25 de abril 2022
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Cuatro años después del estallido de la Rebelión de Abril en 2018, aún no se ha logrado alcanzar el objetivo que los obispos de la Conferencia Episcopal definieron en el Diálogo Nacional como “la democratización de Nicaragua”. En las calles y en las barricadas, el pueblo autoconvocado exigió la salida de Daniel Ortega y Rosario Murillo del poder y elecciones libres, y hasta los grandes empresarios que cogobernaron con Ortega entre 2009 y 2018, demandaron en una carta pública a finales de mayo de 2018 “elecciones anticipadas”, con un “Consejo Supremo Electoral renovado”.
Entre el 18 de abril y el 30 de mayo de 2018, la insurrección cívica, sin ningún apoyo de la comunidad internacional, cambió de forma radical el balance del poder político interno en el país. Una nueva mayoría, azul y blanco, desató un formidable torrente de fuerzas sociales que se unieron en rechazo a la brutalidad de la represión estatal, mientras el reclamo de las víctimas y el Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA implantaron en la agenda nacional la demanda de verdad y justicia sin impunidad. En las multitudinarias marchas cívicas, en la toma de los campus universitarios, en las barricadas en las ciudades y en los tranques en las carreteras, en los antiguos bastiones políticos sandinistas, en los paros empresariales, y en el Diálogo Nacional, el país se unió para demandar un cambio democrático y el fin de la dictadura.
En esos 50 días, la insurrección cívica le arrebató al régimen uno de sus principales pilares de apoyo social: el control político de los estudiantes en las universidades públicas y provocó, por las vías de hecho, la ruptura de su alianza económica con los grandes empresarios, que le otorgaba legitimidad política a una dictadura, sin democracia ni transparencia. Fueron dos golpes severos que debilitaron los soportes del consenso social autoritario, sin embargo, pese a quedar en minoría política y perder el control de las calles, Ortega mantuvo intacto el control del Estado-partido y reforzó su poder sobre la Policía y el Ejército, desatando un nuevo baño de sangre en la segunda ola represiva de junio y julio en 2018.
En los siguientes 50 días, Ortega sepultó la expectativa de una negociación para dirimir los términos de la transición democrática, según la propuesta del Diálogo Nacional que le transmitieron los obispos, y cerró el espacio político con el despliegue de sus fuerzas policiales y paramilitares. La fatídica “operación limpieza” dejó centenares de muertos y presos políticos y miles de heridos, forzando a decenas de miles al exilio, hasta que el 19 de julio Ortega se autoproclamó vencedor y justificó la matanza, alegando que el movimiento autoconvocado había intentado darle un “golpe de Estado”. Irónicamente, al atribuirle a un movimiento que surgió de forma espontánea, sin organización ni estrategia, un supuesto plan conspirativo para asaltar el control del Estado, la dictadura más bien puso en evidencia que la principal carencia del movimiento azul y blanco era su falta de conducción política estratégica.
Ortega se atornilló en el poder, imponiendo un estado policial, pero perdió la batalla política. Cuatro años después, tras cancelar la opción electoral en noviembre de 2021, el dictador ordena y manda, pero no logró restablecer las alianzas con las que gobernaba hasta antes de abril de 2018, mientras el movimiento autoconvocado, descabezado en su liderazgo, sigue resistiendo en la cárcel, en la sociedad civil, y en el exilio, sin aceptar la “normalidad” de la dictadura.
La pregunta clave es si el régimen logrará consolidar su dictadura totalitaria, pese al repudio nacional y su creciente aislamiento internacional, o si la resistencia cívica tiene capacidad para relanzar las banderas de la Rebelión de Abril, ahora en condiciones aún más adversas.
Las posibles respuestas a esta disyuntiva, de por sí marcadas por la incertidumbre, demandan una conversación nacional sobre el “espíritu de abril” y las lecciones de la insurrección cívica.
1- La “normalidad” de una dictadura totalitaria
La primera conclusión que se desprende de la escalada represiva del régimen contra la Rebelión de Abril es que lo vivido hasta hoy es solamente un ensayo del terror, en el que aún no hemos visto lo peor. Estamos ante un régimen personalista empeñado en imponer una dictadura totalitaria, que nunca ha respondido a los incentivos del diálogo político o del “apaciguamiento” diplomático, sino únicamente ante la presión política extrema.
La pareja presidencial, que según el GIEI debería ser investigada por su responsabilidad en la violencia de Estado, tipificada como crímenes de lesa humanidad, ya quemó todas sus naves en un salto hacia el vacío, con una mayor radicalización política. El peor escenario posible, por lo tanto, aún no ha ocurrido. Ortega y Murillo dinamitaron sus puentes al liquidar las elecciones de 2021, eliminando la competencia política, y sellaron su autoaislamiento ante la comunidad internacional, al abrazar una alianza con la Rusia de Putin, China, Cuba, Venezuela, Irán y Corea del Norte.
Desde el fracaso de las votaciones de noviembre su único norte ha sido la radicalización: la tortura, los juicios espurios y las condenas a los presos políticos en la cárcel; la eliminación de más de 168 oenegés de la sociedad civil; la confiscación de universidades y medios de comunicación; la expulsión de tres embajadores y el representante de la Cruz Roja Internacional, y el asalto a la sede de la OEA en Managua, confirman una nueva deriva autoritaria que conduce a un túnel sin salida.
En consecuencia, con Ortega y Murillo no hay vuelta a la normalidad, sino más bien un statu quo de estado policial, sin libertades democráticas, en el que intentan imponer una dinastía familiar, a costa del deterioro creciente de la economía y del tejido social del país, que seguirá expulsando todos los días a miles de migrantes.
La opción de la resignación o el sometimiento, “esperar y ver”, implicaría contemplar el derrumbe nacional en cámara lenta, esperando ilusamente que la burbuja económica en el ámbito del sector privado se mantendría inoculada de la deriva dictatorial y de la condena internacional. Por el contrario, la decisión de ponerle límites y frenos a la tiranía para recuperar gradualmente las libertades, entraña riesgos que hay que sopesar, pero sobre todo requiere la unidad en la acción de todas las fuerzas vivas del país y de la comunidad internacional. Es el único camino que permitirá acumular mejores condiciones políticas para presionar por el cambio y conquistar, a mediano plazo, la suspensión del estado policial y la salida de Ortega y Murillo del poder, para iniciar la transición democrática.
2- ¿Una insurrección cívica sin conducción política?
La Rebelión de Abril fue un movimiento de protesta inédito en la historia nacional, una insurrección cívica extraordinaria, por la diversidad y la amplitud de las fuerzas que participaron; sin embargo, careció de una conducción política para ejecutar las acciones y estrategias para desplazar a Ortega y Murillo del poder, en el momento decisivo. Ciertamente, sí hubo coordinación y diálogo entre las distintas fuerzas de los movimientos autoconvocados, los estudiantes universitarios, el movimiento campesino, y los gremios empresariales, pero no una conducción estratégica para decidir cuándo y cómo mantener el pie a fondo en el acelerador para presionar al máximo al régimen en sus momentos de mayor debilidad política.
En las movilizaciones en abril de 2018, nadie preguntó por un líder o un candidato presidencial para desplazar a Ortega del poder, lo que se necesitaba con urgencia era un Comité de Lucha o un Comité de Salvación Nacional para dirigir la insurrección cívica.
En junio de 2021, cuando la oposición intentaba escoger por consenso un candidato presidencial único, aunque sin garantías para unas elecciones libres, nuevamente faltó una conducción política para evitar el divorcio entre la apuesta electoral y la resistencia cívica.
Cómo reorganizar hoy esa conducción cívico-política, después de la redada masiva de junio y julio 2021 cuando el liderazgo opositor está en la cárcel, representa el mayor desafío para la oposición en los territorios y en el exilio. El rechazo a la farsa electoral del 7 de noviembre, al que se sumaron los empleados públicos, fue un primer campanazo de protesta, pero la eficacia de la oposición dependerá de su capacidad de conectarse de forma permanente con las demandas de la población afectada por el deterioro de sus condiciones de vida, el empobrecimiento, y el robo causado por la corrupción pública.
3- El vínculo entre la protesta nacional y la presión internacional
Entre mayo y junio de 2018, cuando mayor era la presión política nacional contra el régimen Ortega Murillo, la presión internacional en Estados Unidos, la OEA, y la Unión Europea era más débil, o casi inexistente.
Cuatro años después, la situación es completamente inversa: la condena internacional y la presión externa crecen, mientras la resistencia está aplastada por el estado policial. Más de 50 países han declarado la ilegitimidad de las elecciones del 7 de noviembre y más de 60 altos funcionarios del régimen, y algunas instituciones y empresas como la Policía, el Ministerio Público, el Consejo Supremo Electoral, Telcor, BanCorp, DNP Petronic, han sido objeto de severas sanciones internacionales. Sin embargo, la presión externa no ejerce una incidencia directa para restablecer las libertades democráticas. En marzo de 2019, en el segundo Diálogo Nacional, Ortega se comprometió ante los testigos internacionales de la OEA y el Vaticano a suspender el estado policial. Pero no solamente no cumplió, sino que lo reforzó con las leyes represivas y la captura de los rehenes electorales, instaurando un patrón de impunidad internacional.
La evidente falta de sincronía entre la presión externa y la presión nacional enseña, además, que la comunidad internacional no puede compensar la debilidad de la oposición, bajo el ataque de la dictadura. La presión externa es necesaria para incentivar el fortalecimiento del movimiento prodemocracia, pero no puede sustituirlo y menos aún pretender microadministrar a la oposición con una visión cortoplacista, poniendo en riesgo su propia legitimidad y credibilidad.
La comunidad internacional también está destinada a jugar un rol aún más importante y estratégico en la reconstrucción democrática, después de la caída de Ortega y Murillo. En la Nicaragua posOrtega, la transición democrática no puede fundarse en otra amnistía, sino en la justicia sin impunidad. Desmantelar la dictadura implica realizar una reforma total en la Fiscalía, la Policía, el Poder Judicial, y la Contraloría, y al mismo tiempo desmontar y procesar a las mafias que están incrustadas en el Estado con una Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad, lo cual solo será posible con una asistencia extraordinaria de la comunidad internacional a través de la ONU.
4- Las fisuras internas del régimen: Los servidores públicos, civiles y militares
La persistencia de la dictadura después de la matanza de abril ha puesto sobre el tapete la relevancia que tiene para Ortega mantener el control del Estado y el partido de Gobierno, la Policía, el Ejército, los paramilitares, y una política tributaria extorsiva, para financiar su presupuesto. Ortega ha destinado cuantiosos recursos para alimentar con prebendas económicas a una cúpula corrupta que se encuentra al frente de todas estas instituciones. Sin embargo, cada vez es más evidente que el ejercicio de un poder familiar centralizado con altos grados de corrupción, está generando más tensiones y fisuras entre los servidores públicos, civiles y militares.
La vigilancia política que Ortega y Murillo ejercen sobre los generales del Ejército y la Policía, los ministros y magistrados, los diputados, alcaldes, y secretarios políticos, revela un estado de absoluta de desconfianza en un sistema que está unido, no por la ideología, sino por el temor a la purga y la represión, y a perder la prebenda económica.
Los servidores públicos que también son rehenes de Ortega y Murillo, representan una fuerza social imprescindible en cualquier solución nacional, que ha sido reconocida por la oposición. La disidencia interna en el FSLN, el malestar entre los empleados públicos, civiles y militares, y los costos internos de la corrupción generados por la familia Ortega Murillo, están generando un agotamiento del proyecto dictatorial.
Con Daniel Ortega, la única salida para sus partidarios es la promesa de una dictadura dinástica como la de Somoza Debayle en julio de 1979. En cambio, la hoja de ruta de una salida democrática es larga y compleja, pasa por la liberación incondicional de los presos políticos, el retorno de comisiones internacionales de derechos humanos, la gestión de la Comisión de Expertos internacionales de la ONU, la suspensión del estado policial, y la celebración de nuevas elecciones, sin Ortega y sin Murillo.
Mientras tanto, renunciar a cualquier acción de resistencia cívica, representa el principal aliado de Ortega para seguir prolongando su fracasada dictadura.
