24 de mayo 2022
AA
Share
Una reforma al Código Penal que castigará los crímenes de odio fue aprobada en Costa Rica el 25 abril pasado. El nuevo inciso 11 establece como crimen de odio "al homicidio calificado que suceda a causa de la nacionalidad, raza, edad, sexo, opinión política, situación migratoria, orientación sexual, identidad o expresión de género, discapacidad o características genéticas".
El hito jurídico resulta del largo trabajo de organizaciones, activistas y funcionarios públicos que han creído en el avance de derechos humanos, indicó Enrique Sánchez Cárballo, uno de los impulsores de la reforma, y quien fuera diputado y presidente de la Comisión de Derechos Humanos durante el periodo legislativo que culminó el 30 de abril pasado.
La modificación legal castiga los crímenes de odio con penas de prisión que van de los 20 a los 35 años y “coloca a Costa Rica en sintonía con la normativa internacional en materia de protección de los derechos humanos e igualdad de las personas o poblaciones que han sido históricamente violentadas y perseguidas por prejuicios e intolerancia”, indicó presidencia en una nota de prensa.
“Ninguno de estos motivos (nacionalidad, etnia, discapacidad u orientación sexual) le pueden quitar la paz a ningún ciudadano o ciudadana de un país democrático”, dijo el expresidente Carlos Alvarado cuando se realizó la firma y todavía fungía en su cargo en abril pasado.
Castigo por crímenes de odio protegerá a migrantes
En la firma estuvieron presentes activistas y defensores de derechos humanos nicaragüenses, como Ana Quirós, directora del Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (CISAS) en Costa Rica, quien aplaudió la acción de Costa Rica, por “convertirse en el primer país en América Latina en incorporar los crímenes de odio en su legislación e incluirlos como una de las causales de asesinatos delitos y agravados”, señaló.
Esta adición al Código Penal de Costa Rica -indica Quirós- es, además de ser un adelanto, un instrumento que la población nicaragüense debe saber utilizar ante la xenofobia, una de las manifestaciones de odio que se vive en el país donde la Organización de las Naciones Unidas (ONU) halló más de 181 000 conversaciones xenófobas entre mayo de 2020 y junio de 2021, según un estudio sobre redes sociales en el país.
“Nos toca a las organizaciones nicaragüenses que trabajamos con migrantes poder transmitirles y, especialmente, a personas exiliadas que han venido en el último tiempo. Espero que podamos utilizarla para nuestra defensa y creo que debemos insistir en que, además de la ley, existan sanciones en el servicio público contra las personas que ejerzan prácticas de xenofobia”, mencionó Quirós, haciendo énfasis a las numerosas formas de discriminación que sufren los nicaragüenses en las instituciones públicas costarricenses.
Invitó a la población nicaragüense a conocer esta ley y a denunciar, por los diversos medios, cualquier manifestación de odio. “Pueden hacerlo en la Contraloría de Servicios que tienen todas las instituciones públicas, pueden denunciar ante la Defensoría de los Habitantes y a través de las redes sociales”, explicó.
El caso de Genaro, joven nica golpeado y quemado en Guanacaste
Genaro Antonio Vega Pérez, es de nacionalidad nicaragüense y tiene 34 años, vive en Playa Potrero de la provincia de Guanacaste, en Costa Rica, desde hace más de diez años. El 20 de enero pasado, oficiales de la Policía Turística le hallaron en la vía pública en Cabo Velas, Santa Cruz de Guanacaste, con golpes y severas quemaduras en todo su cuerpo, reportaron medios de comunicación locales.
Desde entonces está internado en el Hospital San Juan de Dios en San José, donde permaneció casi dos meses en coma y aún se sigue recuperando. “No se siente bien emocionalmente, por lo que no puede dar declaraciones de lo que pasó, aún siente temor”, indicó la hermana de Genaro, Urania Vega.
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) investiga el móvil, pero aún no ofrece información sobre las circunstancias y motivos detrás de las agresiones en contra de Vega. Con esta reforma a la ley se espera que, de comprobarse que la agresión estuvo motivada con base en su nacionalidad y/o su orientación sexual, se haga “justicia de la forma correcta y sea precedente para futuro”, comentó Magdiel Galeano, presidente de Voces Diversas, organización defensora de los derechos humanos de las personas LGBTIQ+ en Costa Rica.
El caso de Genaro fue un crimen brutal, de odio por su orientación y por su nacionalidad, que fue de conocimiento público y al que le han dado seguimiento varios diputados conmovidos por el hecho, lo que ayudó a que esta firma se diera, aseguró Galeano. “Esperamos que este instrumento haga justicia en el caso de Genaro y que nos proteja de cualquier manifestación de odio acá en Costa Rica”, concluye.
