23 de mayo 2022
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Mientras el Gobierno cristiano y solidario de Daniel Ortega y Rosario Murillo reclama la victoria de un 10% de crecimiento económico, la realidad es que los nicaragüenses siguen teniendo ingresos similares a 2017 y la brecha de desigualdad sigue creciendo. ¿Dónde está esa riqueza y quiénes son sus beneficiarios? Las fuentes de esa riqueza están en el capitalismo salvaje de este Gobierno que mantiene estabilidad macroeconómica sin importar la estabilidad social, con el propósito de sostener políticamente al régimen, a costa del bienestar de sus ciudadanos.
Un crecimiento a base explotación y dolor
El crecimiento de la economía nicaragüense que festejan, y especialmente durante este periodo pos-2018 tiene tres fuentes claras: Las remesas familiares, la maquila textil, y la explotación de oro. Primero, las remesas, que registraron más de USD 2000 millones con un crecimiento del 13% y representaron 16% del PIB. Segundo, está la maquila en la zona franca con USD 1700 millones, 10% de crecimiento y 13% del PIB. Tercero, la exportación de oro en ochocientos millones generando un 25% de crecimiento, 5% del PIB. Los tres juntos hacen 35% de todo el ingreso del país. Ese ritmo de estos tres componentes se derrama sobre el crecimiento de 2021 y de 2022.
Lo que tienen en común estas tres actividades, es que están atadas a dinámicas políticas de expulsión y exclusión del régimen Ortega - Murillo.
Las remesas son el resultado de la migración de gente ante la crisis política; el oro es resultado del oportunismo del Gobierno de otorgar concesiones millonarias a empresas canadienses como Calibre y B2Gold, que controlan casi el 50% de las exportaciones de oro, el 90% destinadas a Estados Unidos; y las zonas francas, cuyos trabajadores no tienen derechos laborales protegidos. Mientras tanto, el sistema financiero no crece, el acceso al crédito a micro y pequeñas empresas locales ha caído o sigue a más en 1%, y como resultado, los nicaragüenses siguen en peor estado.
El crecimiento económico bajo Ortega - Murillo es la imagen fiel del capitalismo salvaje.
Los migrantes y las remesas familiares
La economía nicaragüense ha visto un crecimiento fuerte de las remesas en tiempos en que todos los otros indicadores macroeconómicos del país eran negativos o de menos de 5%. Este crecimiento es una consecuencia directa del nivel de represión en Nicaragua. Por un lado, la represión genera una fuerte ola migratoria de nicaragüenses que crece a 200 000 personas en 2021, de menos de 20 000 en 2018: un crecimiento del 1000%. Ese ritmo continúa ocurriendo en 2022, con más de 60 000 nicaragüenses que han salido de enero a mediados de mayo, y otros 30 000 a Costa Rica.
Los vuelos a España siguen repletos de nicas a ese país. Por otro lado, la crisis económica agudizada con la pandemia aumenta el desempleo, trabajos mal pagados, la informalidad y la carestía por la inflación. Una de las nicaragüenses que salió a Estados Unidos, se llevó a sus hijos después de dos años sin trabajo. Otra se fue a España para enviar dinero a sus padres, mientras llevó a sus dos hijos. Estos nicaragüenses empiezan a enviar dinero el mismo año en que salen, aumentando el volumen. El resultado es un dinamismo de remesas familiares resultado de la crisis política generada por el Gobierno.
Fuente: Banco Central de Nicaragua
La maquila textil en las zonas francas
La Zona Franca se ha convertido en una fuerte zona de atracción de empleo formal e ingresos, con más de 100 000 trabajadores manufacturando textiles y vestidos para la exportación. Más de la mitad de las exportaciones a Estados Unidos son textiles y vestidos desde la Zona Franca con capital extranjero, beneficios tributarios, y explotación de mano de obra. Ortega Murillo han violado la parte laboral del acuerdo de libre comercio con Estados Unidos en la medida en que derechos laborales en los regímenes de Zona Franca están subordinados al FSLN, que controla por completo los sindicatos. El Gobierno dejó también desprotegidos a los trabajadores durante el periodo posterior a la recesión, las empresas les puso a trabajar más horas y aumentar su productividad sin el apoyo del Ministerio de Trabajo. Más recientemente, las autoridades tributarias nicaragüenses declararon que deben gravarse todos los tipos de transferencia de dinero a los trabajadores, sea por trabajo remunerado u otros beneficios laborales, penalizando aún más el trabajo y a las empresas. Muchos empleados se quejan de que son vigilados al salir de sus casas y sienten temor a hablar. “Nos revisan los teléfonos para saber qué conversaciones políticas tenemos”. La riqueza ocurre a expensas del trabajador y en desprotección.
Fuente: Banco Central de Nicaragua, trabajadores en la zona franca.
El oro y la minería a cielo abierto
La minería se ha convertido en una fuente de bonanza económica del régimen. El Gobierno abrió sus puertas a transnacionales mineras y de explotación de madera realizando concesiones en zonas prohibidas por ley, con poblaciones indígenas en áreas protegidas. El volumen de concesiones no ha parado, con una modalidad de explotación conveniente para las empresas y el Gobierno. Las concesiones se dan bajo millonarios pagos al Gobierno por obtención de licencia en los que las empresas transnacionales, predominantemente canadienses subcontratan a mineros artesanales para la extracción del oro. La mayoría de los mineros no tienen cobertura médica y no están dentro del Seguro Social. Además, mientras el valor del oro crece, los salarios de estos no. Ellos siguen recibiendo menos de diez centavos de dólar por onza de oro extraída, mientras el precio del oro creció de 1269 a 1694 dólares.
Fuente: Banco Central de Nicaragua
Las pequeñas empresas
Mientras estas dinámicas generan estabilidad macroeconómica por el fuerte dinamismo de su crecimiento en medio de una crisis económica, las micro, pequeñas y medianas empresas están ahogándose en deuda, quiebra o sobreviviendo. Los negocios que generan menos de USD un millón son el corazón de la actividad económica interna del país, pero son los más ‘sancionados’.
Las empresas formales han sido exprimidas con alza de impuestos desde 2018, y han sufrido recientemente de multas por incumplimiento fiscal. En realidad, es extorsión fiscal, y que también se conoce como "asedio fiscal". Es un método utilizado por el Gobierno para aumentar los ingresos y forzar a los negocios a mantener un perfil bajo y de colaborar con el Estado, so pena de enfrentar sanciones fiscales. Las empresas de distintos sectores de la economía han denunciado ser víctimas de dichos asedios, con cobros millonarios en muchos casos que exceden el valor anual de sus rentas, y de aumentarlas si no expresan opiniones políticas por miedo a represalias fiscales, financieras o personales. Esta actividad va en contra de las empresas nacionales y estadounidenses, al crear un ambiente laboral y de negocios inhóspito, a la vez que beneficia al régimen. Lo que es peor aún es que al lado del asedio hay ‘terceros’ dentro de la Administración que ofrecen ‘rebajas’ de las multas y se convierten en juez y jurado, cobran descuentos de fiscalizaciones inventadas, y se dejan una parte en sus bolsillos. Un pequeño empresario cuenta, “nos llegaron a cobrar primero un cuarto de millón (de dólares), y después nos ofrecieron rebaja si le pagábamos a ellos directamente”. Los testimonios abundan, pero la amenaza de cárcel los previene de declarar.
Estas mismas empresas están quebrando, o no recibiendo acceso al crédito. Durante el período de 2018 a 2022 el acceso al crédito no ha crecido. Este crédito va predominantemente a oxigenar préstamos típicamente pequeños a empresas que operan nacionalmente para mantener el consumo nacional. De hecho el 40% del crédito es en préstamos comerciales, y 10% al sector agrícola (el sector agrícola en su mayoría está compuesto por grandes empresas nacionales o transnacionales con suficiente liquidez para no necesitar ese oxígeno crediticio). Una dueña de una tienda ha sostenido su empresa con ahorros, y sin acceso al crédito porque su colateral ha bajado de valor. “Finalmente espero este año obtener algo de crédito para realizar compras de importación, pero es un riesgo muy alto porque no sé si lograré buenas ventas”.
El resultado es que la caída de dinero para mantener el comercio del país limita el bienestar social de la mayoría de los nicaragüenses porque son estas empresas, formales o informales, que están fuera de la zona franca o minería, del gran capital exportador agrícola, las que sostienen la verdadera economía del nicaragüense. Más del 75% de los nicaragüenses se encuentra en el sector informal, y lo mismo ocurre en las empresas del país. En Nicaragua había 170 000 negocios formales a 2017, y con la caída de créditos, el número es inferior a las 140 000. El crédito en riesgo subió de 3% a 14% al primer trimestre de 2022.
Fuente: Banco Central de Nicaragua
¿Qué quiere Ortega - Murillo?
Desde la crisis política de 2018, el Gobierno nicaragüense, bajo el mandato de Daniel Ortega y Rosario Murillo, decidió gobernar bajo impunidad total, la cual aseguran a través de cuatro pilares: Uso de la fuerza; criminalización de la democracia; populismo económico; y menosprecio por los compromisos con la comunidad internacional. El populismo económico se basa en la apuesta en la estabilidad macroeconómica sin considerar la estabilidad social, toda vez que satisfaga los intereses económicos de su base política leal, la cual representa menos de uno de cada diez hogares. También incluye neutralizar el ‘poder factico’ del gran capital.
La estabilidad macroeconómica la garantiza con la fluidez de esas tres fuentes de crecimiento económico, dejando que el ritmo agroexportador de grandes empresas no se altere. La ventaja de esa estrategia es que le permite cubrir sus obligaciones internacionales mientras mantiene en buen estado sus reservas internacionales. Nicaragua ha aumentado su endeudamiento a costa del aumento de las remesas, las cuales garantizan una entrada fresca de dólares, que nutren el consumo interno (más del 40% de los hogares reciben remesa), la renta nacional (15% de los impuestos se derivan de impuesto al valor agregado en consumo de ingreso de remesas) y las reservas internacionales.
Con la extorsión fiscal y el ingreso de remesas, ha usado el gasto público para mantener su base popular y pagar intereses de la deuda que acumula para su populismo económico.
Fuente: Banco Mundial
Sin embargo, nada de esta ‘salud’ macroeconómica se transfiere en salud nacional. De hecho mientras unas empresas se enriquecen, el Gobierno se mantiene en pie, los nicaragüenses en su mayoría están percibiendo menos ingresos y así será en 2022. La solidaridad de este Gobierno tiene límites, y no pasa del círculo de poder.
Fuente: Ministerio de Hacienda.
El régimen ha neutralizado también el ‘poder fáctico’ del gran capital, el cual a través de la banca, las exportaciones agrícolas y las empresas de servicios de alimentos, han tenido un fuerte influencia sobre la política económica del país. Ellos representaron la otra cara del famoso pacto con Ortega en 2009-2017 otorgando a Ortega el mando político y ellos asumiendo la estrategia de inversión agroexportadora y financiera.
Sin embargo, los exportadores de azúcar, carne y café, cuyas empresas provienen de los consorcios y apellidos del gran capital, han sido desplazados frente a los ingresos de la zona franca y el oro. Mantienen sus operaciones con márgenes de ganancia limitados y sin considerar estrategias de expansión comercial. De igual forma, los banqueros cuya fuerza política estaba en su control de capital financiero para oxigenar las pequeñas empresas, están debilitados, sirviendo al sector público y a los grandes exportadores. Algunos representantes de los grandes empresarios están en la cárcel, otros en el exilio, y otros callados y con miedo. El Gobierno logró debilitar la influencia del gran capital, fragmentar sus intereses y relaciones, quedándose con poca interlocución.
Este es el plan del régimen
Desde su perspectiva macroeconómica, continuar la impunidad como normalidad durante este período de Gobierno, eventualmente generará el ‘trickle down económico’ del comercio, en el que la banca empezará a aumentar su crédito y las micro y pequeñas empresas eventualmente, en dos años, empezaran a aumentar sus rentas.
Esa apuesta tiene varios inconvenientes, primero, la migración se estabilizará y no aumentará la renta, solo mantendrá a flote a sus familias. Segundo, rescatar la actividad económica de las empresas requeriría de un insumo anual adicional de más de USD 500 millones en crédito, para revitalizar a al menos 10 000 negocios y aumentar los ingresos. Este es un riesgo que ningún banco está dispuesto a asumir.
Tercero, el régimen no quiere que se conozca su verdadero plan y por eso aprovecha la censura y la desinformación, mientras sigue alentando la migración, y la intimidación que divide, fragmenta y neutraliza cualquier espíritu de cambio. Sin embargo, el nicaragüense no es tonto. Sabe que lo ‘normal’ es malo, mal pagado, salvaje, perverso e inmoral.
El capitalismo salvaje está muy activo en Nicaragua, opera con la motivación y aprobación del régimen, mientras la desigualdad aumenta. Si en 2018 las diferencias salariales entre los informales y los formales era de un tercio, ahora la mayoría de los nicaragüenses gana la mitad de los que están en la economía formal, las empresas transnacionales crecen, los derechos laborales son un eufemismo, un oxímoron, y con esa fórmula el régimen quiere gobernar este período. Esa es la realidad que intenta ocultar el discurso de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
*Investigador del Diálogo Interamericano
