29 de abril 2022
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El expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), Michael Healy y su exvicepresidente, Álvaro Vargas, ambos presos políticos fueron declarados culpables por la justicia del régimen orteguista en un juicio hermético, realizado entre el jueves 28 y viernes 29 de abril en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), el Chipote.
La Fiscalía solicitó nueve años de prisión para Vargas por “menoscabo a la integridad nacional” y trece años para Healy, por "conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional".
Ángel Jeancarlos Fernández González, juez cuarto distrito penal de audiencia en Managua estuvo a cargo del juicio contra los exrepresentantes del Cosep, cuyas condiciones durante estos seis meses en prisión se desconocen. El mismo judicial condenó a los líderes cívicos y reos de conciencia: Dora María Téllez, José Antonio Peraza, Medardo Mairena, Pedro Mena y Víctor Hugo Tinoco.
Healy y Vargas son los últimos reos de conciencia de una treintena de líderes sociales, cívicos, estudiantiles y campesinos, en ser enjuiciados y condenados, principalmente por "conspiración" y "propagación de noticias falsas". Todos ellos fueron capturados en la oleada represiva de 2021, en el contexto de las votaciones generales que carecieron de competencia política.
Healy fue apresado por la Policía el 21 de octubre de 2021, poco tiempo después de salir del Ministerio Público, donde había sido citado. Su estadía en la Fiscalía fue corta, alrededor de diez minutos porque le reprogramaron la cita, afirmó ante periodistas, quienes insistían en conocer la posición del Cosep por el recrudecimiento de la represión con las detenciones arbitrarias a líderes cívicos y políticos, además de su posición individual sobre el riesgo de ser detenido.
Mientras, el también expresidente de la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (Upanic), Álvaro Javier Vargas Duarte, fue arrestado en su vivienda.
El pasado 27 de enero, el Cosep se pronunció a favor de un diálogo nacional “sin precondiciones”, sumándose a la demanda de libertad de todos los reos de conciencia y la anulación de los juicios políticos, expresada en un comunicado por sus familiares.
Fuentes del sector privado revelaron en enero a CONFIDENCIAL que el actual presidente del COSEP, César Zamora, afirmó a los presidentes de cámaras en la sesión previa a la divulgación de su pronunciamiento, que “tenemos que hablar de una negociación, diálogo, encuentro todo debido a tres amigos que están desesperados y nos debemos a ellos”. Sin embargo, en el documento divulgado por la patronal no hubo referencia a las palabras del ejecutivo del sector energético.
En el comunicado del 21 de octubre del Ministerio Público, se señaló que Healy y Vargas serían investigados por el delito de lavado de dinero, bienes y activos y otros actos ilícitos y por haber incumplido la Ley 1055 o Ley de Soberanía. Sin embargo, un directivo de COSEP informó que el viernes 21 de enero, Enrique Genie, abogado de los empresarios presos políticos se sorprendió en la audiencia de juicio, al verificar que ya no estaba el cargo de lavado de dinero contra sus clientes.
Con el fallo de culpabilidad de Healy y Vargas, se completan 55 personas acusadas por el régimen orteguista, todas ellas capturadas en 2021. De los 30 reos de conciencia que permanecen en el Chipote, son los únicos a la espera de lectura de sentencia. Lo mismo ocurre con el exdiplomático y reo de conciencia, Edgard Parrales, que se encuentra en casa por cárcel.
Además de Healy y Vargas, el régimen ya condenó al expresidente del Cosep, José Adán Aguerri y al banquero Luis Rivas Anduray, presidente ejecutivo de Banpro.
