9 de junio 2022
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Una amplia mayoría del Parlamento Europeo aprobó este jueves 9 de junio una resolución sobre Nicaragua, en la que solicitan a la Unión Europea (UE) sancionar a catorce jueces y tres magistrados de Apelaciones. A la par, demandan investigar —a través de la Corte Penal Internacional— al Gobierno y al presidente Daniel Ortega, por crímenes de lesa humanidad.
La resolución fue aprobada por 524 votos a favor, 17 en contra y 29 abstenciones; en la votación participaron 570 de los 705 miembros del PE. En el documento, los eurodiputados reiteraron además su exigencia de activar la cláusula democrática del Acuerdo de Asociación (AdA) entre la UE y Centroamérica, con lo cual se sacaría a Nicaragua del tratado comercial.
Los eurodiputados llamaron “a la Unión Europea a que exija al régimen nicaragüense, en particular a sus jueces, que rindan cuentas por la represión en el país y los procedimientos judiciales incoados contra personalidades de la oposición y otros críticos”, por lo que “pide al Consejo que inicie inmediatamente los procedimientos para incluir a los jueces en la lista de personas sancionadas por la UE”.
Los jueces propuestos para sanciones son: Nadia Camila Tardencilla; Ángel Jeancarlos Fernández González; Ulisa Yaoska Tapia Silva; Rosa Velia Baca Cardoza; Verónica Fiallos Moncada; Luden Martín Quiroz García; Karen Vanesa Chavarría.
Completan la lista: William Irving Howard López; Erick Ramón Laguna Averruz; Melvin Leopoldo Vargas García; Irma Oralia Laguna Cruz y Rolando Sanarrusia; Félix Ernesto Salmerón Moreno; y Nancy Aguirre Gudiel.
A estos catorce jueces se suman los magistrados Octavio Rothschuh Andino; Ángela Dávila Navarrete y Rosa Argentina Solís, todos del Tribunal de Apelaciones de Managua
“Jueces son parte de la represión”
En una entrevista con Carlos Fernando Chamorro en el programa Esta Noche, que se transmitió este miércoles 8 de junio, el eurodiputado Javier Nart comentó que “unos jueces que no conocen de torturas, que no entran en nada y que son fieles genuflexos ante el dictador Daniel Ortega, son parte de la represión. Estos señores son unos obscenos represores y, por lo tanto, tan culpables como el que tortura, o como Daniel Ortega, que es el que les ordena, ellos obedecen”.
Los jueces de la lista han condenado a 55 de 68 presos políticos capturados en la última oleada represiva en el contexto de las votaciones generales de 2021. En su mayoría, líderes cívicos, sociales, políticos, estudiantiles y defensores de derechos humanos, a quienes les impusieron penas de entre siete y trece años de prisión.
Este miércoles, en un debate sobre la propuesta de resolución, la eurodiputada Alicia Homs Ginel, del grupo de los Socialistas y Demócratas, detalló que “los tribunales nicaragüenses se han dedicado a dictar sentencias absolutamente desproporcionadas contra presas y presos políticos, en procesos a todas luces corruptos y que ofrecían nulas garantías de transparencia a las personas acusadas”.
El eurodiputado Leopoldo López Gil, del Partido Popular Europeo, señaló que “los jueces y fiscales, sumisos a los Ortega Murillo, han vulnerado sistemáticamente las garantías procesales, convirtiéndose en cómplices de la dictadura y violadores de los derechos humanos”.
“Pedimos que se incluyan sus nombres en la lista de los sancionados por la Unión Europea, se lo merecen las víctimas de ese régimen”, sentenció López.
Para que el bloque europeo imponga sanciones, primero el alto representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, debe presentar una propuesta, que es analizada en diferentes instancias de cada país miembro y del Consejo Europeo; y luego se pasa a votación de los ministros, que debe ser unánime. La decisión entra en vigor cuando se publica en el Diario Oficial de la Unión Europea.
La UE ha sancionado a más de 20 altos funcionarios del régimen, entre ellos la vicepresidenta Rosario Murillo, acusados de violaciones a los derechos humanos en Nicaragua. Los sancionados tienen inmovilizados sus bienes y, además, los ciudadanos y las empresas de la UE están sujetos a la prohibición de poner fondos a su disposición.
Investigación de la CPI
En el punto nueve, la resolución “pide a los Estados miembros y al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que, de conformidad con los artículos 13 y 14 del Estatuto de Roma, inicien una investigación formal sobre Nicaragua y Daniel Ortega, a través de la Corte Penal Internacional (CPI), por crímenes de lesa humanidad en virtud del artículo 7 del Estatuto de Roma”.
De acuerdo al artículo 7 del Estatuto de Roma, son considerados crímenes de lesa humanidad: asesinato; exterminio; esclavitud; deportación o traslado forzoso de población; encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional; tortura; desaparición forzada; y persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género.
Es la primera vez que una resolución del Europarlamento demanda sanciones específicas a jueces y apunta hacia una investigación contra Ortega. Desde 2018, los eurodiputados han aprobado seis resoluciones sobre la situación nicaragüense. Una en mayo de 2018; otra en marzo de 2019 —tras la visita de una delegación de europarlamentarios al país—; una tercera en diciembre de 2019; una cuarta en octubre de 2020; la quinta en julio de 2021; y la última en diciembre pasado.
Cierres de ONG y defensores de DD. HH.
En el documento también se “condena” que “casi cuatrocientas organizaciones no gubernamentales se hayan visto obligadas a cesar sus actividades en Nicaragua, incluida la Academia Nicaragüense de la Lengua”.
Los europarlamentarios exhortan “a las autoridades nicaragüenses que pongan fin a la clausura indebida de organizaciones no gubernamentales y restablezcan la personalidad jurídica de todas las organizaciones, partidos políticos, universidades y medios de comunicación clausurados arbitrariamente y, asimismo, que devuelvan todos los activos, documentos y equipos confiscados ilegalmente”.
El régimen ha impulsado, desde la Asamblea Nacional, una cruzada contra los organismo sociales que ha dejado 452 oenegés canceladas desde 2018, de las cuales 378 han sido anuladas en lo que va de 2022.
La cancelación de la Academia Nicaragüense de la Lengua “es una decisión sin precedentes en el continente y en el mundo hispanohablante. El régimen de Ortega arrasa y patea los derechos humanos”, destacó el miércoles la vicepresidenta del Parlamento Europeo, la checa Dita Charanzová.
En la resolución, los eurodiputados piden a la UE y sus Estados miembros “que sigan de cerca la situación sobre el terreno, a través de sus representantes en el país y sus embajadas en Nicaragua”.
Además, solicitan a la delegación de la UE y a los Estados miembros con misiones diplomáticas en el país que “apliquen plenamente las Directrices de la UE sobre los defensores de los derechos humanos”, y que presten todo el apoyo adecuado a los activistas detenidos, “incluidas las visitas a prisiones y la observación de juicios, que denuncien públicamente los abusos contra defensores de los derechos humanos y medios de comunicación independientes y que apoyen su labor”.
También demandan a la “a la Delegación de la UE y a los Estados miembros que utilicen todos los instrumentos disponibles para aumentar su apoyo al trabajo de los defensores de los derechos humanos, que faciliten la expedición de visados de emergencia cuando proceda y que ofrezcan amparo temporal en los Estados miembros de la Unión por razones humanitarias”.
