25 de abril 2022
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Tras la sentencia del tribunal de La Haya, en favor de los intereses nicaragüenses en el Mar Caribe, el abogado internacional Paul Reichler, exasesor legal de Nicaragua ante la CIJ, fue de los primeros en catalogar el fallo como “otro triunfo histórico de Nicaragua ante la Corte”.
En una entrevista con el programa Esta Semana, Reichler explicó el alcance y la importancia del veredicto de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) —el principal órgano judicial de Naciones Unidas—, que determinó que Colombia violó las aguas territoriales de Nicaragua.
“Controlar esas aguas es muy importante económicamente, sobre todo por los pescadores nicaragüenses que ahora pueden ejercer su derecho a pescar libremente en aguas nicaragüenses”, destacó el abogado, quien sirvió a Nicaragua en la CIJ durante más de veinte años hasta su renuncia, el 2 de marzo pasado, en la que aseguró que su “conciencia moral” le exigía cortar lazos con Daniel Ortega.
El presidente nicaragüense celebró públicamente el fallo de la Corte y exigió a Colombia acatar la sentencia en “aras del respeto al derecho internacional”. Sin embargo, el régimen de Ortega ha incumplido reiteradamente los compromisos internacionales que tiene Nicaragua con el respeto de los derechos humanos, una materia que también hace parte del derecho internacional.
Para Reichler, “los Estados no tienen derecho de seleccionar cuáles principios del derecho internacional aceptan y cuáles no. En el caso de los derechos humanos, por ejemplo, Nicaragua desconoce totalmente el derecho internacional”.
El experto subrayó que “desde la década de los ochenta del siglo pasado hasta los últimos años, la reputación y la imagen de Nicaragua en el mundo, era de un país promotor, protector y defensor del derecho internacional”, aunque “este Gobierno, en los años recientes, y más que nunca ahora, ha abandonado totalmente estos principios, esta imagen y esta reputación; ahora ha adoptado la actitud de un bandolero internacional”.
Usted catalogó el nuevo fallo de la Corte Internacional de Justicia, en el caso de Nicaragua contra Colombia, otro triunfo histórico de Nicaragua ante la Corte. ¿Por qué?
Porque la Corte falló que Colombia violó los derechos soberanos de Nicaragua, en las aguas que la misma Corte declaró que ya pertenecían a Nicaragua, en su fallo de noviembre de 2012. Ese fue un fallo unánime por parte de la Corte, diecisiete a cero en 2012, definiendo la frontera marítima entre Nicaragua y Colombia.
Colombia desafió a la Corte y declaró que no iba a cumplir con la sentencia de la Corte, y envió su Armada Naval a las aguas de Nicaragua. La Armada patrullaba y ejercía funciones policiales dentro de las aguas de Nicaragua; autorizaron barcos de pesca de Colombia a pescar en las aguas de Nicaragua, y prohibió a los barcos nicaragüenses pescar en aguas nicaragüenses, repetidamente entre 2013 y ahora.
Cuando Nicaragua protestó, los comandantes de los barcos colombianos declararon que Colombia no reconoce el fallo de La Haya; Colombia insiste en que estas aguas pertenecen a Colombia. Afortunadamente los comandantes de los barcos nicaragüenses grabaron todas estas comunicaciones, estas grabaciones tuvieron un impacto impresionante en la Corte. Escuchar las voces de los comandantes de la Armada de Colombia, declarando que esta Corte no tenía competencia para declarar que estas aguas pertenecen a Nicaragua, y que Colombia no reconoce la sentencia o la competencia de la Corte.
¿Qué significa, en términos prácticos, para Nicaragua ejercer su soberanía en esos espacios territoriales?
Es un asunto de defender la soberanía. Nicaragua desde el primer juicio contra Estados Unidos, en 1984, siempre ha sido fuerte en defender su soberanía, y en luchar contra las infracciones de su soberanía por cualquier otro país. Nicaragua ha sido exitoso en todos los casos: contra Estados Unidos, Costa Rica, Honduras, y especialmente, en años recientes, contra Colombia.
Pero más que el principio de defender su soberanía, controlar esas aguas es muy importante económicamente, sobre todo por los pescadores nicaragüenses que ahora pueden ejercer su derecho a pescar libremente en aguas nicaragüenses, derecho que fue negado por los colombianos por muchos años. Y además, Nicaragua ahora puede ejercer su derecho de prevenir la pesca por barcos no autorizados por Nicaragua, y de esa manera proteger los recursos vivos de su mar contra la pesca ilegal.
La sentencia de este 21 de abril, corresponde a uno de dos reclamos que Nicaragua realizó en 2013, que consideran que Colombia violó sus derechos en espacios marítimos, quiere decir que queda pendiente otro fallo. ¿Qué definiría ese fallo? ¿Cuándo saldría?
El otro fallo, que es el último pendiente, no tiene que ver con violaciones por parte de Colombia, tiene que ver con la delimitación del mar, más allá de 200 millas de las costas de Nicaragua. En el fallo de noviembre de 2012, la Corte delimitó la frontera marítima entre Nicaragua y Colombia, hasta una distancia de 200 millas náuticas de la Costa Atlántica de Nicaragua. Sin embargo, Nicaragua tiene un reclamo a una plataforma continental extendida más allá, hasta 300 o más millas de su costa. La Corte en 2012 no opinó sobre el reclamo de Nicaragua. Entonces, Nicaragua presentó otra demanda, separada, en 2013, para la delimitación entre Nicaragua y Colombia de las aguas, propiamente de la plataforma continental que existe, a una gran distancia de la costa, más de las 200 millas de la costa.
Este es un caso muy técnico y está pendiente. Yo participaba como uno de los abogados de Nicaragua hasta el fin de la fase escrita; como renuncié como abogado de Nicaragua, el 2 de marzo de este año, no voy a participar, ya no soy miembro del equipo legal. Esa audiencia todavía no se ha fijado, no hay fecha. Normalmente los fallos de la Corte se emiten entre seis y doce meses después de la audiencia oral. Entonces, todavía no sabemos cuándo la Corte va a fallar porque no tenemos fecha ni siquiera para la audiencia oral.
El presidente de Colombia, Iván Duque, dijo que no permitirá que Nicaragua limite sus derechos en el Mar Caribe ni los de la comunidad raizal del archipiélago de San Andrés y Providencia. ¿Qué se puede esperar que suceda tras este fallo?, ¿va a seguir el conflicto entre los dos países por el uso y navegación de la zona marítima en el Caribe?
El Gobierno de Nicaragua ha dicho, claramente, que está dispuesto a negociar un convenio: el Gobierno de Colombia, primero, reconoce la frontera marítima entre los dos países conforme al fallo de la Corte; y segundo, que Nicaragua, en el ejercicio de su propia soberanía, extiende derechos especiales a los llamados raizales, para mantener su práctica histórica de pesca artesanal en estas aguas.
Nicaragua siempre ha estado dispuesto a ser generoso frente a los raizales de San Andrés, pero siempre que sea Nicaragua quien autorizara sus derechos de pescar, y no Colombia, porque las aguas son de Nicaragua. Entonces, hay una solución a este problema: si las partes respetan el derecho internacional, si respetan los dos fallos de la Corte, pueden negociar un convenio de límites. Nicaragua siempre ha estado dispuesto a hacerlo, y realmente depende de Colombia cambiar su actitud y respetar el derecho internacional y, sobre todo, los fallos de la Corte.
Abandono de los “principios más sagrados”
El régimen de Ortega aplaude este fallo y se somete a la Corte Internacional de Justicia, pero ha desacatado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que le mandó a liberar a los presos políticos. ¿Puede el Gobierno actuar con discrecionalidad para decidir sobre cuándo y a quién acatar dentro de la ley internacional?
El Gobierno de Nicaragua ha sido muy selectivo en su acatamiento, en su respeto por el derecho internacional. Por casi cuarenta años Nicaragua ha defendido su soberanía y los principios de la Carta de la ONU y la Carta de OEA, ante la misma Corte; los principios que dicen que cada Estado es soberano; que ningún Estado puede violar la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de ningún otro Estado. Estos principios han sido sagrados para Nicaragua. Sin embargo, a partir del 26 de febrero de este año, Nicaragua abandonó totalmente sus principios más sagrados, al aplaudir la invasión rusa, sin provocaciones, de otro país soberano: Ucrania.
Rusia ha violado la soberanía, la independencia política, la integridad territorial de Ucrania, de la forma más manifiesta, más innegable. ¿Y cuál ha sido la reacción del Gobierno de Nicaragua? Aplauso para los rusos, la hipocresía. Es difícil de creer, un país que heroicamente y noblemente defendió su propia soberanía contra las violaciones cometidas por Estados Unidos en 1984, ahora está aplaudiendo violaciones iguales, hasta peores, por Rusia contra Ucrania. Ha tomado una posición realmente contraria a la posición correcta, legal, histórica y honorable, que había mantenido.
Los Estados no tienen derecho de seleccionar cuáles principios del derecho internacional aceptan y cuáles no. En el caso de los derechos humanos, por ejemplo, Nicaragua desconoce totalmente el derecho internacional y sus obligaciones bajo los varios convenios interamericanos; de muchas formas ha violado estas obligaciones legales. Obviamente, mantener cientos de presos políticos es una violación terrible e innegable.
¿Qué consecuencias tiene para la credibilidad del Gobierno acatar el derecho internacional, cuando le conviene, y violar el Estado de derecho y la Constitución en su propio país, como ocurre en Nicaragua?
La consecuencia es que la credibilidad del Gobierno es cero; es una vergüenza. Es una tragedia porque, desde la década de los ochenta del siglo pasado hasta los últimos años, la reputación y la imagen de Nicaragua, en el mundo, era de un país promotor, protector y defensor del derecho internacional, de la Corte Internacional de Justicia. Este Gobierno, en los años recientes, y ahora más que nunca, ha abandonado totalmente estos principios, esta imagen y esta reputación. Ahora ha adoptado la actitud de un bandolero internacional, en vez de un Estado responsable dentro del sistema de reglas internacionales.
Derechos humanos
Ortega acata a la Corte Internacional de Justicia, que es el principal órgano judicial de Naciones Unidas, pero ha violado convenios internacionales sobre la tortura, expulsó del país a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos. ¿Existen cláusulas en el derecho internacional sobre este doble estándar de los Estados y cómo proceder al respecto?
Existe un cuerpo de reglas que llamamos el derecho internacional consuetudinario y derecho internacional general; ambos cuerpos del derecho internacional, convencional y consuetudinario, son igualmente obligatorios. No es consistente con el derecho internacional seleccionar las reglas con que un Estado va a cumplir, y las reglas que no le gustan, que las va a rechazar.
Como abogado no es conveniente opinar sobre alguna acusación de violación o no, sin estudiar los hechos y aplicar los principios apropiados. Pero lo que podría decir es que los convenios interamericanos, que son obligatorios para todos los Estados firmantes, incluso Nicaragua, claramente han sido violados, y siguen siendo violados cada día, en la represión, en la violencia contra la población de Nicaragua; en tomar y tener presos políticos; en los procesos judiciales que no es nada mas de una farsa, la negación del debido procedimiento, la tortura, el maltrato y otras formas de maltrato de los presos políticos; la represión de todos los medios de comunicación. Todas estas son claras y terribles violaciones de los derechos humanos protegidos por convenios interamericanos, que Nicaragua es firmante.
¿Qué lugar ocupan los derechos humanos en el derecho internacional? ¿Puede el Gobierno alegar un asunto de supuesta soberanía para violar los derechos humanos de su propio pueblo, pasando, incluso, por encima de convenios internacionales que ha suscrito?
No. Los derechos humanos ocupan un lugar de primer orden en el derecho internacional, y si revisamos el desarrollo del concepto y de los principios de derechos humanos, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, el respeto para los derechos humanos de los ciudadanos ha ocupado un lugar cada vez más importante en el derecho internacional.
La soberanía y los derechos humanos ocupan un plano igual. No se puede invocar soberanía para violar los derechos humanos. Los derechos humanos reconocidos en los tratados, convenios internacionales. Cuando un Estado como Nicaragua, por ejemplo, firma un convenio interamericano sobre la protección de los derechos humanos de sus ciudadanos, esta obligación es igual, tiene fuerza igual a cualquier otra obligación o derecho internacional, y el Estado está, queda obligado a cumplir con esas obligaciones.
