26 de mayo 2022
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La cantidad de nicaragüenses que ha emigrado a Estados Unidos se multiplicó por ocho al compararse los primeros cuatrimestres de 2021 y 2022, según el número de aprehensiones registradas por las autoridades migratorias del país anglosajón. De enero a abril del año pasado, las autoridades estadounidenses totalizaron 6433 detenciones de personas de nacionalidad nicaragüense en sus fronteras; mientras que entre enero y abril del presente año ya suman 53 714, según cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).
La migración nicaragüense marcó una cifra récord el año pasado, cuando salieron más de 120 000 personas hacia diferentes países, principalmente hacia Estados Unidos (87 530 detenciones de nicas en fronteras estadounidenses). El fuerte flujo migratorio se mantiene en 2022, a un ritmo que sobrepasa los 10 000 nicaragüenses detectados mes a mes, es decir, más de 300 diariamente.
El aumento significativo de la migración desde Nicaragua se da en medio de la profundización de la crisis sociopolítica que persiste en el país desde 2018, cuando masivas protestas ciudadanas fueron aplastadas por la represión del régimen Ortega Murillo dejando más de 355 muertes, miles de heridos, cientos de presos políticos y decenas de miles de personas desplazadas.
En 2021, al acercarse la elección presidencial, el régimen recrudeció su represión, encarcelando a siete aspirantes presidenciales que buscaban enfrentar al presidente Daniel Ortega en las urnas. Las autoridades también encarcelaron a empresarios, periodistas, defensores de derechos humanos, diplomáticos, analistas y líderes cívicos y consolidaron un estado policial de facto, tras una votación a la que no asistió el 80% de los ciudadanos convocados a las urnas, según el organismo Urnas Abiertas, y cuyos resultados fueron considerados una farsa por la comunidad internacional.
Fue en medio de esa oleada represiva que la migración aumentó de manera significativa y desde entonces no ha menguado. La represión se mantiene y la persecución se ha agudizado sobre todo contra la sociedad civil -con 199 oenegés canceladas solo en lo que va de 2022- y la Iglesia católica.
A la crisis sociopolítica se suma una deprimida situación económica. Después de tres años en recesión, persiste la falta de empleo formal y el alto costo de la vida. Actualmente, el precio de la canasta básica supera en más de 6600 córdobas al salario mínimo más alto vigente en Nicaragua.
Huir a pesar de riesgos y trabas migratorias
Los nicaragüenses continúan dejando su país de origen y optando por Estados Unidos (el nuevo destino predilecto por encima de Costa Rica, que se mantiene en segundo lugar con 20 000 solicitudes de refugio de nicaragüenses entre enero y marzo de este año), a pesar de los grandes riesgos que implica el viaje de más de 4000 kilómetros.
En los últimos meses han crecido las denuncias de los familiares de migrantes secuestrados por carteles y bandas criminales en México. Los viajeros también han denunciado las condiciones inhumanas en que les trasladan los 'coyotes' poniendo en riesgo sus vidas, como la joven embarazada Clorinda Alarcón, de 20 años, que murió en marzo pasada asfixiada dentro de un contenedor en el que viajaba con decenas de personas incluidos niños.
En las últimas semanas, además, han sido noticia al menos 20 nicaragüenses que murieron ahogados en el Río Bravo, el cual deben cruzar los migrantes en distintos puntos de la frontera entre México y Estados Unidos para entregarse a las autoridades estadounidenses y solicitar asilo o entrar de forma irregular a ese país.
A los obstáculos que ponen en riesgo su integridad física y sus vidas, se suman las trabas derivadas de las políticas migratorias impuestas por el Gobierno de Estados Unidos en su intento por frenar el flujo que suma, en lo que va del año, casi 900 000 personas.
Nicaragüenses, los más afectados por programa "Quédate en México"
Estados Unidos restableció en diciembre del año pasado una política migratoria llamada Protocolos de Protección al Migrante (MPP, por sus siglas en inglés), conocida también como "Quédate en México", la cual obliga a los migrantes que solicitan asilo en Estados Unidos a permanecer en México mientras responden su petición.
Desde entonces, la política ha afectado desproporcionadamente a los migrantes de nacionalidad nicaragüense, siendo más de un 60% del total de retornados. Esa tendencia se mantiene hasta abril pasado, cuando fueron 925 los nicas devueltos a México. En total más de 3000 nicaragüenses fueron regresados a ciudades mexicanas cercanas a la frontera desde diciembre del año pasado.
CONFIDENCIAL visitó una de ellas, Ciudad Juárez, donde conversó con dos jóvenes que huyeron de Nicaragua por persecución política y que estuvieron bajo MPP viviendo en albergues bajo condiciones limitadas y con temor, al hallarse en una de las ciudades más peligrosas del mundo. Las autoridades estadounidenses no contestaron a la consulta sobre los motivos por los que los nicaragüenses constituyen la mayoría de retornados bajo esa política.
New enrollments in the "Remain in Mexico" program, which the Biden administration insists that it opposes, jumped again in April. pic.twitter.com/QA6gMRzoV9
— Adam Isacson (@adam_wola) May 17, 2022
Sigue vigente Título 42 que permite rechazos "exprés"
La otra normativa estadounidense que frena la entrada de migrantes a ese país es el Título 42, utilizado desde el inicio de la pandemia en 2020. Se trata de un estatuto de salud pública que permite al Gobierno evitar la entrada de personas durante emergencias de salud pública. A pesar de algunos intentos del Gobierno de Joe Biden por eliminar el uso de esta normativa para rechazar migrantes, éste sigue en pie por decisión de un juez de Luisiana dada a conocer el pasado 21 de mayo. No son deportaciones, sino rechazos casi exprés tras los cuales los migrantes terminan de vuelta en México o enviados a su país de origen en avión.
Organizaciones que defienden a las poblaciones migrantes han señalado que la medida es violatoria de los derechos humanos porque impide a las personas solicitar protección internacional. Las familias migrantes que incluyan personas menores de edad procesadas bajo Título 42 no pueden ser expulsadas y deberán ser entrevistadas por oficiales de Asilo si expresan temor de ser perseguidos o torturados de ser regresados a su país, según una orden de una corte estadounidense hecha pública desde el pasado 3 de marzo.
Las fronteras de Estados Unidos "no están abiertas" y el país seguirá expulsando migrantes “cuando sea apropiado” bajo el Título 42, dijo este martes el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. "Estados Unidos continúa aplicando sus leyes de inmigración y las restricciones en nuestra frontera sur no han cambiado", afirmó el funcionario en un mensaje y video de dos minutos en su cuenta de Twitter. "Individuos y familias siguen sujetos a las restricciones fronterizas, incluida la expulsión", añadió.
Con información de EFE.
