11 de mayo 2022
AA
Share
La declaración de culpabilidad de Michael Healy, que llegó a la presidencia del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), en septiembre de 2020, y su consiguiente condena a trece años de prisión, confirmada este martes 10 de mayo, se convierte en una agresión más en contra del empresario agrícola, al que el régimen ya había puesto en la mira desde mediados de 2018.
El mismo día que capturaron a Healy -el jueves 21 de octubre de 2021- también fue capturado su vicepresidente, el productor ganadero Álvaro Vargas, que también había sido presidente de la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (Upanic). Vargas fue sentenciado a pasar nueve años en la cárcel. Sus capturas generaron una ola de rechazo continental, entre las cámaras empresariales de América.
A la familia de Healy le angustia comprobar cuánto peso ha perdido en la cárcel, aunque les reconforta encontrarlo de buen ánimo, y más al saber que fue trasladado a la celda en la que se encuentra José Adán Aguerri, su antecesor al frente del Cosep, ocupando así el lugar que quedó libre cuando a Pedro Joaquín Chamorro se le dictó casa por cárcel.
Irónicamente, Healy fue capturado y condenado pese a proponer que a Ortega había que darle una escalera (lo que después se conoció como el aterrizaje suave), porque nunca un dictador se ha tirado de cabeza para bajarse del poder, siempre y cuando ese proceso garantizara el acceso a la libertad, justicia y democracia que demanda la ciudadanía nicaragüense.
“Esto terminará con un diálogo. Sea en este momento, o después de unos años de enfrentamiento que destruirían el país, así que lo mejor es que dialoguemos ahora”, porque eso permitirá levantarnos más rápidamente, me dijo en 2018. Healy también sabía que, aunque su nombre se mencionaba como presidenciable, él no podía aspirar a tal candidatura, por ser también ciudadano estadounidense.
Su madre no pudo descansar en familia
En mayo de ese año, hombres armados que cumplían órdenes del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, invadieron decenas de propiedades en varios lugares del país, incluyendo las fincas Chatilla, Santa Lucía y El Zopilote, ubicadas en Buenos Aires (Rivas), que eran propiedad de la señora Esperanza Lacayo de Healy, madre del líder gremial, fallecida en diciembre de 2020.
“Supongo que lo hacen por dañar a Michael, pero él no tiene nada que ver, porque la dueña soy yo, no él”, dijo la señora en entrevista con el programa Esta Semana -que ahora solo se transmite en línea, por causa de la censura televisiva impuesta por el régimen- efectuada en noviembre de 2018, la que luego fuera reseñada por CONFIDENCIAL.
Al golpe recibido por esta confiscación de facto, más la captura y encierro en prisión, y la condena ordenada por la justicia orteguista, Healy debe sumar un golpe más: el de no poder dar sepultura a su madre en el cementerio familiar, donde descansan otros parientes, entre ellos su padre y abuelo, además de una hermana, y varios tíos.
“La propiedad tiene dos siglos de estar en la familia. Yo debo ser como la quinta o sexta generación” que la posee, dijo en su momento la señora Lacayo. Se trata de unas 200 manzanas de tierra, sembradas mayoritariamente de caña de azúcar, pero también de plátanos, además de árboles frutales, “en especial mangos y cocos”, refirió el líder anticanal, Octavio Ortega.
Ortega explica que la familia Healy Lacayo alquilaba la tierra al ingenio Casur, que se encargaba de la siembra, cuido y corte de la caña, por un precio convenido que pagaba en abonos mensuales, enterando la diferencia a final de año.
“También sembraban plátano. Era una finca bien manejada, que les daba para vivir cómodamente”, aseguró a CONFIDENCIAL el administrador de una empresa agroindustrial que conoce a Healy desde su época de estudiantes.
“Cuando invadieron la finca, machetearon la tubería de PVC del sistema de riego y le echaron piedras a los tubos de los pozos artesianos. Eso me lo contó el propio Mike hace como dos años. También machetearon una parte de los platanares”, complementó.
En la citada entrevista, la señora Lacayo aseveró que los invasores vendieron la caña a un trapiche en Carazo, y que también vendieron el plátano y se quedaron con el dinero. Además, desmantelaron la maquinaria del trapiche que tenían en la propiedad, (que no estaba en uso, pero la familia planeaba habilitarlo en 2018), y la vendieron como chatarra. También desaparecieron los tractores. Las pérdidas son incalculables”, reseñó en su momento.
Desde Aprocari hasta el Cosep
“De las tres fincas, Chatilla es la de mayor valor, porque está cerca de la costa del Lago Cocibolca. En los años 70, el papá de Mike le regaló a Enacal siete pozos para que pudieran extraer agua, para que surtieran a Rivas todo el tiempo”, recordó Ortega.
El papá del encarcelado líder gremial -que también se llamaba Michael Healy- fue veterano de la guerra de Corea. Vino a Nicaragua cuando se casó con doña Esperanza Lacayo, y se dedicó a desarrollar la finca propiedad de la familia Lacayo, cultivando caña de azúcar como colono del Ingenio Dolores en los años 60 y 70 hasta la Revolución, detalló el administrador.
Al fallecer, el señor Healy fue enterrado en el cementerio familiar.
Según las fuentes, Michael es el único de los hijos del matrimonio Healy Lacayo que sigue en Nicaragua. Tres de sus hermanas viven en Estados Unidos: María Esperanza, Jacquelin y Roxana.
Roxana también tiene una fundación que se llama Christmas Angels, que regala alimentos, ropa, juguetes en una gran piñata navideña para los niños de Buenos Aires, según el relato hecho por la señora Healy. La cuarta hermana, de nombre Anabell, falleció en un accidente de tránsito en 1978, siendo aún adolescente, según la versión del administrador.
En 1990, cuando Michael regresó del exilio junto con sus padres, se hizo cargo de la finca en calidad de administrador, regresando al cultivo de caña, por lo que se integró a la Asociación de Productores de Caña de Azúcar de Rivas (Aprocari), donde sirvió como vocal, secretario y luego presidente de su Junta Directiva, entre 1991 y 1993, lo que le dio la oportunidad de ocupar una silla en Upanic.
Mientras tanto, a la par que cimentaba el negocio agrícola, la familia aumentaba su colección de objetos valiosos, con las piezas arqueológicas precolombinas que iban encontrando, y que incluían ocarinas, ollas y bandejas de barro pintado, ídolos y figuras de piedra, así como la cadena del ancla de un barco antiguo.
Todo eso quedó perdido, o fue robado o destruido. La señora Lacayo narró que mientras estaba en Estados Unidos, adonde fue a hacerse un chequeo médico, le informaron de la invasión de su propiedad, por lo que regresó de inmediato a Nicaragua, encontrando que su casa había sido saqueada, y que no solo se llevaron los objetos de valor, sino también muchos de sus recuerdos personales o familiares.
Poco después, dos de sus hijas quisieron entrar a la propiedad, pero fueron rodeadas por tres sujetos enmascarados que les apuntaron con sus armas. Aunque María Esperanza rogó que la dejaran entrar al cementerio para visitar las tumbas de su papá, abuelos y hermana, no se lo permitieron.
Después, María Esperanza intentó reunirse con el jefe policial y con el alcalde de Rivas, “pero nunca le dieron cita, así que tuvieron que regresar a Estados Unidos”, dijo la señora Lacayo. La familia también informó del ilícito a la embajada estadounidense en Managua, pero no se conocen los resultados de esa denuncia.
