28 de abril 2022
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Los productores musicales Xóchitl Tapia y Salvador Espinoza salieron de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), el Chipote, tras diez días de encierro, directo al Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino; un boleto de avión a cambio de su libertad. Quedarse implicaba permanecer encarcelados y acusados, confirmó CONFIDENCIAL. Su caso marca un precedente de “destierro de hecho” porque la legislación nicaragüense no avala que un nacional sea expulsado de su propio país, señalan abogados consultados.
Tapia y Espinoza fueron capturados junto a Josué Monroy, integrante de la banda Monroy y Surmenage, y el productor musical, Leonardo Canales, el Martes Santo. Sin embargo, a diferencia de estos últimos que tenían otra nacionalidad -salvadoreña y costarricense, respectivamente- y fueron deportados a esos países, los gerentes de Saxo Producciones, contaban solamente con la nacionalidad nicaragüense.
La madre de Espinoza, Norma Rivera, dijo a 100% Noticias, que durante los diez días que la pareja estuvo detenida en la cárcel el Chipote permanecieron incomunicados. “Lo único que nos dijeron era que si los podíamos sacar del país, si mostrábamos un boleto donde se viera que se iban a ir del país, los liberaban, pero era de la cárcel al aeropuerto”, expresó. Hasta ahora se desconocen los detalles. CONFIDENCIAL buscó a los productores, pero no están brindando entrevistas.
“El destierro no está legislado. Nicaragua forma parte de la Convención Internacional de Derechos Humanos y de muchos tratados internacionales que prohíben el destierro. ¿Qué pasó en este caso? Se aplicó un destierro de manera de hecho, no de derecho, porque no lo tenemos legislado”, explicó la abogada Yonarqui Martínez.
Según la Agencia de la ONU para los refugiados, el destierro se refiere a la pena de “expulsar a alguien de un lugar o territorio. Generalmente es el Estado el que decide expulsar o desterrar a esa persona por haber cometido un delito”. El artículo nueve de la Convención Internacional de Derechos Humanos prohíbe que un ciudadano sea “arbitrariamente detenido, preso, ni desterrado”.
Martínez señala que en Nicaragua sí existe la figura de expulsión, regulada en el artículo 95 del Código Penal, pero solo aplica a extranjeros, no nacionales -como los productores musicales-, por ende, su salida forzada no se puede considerar expulsión. Más bien, la movida del régimen, según Martínez, muestra una adecuación de facto de leyes que implementan regímenes autoritarios como el cubano o el venezolano, donde no existe Estado de derecho.
“El Estado está cometiendo un delito que está abolido en los tratados y convenios internacionales y que Nicaragua los asumió al momento de ser parte de ellos. El destierro, nosotros en teoría, lo abolimos, inclusive en la Constitución nosotros rechazamos la extradición de nacionales”, sostuvo la abogada.
Nicaragua: un paralelismo con Cuba
El régimen cubano desarticula la disidencia a través de la cárcel y el exilio forzado. Lo implementa contra opositores, pero durante los últimos meses y después de las protestas inéditas que estallaron en julio de 2021 en demanda de libertad, comida y medicinas, se ha lanzado contra el gremio artístico de la isla.
Cecilia Noce, coordinadora del Proyecto de Defensa de la Libertad de Expresión Artística de la Fundación CADAL -Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina-, en Argentina, ha sistematizado las violaciones a artistas cubanos y señala que el “modus operandi” en Cuba es de la cárcel al aeropuerto, similar a lo que ocurrió con los productores nicaragüenses.
“Lo que está haciendo Cuba es desarmar, desarticular los movimientos artísticos de disenso a través de la cárcel ejemplificadora para algunos y el resto, del exilio forzado”. En el caso de los que están fuera no los dejan volver, explicó.
El pasado 18 de abril, autoridades migratorias no permitieron el ingreso al país al nicaragüense Carlos Luis Mejía Rodríguez, integrante y fundador del grupo musical La Cuneta Son Machín. Durante su escala en El Salvador, de un vuelo procedente de Estados Unidos, le informaron que no podía entrar al territorio nacional.
La redada contra los productores musicales y artistas en fechas del cuarto aniversario de la Rebelión de Abril de 2018, se cree fue motivada por un concierto del 15 aniversario de la banda Monroy y Surmenage, donde se elevó una crítica a través de las canciones al régimen orteguista.
Rivera, la madre de Espinoza, dijo a 100% Noticias, que “solo nosotros sabíamos que ellos estaban preparando estos conciertos que tenían con las bandas con las que ellos trabajan, con todos estos grupos artísticos que ellos promueven, que estaban preparando una serie de conciertos para el tema del 19 de abril (...) esa es la herramienta que tienen los músicos para hacer visible la situación que se vive en Nicaragua o para denunciar o para visibilizar lo que está pasando”, expresó.
Agregó que “ellos siempre han trabajado con los músicos que han estado haciendo ese tipo de denuncias, que se manifiestan por un país en justicia, por un país donde la impunidad no sea la norma del país… el único delito que han tenido con su arte es estar a la par de la gente que lo necesita”.
Tanto la Policía como la Fiscalía guardaron silencio sobre las capturas, pese a que la ley señala que una persona detenida debe ser presentada ante la autoridad judicial en un plazo no mayor a 48 horas -inclusive para solicitar el plazo de prisión preventiva por 90 días de investigación-. Para Noce aún es temprano para hablar de una tendencia o patrón similar al que ocurre en la isla contra los artistas cubanos, pero si hay "muchísimos paralelismos" y evidencia “un nivel más dentro de lo que es la represión a la libertad de expresión en Nicaragua”.
Gonzalo Carrión, miembro del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, coincidió con Martínez, que el desplazamiento forzado de los dos productores musicales es un destierro y no tiene respaldo jurídico. “Un destierro que equivale al despojo de sus derechos porque es el Estado, en el máximo uso de la fuerza represiva, del abuso de poder, que decide hacer eso después de tenerlos presos”, expresó.
"El destierro no puede verse como un beneficio porque es una violación inminente de derechos humanos y de normas internacionales", señaló Martínez. A la vez, recordó que los productores son nacionales y no se les está permitiendo vivir en su país.
Las detenciones arbitrarias seguida de destierro envían un mensaje a los músicos nicaragüenses considera Carrión, pero no es exclusivo para el gremio, sino que todo aquel que se atreva a seguir levantando la voz y defender los derechos en el país está expuesto a ese tipo de represalias. “La medida es propia de un estado de terror, la medida es para aumentar los niveles de miedo de ese estado de terror, de ese estado policíaco que ya tiene cuatro años”, señaló el defensor.
