27 de mayo 2022
AA
Share
El régimen de Daniel Ortega y Murillo ha sido generoso con ciertos perfiles migratorios. Prófugos de la justicia, científicos rusos o diplomáticos afines están entre los 81 extranjeros nacionalizados nicaragüenses entre enero de 2021 y mayo de 2022, según un análisis de CONFIDENCIAL de las resoluciones de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME).
La falta de transparencia caracterizó el otorgamiento de 35 de las 81 nacionalizaciones, donde se ocultó el dato preciso del total de años de permanencia en el país de los solicitantes, un requisito clave para la obtención de la nacionalidad según la ley 716 de Migración y Extranjería, publicada en la Gaceta en 2011.
Otro de los hallazgos es que 18 casos corresponden a personeros con algún vínculo con la dictadura, como el expresidente salvadoreño Salvador Sánchez Cerén y al menos ocho allegados, a quienes hicieron nicaragüenses entre el 29 de julio y 11 de agosto de 2021.
El exmandatario es investigado por corrupción en su país. El artículo 43 de la Constitución de Nicaragua prohíbe la extradición de los nicaragüenses.
Tanto el exjefe de Estado salvadoreño como su esposa Rosa Margarita Villalta fueron “invitados internacionales” a la toma de posesión del gobernante sandinista en enero pasado, tras una reelección considerada ilegítima por la comunidad internacional por la eliminación de la competencia y la falta de garantías democráticas.
Las resoluciones favorables a aliados de Ortega contrastan con las decisiones arbitrarias —incluido el destierro contra nacionales—, tomadas por Migración de Nicaragua y que han castigado a opositores y ciudadanos en general, en medio de un contexto adverso contra las libertades civiles, instaurado como una política de Estado para eliminar cualquier tipo de disidencia.
La legislación nicaragüense establece un mínimo de dos años de residencia en el país para obtener la nacionalidad, cuando se trata de centroamericanos u originarios de España. Son cuatro años para los ciudadanos de otras naciones.
“Es una premisa básica: las resoluciones deben ser motivadas con los hechos. La Constitución establece que cualquier resolución debe estar fundamentada, porque, si no, no tendrá valor alguno”, expresó el jurista nicaragüense Gonzalo Carrión, coordinador del colectivo de Derechos Humanos Nunca + en Costa Rica.
El activista cuestionó que en algunos casos solo se escriba el dato en las resoluciones de que el beneficiado con la nacionalidad tiene residencia permanente, sin especificar cuándo vino al país y cuándo la obtuvo, lo que arrojaría mayor luz sobre el cumplimiento o no de los requisitos establecidos.
Según los documentos oficiales, firmados por el comandante Juan Emilio Rivas Benítez, director de la DGME, sus principales argumentos para otorgar la nacionalidad fueron: la solicitud realizada por el interesado, el cumplimiento de los requisitos formales y finalmente que es una “decisión soberana” del Estado de Nicaragua.
En enero de 2021, las autoridades migratorias endurecieron los controles establecidos a otros extranjeros, negando la residencia multianual para someterlos a un “control de domicilio” cada mes o 15 días.
Para la abogada Alexandra Salazar, la DGME no puede alegar que la información de los casos de nacionalizaciones se encuentra bajo reserva, ya que la misma Ley de Migración establece en el artículo 218 que se aplica cuando la misma está en proceso, pero no cuando fue aprobada y publicada en La Gaceta.
Tampoco en la Ley de Acceso a la Información Pública hay limitaciones para que este tipo de información sea transparente, según Salazar, lo que no ocurre –y es comprensible– con datos que pueden por ejemplo poner en riesgo la seguridad nacional.
“Más allá de la nacionalidad, yo pensaría en la transparencia con la que actúan en la DGME, lo que se hace extensivo a otras actuaciones denunciadas. En ninguna parte de nuestra legislación se establece eso de ser impedido el ingreso de nacionales a territorio”, ejemplifica Salazar.
Prófugos de la justicia
Sánchez Cerén es el segundo expresidente salvadoreño, perseguido por la justicia de su país, que encuentra refugio en Nicaragua por voluntad política de Ortega. En la misma juramentación del sandinista en enero pasado, para un cuarto período, también participó su antecesor Mauricio Funes, un activo defensor de la dictadura nicaragüense que fue beneficiado con la nacionalidad en 2019.
Para Carrión no resulta creíble que Sánchez Cerén haya cumplido con el requisito de los dos años de residencia en Nicaragua, tomando en cuenta que entregó la banda presidencial al actual mandatario Nayib Bukele el primero de junio de 2019, lo que significa que debió trasladarse a Nicaragua casi de inmediato para cumplir con lo establecido en la Ley 716.
“Entre el último momento que estaba en El Salvador y ser beneficiado con la nacionalización nicaragüense no estaba demostrado que habían transcurrido los dos años (para el caso de los centroamericanos). La residencia no se adquiere tocando el territorio, hay un procedimiento. Se lo saltaron”, afirmó Carrión.
Otro prófugo, perseguido también por la justicia de su país de origen, es el guatemalteco Gustavo Adolfo Herrera Castillo, quien fue nacionalizado el 2 de octubre de 2021, e igual que Sánchez Cerén tampoco en la resolución se menciona el tiempo de residencia en territorio nacional. Se argumenta la soberanía de Nicaragua para otorgar el beneficio.
Carrión insistió en que este tipo de decisiones son “diminutas, insuficientes e inmotivadas” para destacar lo que deberían ser actos estrictamente apegados al marco jurídico del país. En el pasado, la dictadura nicaragüense ha beneficiado a otros personajes con una trayectoria cuestionable como dos ex guerrilleras de las FARC a quienes otorgó asilo político en 2008 o el exdiputado Luis Rabbé, refugiado en Nicaragua durante 2016.
Los “premiados” de Mechnikov con nacionalizaciones
Otros nacionalizados fueron científicos rusos que trabajan supuestamente en la planta de fabricación Mechnikov en Managua.
Anatoly Eduardovich Evtushenko, nacionalizado el 2 de junio de 2021, es quizás el caso más destacado de ese grupo. En un encuentro durante octubre de 2016, entre Ortega y la directora de la Organización Mundial de la Salud, a él se le citó como “subdirector del Desarrollo del Instituto de Vacunas y Sueros de San Petersburgo”.
En la hoja electrónica del laboratorio, tanto él como Elena Kazakova, otra nacionalizada por Ortega, continúan siendo funcionarios de esa institución.
Kazakova, quien es “nicaragüense” desde el 27 de julio de 2021, es directora de Recursos Humanos del mismo Instituto. En una nota de prensa de los medios oficialistas, la presentaron incluso como tal, tres meses después de entregarle la nacionalidad.
El gerente general de la planta de vacunas Mechnikov, Stalisnav Valentinovich Uiba, es otro beneficiado. Migración le otorgó la nacionalidad el 9 de julio pasado.
Uiba dijo al oficialista Canal 4, a nombre del laboratorio local, que estaban en comunicación con “nuestro socio y exaccionista ruso en todas las materias” refiriéndose al Instituto en San Petersburgo y que se encontraban en búsqueda activa de una vacuna contra el coronavirus. Nunca cumplieron y su discurso solo sirvió a la propaganda del régimen.
También diplomáticos afines a Ortega como el exembajador de Taiwán Jaime Chin-Mu Wu y su esposa fueron convertidos en “nicaragüenses” por la dictadura, aunque ellos sí cumplían los requisitos de permanencia en el país con una historia ya de 14 años en territorio nacional.
La decisión no pudo ser más polémica, porque el régimen la tomó después de romper relaciones diplomáticas con esa nación para reestablecerlas con China Popular, lo que provocó cuestionamientos de Taiwán a Chin-Mu.
Las decisiones de Migración se encuentran bajo control del Ejecutivo, no sólo porque es una dependencia del Ministerio de Gobernación. Según la jurista y miembro del consejo directivo de la Alianza Cívica, María Asunción Moreno, la DGME no tiene autonomía y sus decisiones–incluso mínimas– dependen de la familia presidencial.
Otros nacionalizados que sí cumplieron requisitos
CONFIDENCIAL encontró en la documentación oficial que hay otras solicitudes de nacionalizaciones, en que se cumple con las formalidades legales, pero es evidente también que algunos beneficiados tienen nexos con el partido de gobierno.
En marzo de 2021, la DGME nacionalizó, luego de cumplir con los requisitos, a Ana María Sivori, originaria de Argentina, viuda de Enrique Gorriarán Merlo, jefe del operativo para eliminar en Paraguay a Anastasio Somoza Debayle el 17 de septiembre de 1980.
Está el caso también de Sozan Adli Moza Saed, hija del nacionalizado en 1990, Ahmud Musa Farhood, un empresario vinculado a Hamas según reportes de medios de comunicación que citan a autoridades estadounidenses.
Otro caso es el del cubano Argimiro Ojeda Vives, quien se identifica como asesor técnico del Instituto de Aeronáutica Civil de Nicaragua (INAC). Fue nacionalizado el 25 de febrero de 2022, después de demostrar seis años de residencia en Nicaragua, de acuerdo con la resolución 3303.
Los datos indican que la mayoría de beneficiados son cubanos (quince), seguidos de los salvadoreños con catorce—probablemente inflados por el caso de los Sánchez Cerén— y los rusos ocupan un tercer puesto con nueve.
Venezuela tiene siete nacionalizados, España y Estados Unidos seis cada uno; Honduras, Guatemala y Palestina con dos cada uno; Taiwán, Brasil, Colombia e Irlanda del Norte con tres cada uno; Argentina, Jordania, Perú, China Popular, Dinamarca y Costa Rica con uno individualmente.
La vía para obtener la nacionalidad nicaragüense
Según la Ley de Migración nicaragüense, las vías para obtener la nacionalidad son las siguientes:
a) Artículo 52: La misma es otorgada por la Asamblea Nacional en base a los méritos extraordinarios de los extranjeros que han brindado un servicio de Nicaragua.
b) Artículo 53: para todos aquellos que acrediten ser residentes por cuatro años, previa renuncia de la nacionalidad de origen
c) Artículo 54: Aquellos de origen centroamericano o de España a quienes se les pide una residencia mínima de dos años sin necesidad de renunciar a su nacionalidad de origen.
d) Artículo 55: referido a extranjeros inversionistas, que hayan establecido una industria en Nicaragua o “que ejerzan una actividad que contribuya a lo económico, social, científico y cultural”, pero también están en la obligación de acreditar dos años al menos de residencia en el país.
e) Artículo 56: Podrán adquirirla los que tienen residencia de dos años con hijos nicaragüenses.
f) Artículo 57: Extensiva a hijos de nacionalizados para aquellos menores de 21 años, que se encuentren bajo tutela del nacionalizado, la que será ratificada cuando alcancen mayoría de edad.
