La amenaza a las redes sociales en países de América Latina

Gustavo Beliz, secretario de Asuntos Estratégicos de Argentina, causó un gran escándalo con su propuesta. A principios de abril, el funcionario sorprendió a todo el mundo en una reunión del Consejo Económico y Social, cuando dijo que el Gobierno de ese país estaba trabajando en un “estudio pionero” para legislar el buen uso de las redes sociales y que dejaran “de intoxicar el espíritu de nuestra democracia”. En un cable, la agencia de noticias Efe se mostró suspicaz y se preguntó si ello no se convertiría en “una especie de mordaza”.

El periodista argentino Lalo Zanoni, experto en tecnología y consultor de estrategias de comunicación, piensa que Beliz cometió un error muy grave en la manera como anunció la propuesta. “No se entiende bien hacia dónde apuntaban o qué quieren hacer. Después se dijo que fue solo para debatir”. Sin embargo, mira de manera positiva la reacción que hubo ante el anuncio porque muestra que la gente no está dispuesta a tolerar ninguna cortapisa sobre la libertad de expresión.

Este episodio reavivó un debate que ha estado presente en muchos países de América Latina: ¿controlar o no las redes sociales? Varios Gobiernos del subcontinente han sufrido esta tentación y han presentado proyectos de ley que no han tenido éxito. Por ejemplo, a principios de 2021, un senador mexicano propuso exigir a las redes de más de un millón de usuarios, como Facebook, Twitter, Instagram y TikTok, pedir autorización a un organismo del Estado para ofrecer sus servicios. Además, contemplaba la eliminación de cuentas que difundieran noticias falsas, mensajes de odio, que pudieran provocar algún tipo de delito o que afectaran los derechos de los menores de edad.

Regular las redes sociales no es sinónimo de censurar, al contrario. La iniciativa que presentaré ante el @senadomexicano pretende garantizar la libertad de expresión y el derecho a la información. Conoce más en la entrevista con @MarioCNN, para @CNNEE. https://t.co/nskYzuMmTe

— Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) February 4, 2021

Entre otros países, Chile y Bolivia se han subido a este barco; en este último, se han presentado al menos seis proyectos de ley por el uso inadecuado de las redes sociales. En Perú también se propuso prohibir el uso de lenguaje nocivo y violento en las redes sociales, así como el acceso a los menores de 14 años. Actualmente en el Congreso, la izquierda brasileña tramita un proyecto de ley que el mismo presidente Jair Bolsonaro calificó como el “inicio de la censura en ese país”.

En algunos casos el control de las redes ha sido real. En un estudio titulado “Social media censorship tracker”, la firma Surfshark informa que, a nivel global, 72 países han bloqueado o restringido el acceso a las redes sociales de manera permanente o esporádica en los últimos siete años. Entre enero y abril de este año se presentaron los casos más recientes en Sri Lanka, Rusia, Zimbabue, Burkina Faso, Líbano y Kazajistán. En América Latina, el documento señala a seis países que han incurrido en este tipo de prácticas, entre los que se encuentran Cuba, Brasil, Ecuador y Venezuela.

Do you think governments should have the power to block or restrict access to #socialnetworks or communication apps? According to @surfshark, at least 71 countries worldwide have done just that since 2015.

— Statista (@StatistaCharts) January 18, 2022

En diciembre de 2021, Human Rights Watch (HRW) denunció que, en El Salvador, el Gobierno de Nayib Bukele bloqueó 91 cuentas en redes sociales, “la mayoría en Twitter”, entre las que se encontraban periodistas, abogados, activistas y ciudadanos del común. Esta “parece ser parte de una estrategia más amplia del Gobierno para silenciar críticos y reducir la transparencia”, acusó HRW.

La tentación de líderes autoritarios o con visos autoritarios por tratar de controlar la información es tan antigua como el poder, explica Patricio Velasco, coordinador de metodologías y evaluación de proyectos en la organización chilena Derechos Digitales. Sin embargo, dice que lo significativo hoy en día “está justamente en las capacidades tecnológicas que ofrecen este tipo de plataformas”, agrega este investigador de derechos digitales.

Para Zanoni, las redes son un método de expresión y de identidad de las nuevas generaciones. “Los chicos no solo se expresan, sino que se comunican, venden, se conocen, opinan, compran bitcoin… lo que sea. No es solamente una cuestión de poder u opinar sobre un Gobierno o sobre un producto o sobre un servicio, sino que ellos nacieron en el mundo digital. Ningún Gobierno va a poder prohibirles nada y mucho menos el uso de una plataforma de red social, porque al otro día habría otra nueva, donde se garantizaría la libertad de expresión”, dijo a Connectas.

Por otro lado, las redes sociales también han tenido un papel fundamental para el ejercicio democrático en la región latinoamericana, ya que, a través de ellas, actores políticos, líderes religiosos y defensores de derechos humanos han podido comunicarse directamente con las audiencias, apunta la Friedrich Naumann Foundation en un texto titulado “¿La democracia en manos de las redes sociales?”.

Sin embargo, las redes sociales también desempeñan papeles oscuros en el escenario de la democracia. Esa organización, por ejemplo, critica el uso que los líderes populistas le dan a las redes sociales; le parece “preocupante”, porque ellos “se presentan a sí mismos como la principal fuente de información” y como quienes poseen “la verdad y la información real”. Además, producen contenido “y lo distribuyen a través de audiencias específicas, gracias a los algoritmos de las redes sociales y las campañas pagadas”. Con ello, señala, “es más fácil que puedan difundir información falsa o discursos que contribuyen al racismo, la xenofobia y el sexismo”.

En un texto titulado “Populismo y fake news”, la Fundación Juan March en España hace un breve aunque importante análisis sobre la crisis de la democracia representativa y el uso de las fake news en campañas de desinformación, que define como “fenómenos estrechamente relacionados”. Considera que la política tradicional pasa por una crisis de “desintermediación que afecta al papel de los partidos políticos”, que cada vez son más cuestionados “como instrumentos capaces de organizar y representar las demandas de los ciudadanos”. Además, señala que los medios de comunicación pasan por un mal momento por su cada vez más difícil rol “como intermediarios entre el poder político y la ciudadanía y formadores de opinión”. Esto último se debe principalmente al auge de las plataformas de información que van “orientadas a influir en el debate político”.

De la desinformación como arma para polarizar a la opinión pública y otros asuntos conversaron el director del thinktank @ECFRMadrid y columnista @elmundoes @jitorreblanca y Alejandro Romero, fundador de @AltoAnalytics. Aquí 8 claves sobre #fakenews: https://t.co/cIfdxZP0qd

— Fundación Juan March (@fundacionmarch) April 6, 2019

Según esta fundación, muchas de las plataformas “operan como agentes políticos encubiertos, se financian de forma opaca y diseminan noticias falsas con el fin de reforzar determinadas opciones políticas”. Señala, como ejemplo, las elecciones del expresidente de Estados Unidos Donald Trump y de Bolsonaro, además del Brexit. En estos casos, apunta, “las noticias falsas y los medios de comunicación alternativos, incluyendo los originados en Rusia o financiados y potenciados por gobiernos extranjeros” han jugado un papel relevante.

Sin embargo, pensar que son la principal y única causa del deterioro de la democracia es un error que nos va a llevar a un mal diagnóstico y a malas soluciones, sugiere el director de política pública de la ONG Access Now, Javier Pallero. Porque los eventuales controles legítimos para el mal uso de las redes no deberían afectar la libertad de expresión, fundamental para la transparencia del sistema.

¿Se puede encontrar una solución a este dilema? Pallero considera que sí, pero con un buen diagnóstico previo. “Luego, con participación social de todos los actores, las plataformas privadas y los políticos, por supuesto, que son quienes van a regular”. También dice que se necesita que participen los usuarios de internet, además de académicos que estudian estos fenómenos para, entre todos, buscar intervenciones adecuadas. Ello, dice, se debe “hacer con un bisturí, no con un hacha”.

Para Velasco, la labor del Gobierno debería ser la de informar y dejar que la sociedad manifieste libremente sus intereses críticos respecto del actuar de los gobernantes. Como dijo a la plataforma periodística Connectas, “cuestiones como la censura política son una línea roja que no se debería cruzar bajo ninguna circunstancia, aunque lamentablemente es un riesgo que existe”.

Algunos intentos por controlar las redes sociales no han sido recibidos con malos ojos. Por ejemplo, en marzo, el Consejo y el Parlamento de Unión Europea llegaron a un acuerdo sobre la Ley de Mercados Digitales, con el fin de hacer que este espacio virtual evite prácticas comerciales dañinas y fomente un mercado virtual equitativo y competitivo. La ley está dirigida principalmente a los llamados “guardianes de acceso”, es decir, empresas que tienen un volumen de negocios anual de, por lo menos, 7500 millones de euros en la Unión Europea en los últimos tres años. En caso de infringir las normas, podrían recibir multas de hasta un 10 por ciento de su volumen total de negocios en el mundo.

🆕 ¿Has oído hablar de la #LeyDeMercadosDigitales? Esta nueva normativa prevé controlar el poder de los gigantes tecnológicos utilizando la #legislación en lugar de largas investigaciones antimonopolio.

Vía: @euronewses#PONSCompliance #Compliance https://t.co/Ww7WkViUkc

— PONS Compliance (@PONS_Compliance) April 4, 2022

La Unesco también ha levantado la voz para instar a los Gobiernos a tomar medidas políticas que permitan la alfabetización mediática e informativa, es decir, “enseñar a todos los ciudadanos la diferencia entre la información fiable y verificada y la no verificada, además de animar al público a informarse en medios de comunicación independientes”.

Estas acciones clave, entre otras que propone la organización, podrían ayudar a proteger a los medios de comunicación independientes y la integridad de los periodistas. Y es que, para la Unesco, las redes sociales también representan una “amenaza existencial” para la supervivencia de los medios de comunicación profesionales. El escenario es preocupante, porque en el último lustro, señala el organismo, “tanto la audiencia de las noticias como los ingresos por publicidad han migrado en gran medida a las plataformas de internet”.

En el caso de los Gobiernos, Velasco recomienda que utilicen las redes a favor de la sociedad en su conjunto. Es decir que podrían emplear “la multiplicidad de canales digitales existentes para poder comunicar información pública de utilidad. A la vez, para ser también un canal de acceso abierto a los datos del Estado”.

La semana pasada la aparente imprudencia de un funcionario argentino sumó un capítulo más a esta serie de intentos de los Gobiernos por regular las redes sociales en defensa, según ellos, de la democracia y en favor de combatir la mala información. Una tarea difícil y delicada que no pueden intentar sin que en ello participe una sociedad civil que requiere información oportuna y responsable sobre cómo reconocer, no solo las fake news, sino a sus malos gobernantes.

* Miembro de la mesa editorial de Connectas.

** Cada semana, la plataforma latinoamericana de periodismo CONNECTAS publica análisis sobre hechos de coyuntura de las Américas. Si le interesa leer más información como esta puede ingresar a este enlace.