10 de mayo 2022
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En octubre de 2009, en el Registro Mercantil de Granada, un abogado, un ingeniero y una corredora de bienes raíces fueron inscritos como los nuevos miembros de la mesa directiva de la Distribuidora Nicaragüense de Petróleo (DNP). Los inscritos fueron José María Enríquez (800 acciones), José Mojica Mejía (100 acciones) y Aura Cecilia Toruño (100 acciones).
En el acta de registro de esta empresa también se estableció la integración de la mesa directiva y sus miembros crearon un poder generalísimo para que la DNP fuese administrada con completa autonomía por Yadira Julieta Leets Marín, en ese entonces esposa de Rafael Ortega Murillo, hijo mayor del mandatario Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo.
De esta manera se concretaba la denominada Operación Retorno de la DNP, documentada en una investigación publicada por CONFIDENCIAL en junio de 2015, en la que se detalla cómo la familia Ortega Murillo inició en el negocio de la importación y distribución de combustibles por medio del control de petrolera, que se convirtió en la mayor importadora de hidrocarburos de Nicaragua, hasta que fue golpeada por las sanciones de Estados Unidos, en diciembre de 2019.
Con la DNP, la familia Ortega Murillo echó mano de los millonarios recursos generados por el acuerdo petrolero con Venezuela, administrado discrecionalmente y sin transparencia por el orteguismo. Fueron 5000 millones de dólares, de acuerdo con los registros del Banco Central de Nicaragua, los que ingresaron a Nicaragua desde 2007 hasta 2016, cuando el flujo del acuerdo petrolero empezó a menguar debido al desplome de la economía chavista.
Fue con este dinero que los operadores del orteguismo forzaron la salida de Nicaragua del consorcio Glencore, que arrendaba los activos de la DNP. De acuerdo con un documento al que CONFIDENCIAL tuvo acceso en 2015, los activos de Glencore en Nicaragua estaban valuados en un poco más de 62 millones de dólares, sin incluir los ingresos por la venta de combustible en la red de gasolineras.
Cuando CONFIDENCIAL consultó en 2015 a José María Enríquez sobre la entrega del poder generalísimo a Leets Marín y cuál era su vínculo con ella, respondió molesto: “¿Cómo sabés vos que es de la familia presidencial? ¡Doña Yadira es doña Yadira! ¿no puede trabajar ella en una empresa entonces? No te puedo dar una declaración”, para luego cortar abruptamente la llamada.
José María Enríquez y José Mojica Mejía son dos conocidos testaferros del orteguismo, involucrados en varias de las empresas de la familia en el poder. Mojica Mejía incluso fue sancionado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, junto con uno de sus principales negocios: la empresa Syditeck Mundo Digital, ubicada en Altamira.
Yadira Leets y el inicio de la red de negocios de los Ortega Murillo
La inclusión de Yadira Leets Marín como la administradora y firmante de los contratos por suministro de combustible de la DNP representó el inicio del involucramiento de los miembros de la familia Ortega Murillo en distintos negocios privados que florecieron principalmente por sus acuerdos de suministro al Estado.
Yadira Leets Marín también estaba al frente de Inversiones Zanzíbar, la sociedad creada por operadores del orteguismo para administrar la red de gasolineras que distribuye los combustibles importados por la DNP.
Además, en 2015, Yadira Leets Marín era la presidenta de CODISA, una sociedad integrada por las radios Sandino, La Tuani, Futura, Clásica y Viva FM.
Una investigación de CONFIDENCIAL publicada el 20 de febrero de 2022, develó la existencia de 22 empresas privadas, a nombre de 18 ejecutivos de empresas y cinco abogados —todos allegados a la familia presidencial— que forman parte de una red de negocios que tuvieron un crecimiento exponencial tras el regreso al poder de Ortega, apuntalada en la apropiación privada de la millonaria cooperación estatal proveniente de Venezuela.
En ese esquema, Yadira Leets Marín llegó a figurar como accionista o directiva en cinco de estas empresas vinculadas a la familia Ortega y Murillo.
Este lunes 9 de mayo, el diario La Prensa reportó que Yadira Leets Marín y sus hijas Ariana y Libia Ortega Leets salieron del país desde enero y que no tendrían “intenciones de regresar a Nicaragua”.
Según el reporte de La Prensa, la salida de Leets Marín y sus hijas fue aprobada por Rosario Murillo, pese a que está separada de Rafael Ortega Murillo desde 2019 y se debió a un “malestar interno y callado entre varios miembros de la familia”.
El golpe de las sanciones de Estados Unidos
Rafael Ortega Murillo es empresario y funge como enlace en las relaciones del Gobierno con Venezuela y Cuba, además de ser el principal operador financiero en los negocios petroleros de la familia que gobierna Nicaragua desde enero de 2007.
En diciembre de 2019, el entonces secretario del Tesoro de Estados Unidos Steven T. Mnuchin, anunció sanciones económicas contra Rafael Ortega, a quien describió como el administrador clave del “esquema financiero ilícito” del régimen de Nicaragua. Las autoridades estadounidenses también sancionaron a la DNP e Inversiones Zanzíbar.
Las sanciones forzaron el cierre de la red de gasolineras administrada por Inversiones Zanzíbar. Algunas han logrado reabrir bajo el concepto de “bandera blanca”, es decir, que operan independiente de una gran empresa importadora de combustible.
Leets fue gerente de la DNP hasta 2018. En diciembre de 2019, la DNP tuvo que ser rescatada por el régimen orteguista para evitar su colapso, debido a las sanciones. Haciendo uso de sus diputados y sus aliados colaboracionistas en la Asamblea Nacional, la DNP fue nacionalizada y sus activos pasaron a ser administrados por el Ministerio de Energía y Minas.
Luego de las sanciones, el rol de Yadira Leets Marín como administradora de negocios de la familia Ortega Murillo fue viniendo a menos. Dejó de figurar como la firmante de los contratos por suministro de combustible de parte de la DNP a entidades estatales.
También empezó a desvincularse de todos los negocios de la familia Ortega Murillo en la que estaba involucrada, mientras su matrimonio con Rafael Ortega también naufragaba en 2019. Según el reporte del diario La Prensa, entre una de las razones que se maneja sobre su salida, estaría también que la familia “se estaría preparando para condiciones más duras que estarían por venir”.
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