2 de junio 2022
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La justicia orteguista presentará cerca de once publicaciones en redes sociales como parte del paquete de pruebas contra el opositor y preso político, Yubrank Suazo, acusado supuestamente de “conspiración para cometer menoscabo” y “propagación de noticias falsas”. Sin embargo, su abogado, Mynor Curtis, señala que su defendido solamente ejerció su derecho a la libertad de expresión, avalado en la Constitución Política de Nicaragua.
Según el escrito de intercambio de información y prueba expuesto durante la audiencia inicial, realizada este martes 31 de mayo en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), el Chipote, “hay unas supuestas publicaciones de Yubrank en las redes sociales”, como resultados de una búsqueda de información en “redes abiertas” por parte de la Fiscalía, explicó el abogado en entrevista con el programa Esta Noche, que se transmite en el canal de YouTube de CONFIDENCIAL, debido a la censura televisiva.
“Cuando se reproduzcan esas pruebas en el juicio oral y público, realmente, vamos a poder demostrar que no hay ninguna conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional, sino, simplemente, el ejercicio constitucional que tiene Yubrank a la libertad de pensamiento y eso puede ser manifestado de forma escrita, oral, privada, pública, individual o colectivo. Son derechos que la Constitución le otorga a Yubrank y por ende, el Derecho Penal no tiene cabida cuando se están ejerciendo derechos que la Constitución norma…”, expresó Curtis.
Suazo es el más reciente preso político del régimen orteguista, tras una oleada de capturas ejecutada en el contexto de las votaciones generales en 2021. Un año después, 61 personas, incluidos excandidatos a la presidencia, líderes sociales, estudiantiles, cívicos, periodistas y abogados, están condenados con penas de entre siete y trece años de cárcel. El también integrante de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia fue detenido con violencia por policías la madrugada del miércoles 18 de mayo de 2022, en Masaya y llevado al Chipote.
En la audiencia de este martes, la Policía no permitió que los padres de Suazo ingresaran al complejo policial aduciendo medidas de seguridad y sanitarias por la pandemia de covid-19. En el caso de Curtis no hubo inconvenientes.
Contrario a otros procesos judiciales, la jueza Nadia Camila Tardencilla Rodríguez, titular del Juzgado Segundo de Distrito Penal de Juicios de Managua, permitió que el abogado hablara con su defendido. Curtis le explicó el proceso judicial, y por su parte, Suazo, le informó que se encontraba bien física y espiritualmente; que les comunicara a sus padres que no lo habían golpeado.
Delitos aplicados a otros presos políticos
Los delitos que la justicia orteguista imputa a Suazo han sido utilizados contra otros opositores detenidos, procesados y condenados en procesos judiciales llenos de irregularidades.
“Quedó en evidencia que el régimen sigue cometiendo las mismas arbitrariedades de realizar juicios secretos en el Chipote, lo que es ilegal”, denunció el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) mediante su cuenta de Twitter. Además, cuestionó que la juez confirmara la detención preventiva contra el opositor y que el proceso fuera declarado de “tramitación compleja”, lo que duplica el tiempo para el juicio, que aún no ha sido programado.
🔴URGENTE| Continúa la represión judicial contra los presos políticos, está mañana se realizó audiencia inicial contra @SuazoYubrank, quedó en evidencia que el régimen ORMU sigue cometiendo las mismas arbitrariedades de realizar juicios secretos en el #Chipote, lo que es ilegal. pic.twitter.com/Tecn49nYYJ
— Cenidh (@cenidh) May 31, 2022
En los anteriores procesos judiciales contra reos de conciencia cautivos en el Chipote y otros sistemas penitenciarios, los defensores señalaron que la Fiscalía no logró probar la comisión de los delitos. Sin embargo, eso fue obviado por la batería de jueces afines al orteguismo, que condenaron a los reos de conciencia en maratónicas jornadas, sin considerar los alegatos de las defensas.
En este caso, Curtis explicó que la Fiscalía debe probar que las publicaciones en redes sociales en realidad pertenecen a Suazo y posteriormente, que dicha información es falsa.
Respecto al delito de menoscabo, el Ministerio Público debe evidenciar de qué forma “Yubrank estaba conspirando para cometer menoscabo, ya que este delito es contra el territorio y se comete cuando las personas están tratando de independizar parte del Estado de Nicaragua o están tratando de someter parte del Estado de Nicaragua a otra nación, y también habla sobre la naturaleza de la soberanía, pero la soberanía radica en el pueblo y el pueblo ejerció libre y voluntariamente el 7 de noviembre el derecho de ir a votar… la naturaleza de la soberanía no se ha afectado”, y eso es parte de lo que se argumentará en el juicio, adelantó el defensor.
Otras irregularidades que advirtió Curtis es que durante la audiencia preliminar, la justicia orteguista le impuso a Suazo un defensor público, negándole su derecho a nombrar a un abogado de confianza. Asimismo, señaló que persisten las limitaciones para comunicarse con su defendido de forma libre, tal como lo establece la ley. Eso ocurrió con otros reos de conciencia, a quienes solamente vio durante las audiencias de juicio.
El mecanismo de seguimiento de los presos políticos indica que hay 182 en Nicaragua, entre ellos los 61 condenados este año: 45 por menoscabo, de esos, 12 también fueron acusados por propagación de noticias falsas. No se cuenta con información del resto de reos de conciencia.
De los 61 reos con sentencia firme, 28 se encuentran en las celdas policiales de el Chipote y son víctimas de incomunicación; 11 están en casa por cárcel con vigilancia policial permanente; y los otros 22 están distribuidos en diferentes penales del país, incluida la cárcel de mujeres, La Esperanza. A ellos, se suma Suazo, convirtiéndose en el preso 183 del régimen orteguista.
En 2018 el opositor fue encarcelado por primera vez y acusado por supuestamente cometer actos de terrorismo, asesinato frustrado, amenazas con armas y de entorpecimiento de servicios públicos. En junio de 2019 fue liberado junto a otros reos políticos bajo la controversial Ley de Amnistía creada por el orteguismo.
