan-Michael Simon; el chileno, Alexandro Álvarez; y la colombiana, Ángela María Buitrago, nombrados el pasado 24 de mayo por el presidente del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Federico Villegas, en cumplimiento de la resolución “Promoción y Protección de los Derechos Humanos en Nicaragua”, aprobada el 31 de marzo.
Carlos Quesada, director de Race and Equality, indicó que dentro del plan de trabajo de dicha Comisión no solo se previó una visita a Nicaragua, sino que también a Costa Rica, Panamá y Estados Unidos, países donde se han exiliado miles de nicaragüenses perseguidos por el régimen.
Añadió que la Oficina del Alto Comisionado para Derechos Humanos de la ONU va a trabajar con este Grupo y también estarían probablemente desplazados en Centroamérica.
“No es la primera vez que un Grupo de Expertos en Derechos Humanos ha recibido una respuesta negativa del régimen, pues sucedió así con el GIEI (Grupo Internacional de Expertos Independientes) y este no fue un impedimento para que se documentaran los crímenes de lesa humanidad ocurridos desde el año 2018”, apuntó Quesada.
Sugieren canal de comunicación
La abogada nicaragüense Wendy Flores, del Colectivo Nicaragua Nunca Más, conformado en el exilio por defensores que se vieron obligados a huir de la persecución del régimen Ortega Murillo, también consideró que fundamental la participación de la sociedad civil y afirmó que la postura del régimen demuestra “la obstaculización que siempre ha impuesto a las víctimas que buscan justicia y el reiterado incumplimiento de sus obligaciones a nivel internacional en materia de derechos humanos”.
Afirmó que como defensores y organizaciones pueden ser “un puente para que las víctimas puedan acercarse al Grupo” e instó a la Comisión a “desarrollar estrategias de comunicación alrededor de la sociedad civil y de las víctimas para continuar el proceso de documentación”.
“Si el Estado pone unos obstáculos, que obviamente van a limitar el papel del Grupo de Expertos, las víctimas existen y están dentro y fuera de Nicaragua y el mandato se puede cumplir”, destacó.
Daysi George, de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), valoró que la postura del régimen demuestra al mundo que Nicaragua es gobernada por “un Estado que se gobierna fuera de la ley, pese a que es signatario de instrumentos jurídicos relativos a los derechos humanos”.
“El rol de la sociedad civil organizada es, pese al despojo de su legalidad, seguir denunciando todas las atrocidades que el régimen vienen cometiendo, sigue sistematizando y actualizando todas las violaciones de los derechos humanos de los Nicaragüenses, y continuar informando a todas las instancias de violaciones, por tanto, el Grupo de Expertos tendrán la información que necesita”, afirmó.
Priorizar participación de las víctimas
El abogado Juan Diego Barberena, del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), apuntó que “hay una limitación en cuanto al reconocimiento físico de los lugares y los sitios donde se han cometido las violaciones a derechos humanos, pero eso no impide que el Grupo de Expertos haga una conclusión sobre el tipo de crímenes se cometieron y a quienes les es imputado esa comisión de esos delitos”.
Agregó que como UNAB, y desde la sociedad civil nicaragüense, apoyarán también para que se llegue a los grupos de víctimas y sean ellos quienes tengan acceso a denunciar lo que les ha ocurrido ante la Comisión.
Jimmy Gómez, encargado de la coordinación del equipo de asuntos internacionales de la Articulación de Movimiento Sociales, consideró una limitante que los expertos no ingresen al país, aunque destacó que “hay otras alternativas para mantener la comunicación sobre lo que pasa en Nicaragua, principalmente tomando en cuenta que las organizaciones en Nicaragua están constantemente informando de lo que pasa en el país”.
Además, recordó que parte de las resoluciones que han aprobado en organismos internacionales, como la ONU, se dan justamente por el esfuerzo de las organizaciones de la sociedad que informan de las violaciones a DD. HH. que ocurren en Nicaragua.
“El camino que va a seguir la sociedad civil, considero, es pasar información directa al Grupo, igual que lo hacía con la Alta Comisionada. Nosotros, como Articulación, también vamos a seguir informando, denunciando, y esa es una tarea que es obviamente necesaria", apuntó.
Víctimas dispuestas denunciar
La excarcelada política Yaritzha Mairena, integrante del la Unión de Presas y Presos Políticos (UPPN), refirió que las visitas a las cárceles del país son fundamentales para verificar “el tema del aislamiento, la tortura que se está sufriendo en el momento y la insalubridad que se vive en los sistemas penitenciarios”.
“Es una realidad que no se puede recopilar desde fuera, no es lo mismo contarlo de una manera desde el pasado, sino que es importante que los organismos tengan la oportunidad de ver en las condiciones que están los presos políticos actualmente”, indicó Mairena.
El régimen mantiene a más de 180 personas encarceladas por motivos políticos en Nicaragua. Familiares de los reos de conciencia y organizaciones de defensores de derechos humanos continúan denunciando los tratos crueles, degradantes e inhumanos de los que estos siguen siendo víctimas.
“Nosotros desde la UPPN tenemos toda una sistematización y testimonios recopilados para cualquier grupo de investigación y para los organismos de derechos humanos. Tenemos documentado lo que hemos pasado los sobrevivientes de torturas, del desplazamiento forzado (...) y tenemos la documentación y la información necesaria para que también se pueda registrar a los perpetradores de estos hechos”, aseguró.
El excarcelado político Hugo Brenes, del Grupo de Reflexión de Excarcelados Políticos (GREX), también destacó la importancia de “buscar un pronto acercamiento” con el Grupo de Expertos, ya que su período para recoger la información es “temporal” y “entre más se tarde el funcionamiento menos tiempo tendrán para recoger la información”.
El Grupo de Expertos de la ONU tiene un año para cumplir su mandato y en ese tiempo deberán formular “recomendaciones con vistas a mejorar la situación de los derechos humanos” en Nicaragua. También, presentará un informe al Consejo de Derechos Humanos durante el 52 período de sesiones, programado entre febrero y marzo de 2023.
