22 de abril 2022
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El 21 de abril de 2018, Daniel Ortega rompió su silencio tras las primeras 72 horas de la represión y masacre de su régimen en contra de los ciudadanos que se movilizaron, primero en rechazo a sus reformas al Seguro Social, y luego en un grito nacional para demandar justicia, libertad y democracia por los asesinados y los presos políticos.
Durante un discurso de aproximadamente una hora, en cadena nacional obligatoria de radio y televisión, Ortega no mencionó a las víctimas de la represión y matanza ejecutadas por la Policía y grupos paramilitares. En cambio, responsabilizó de la violencia a “pequeños grupos de la oposición” que calificó de “pandilleros”.
Desde entonces a la fecha, a lo largo de cuatro años caracterizados por sus largos períodos de ausencia mientras impone en Nicaragua un estado policial de facto, Ortega ha pronunciado 135 discursos y siete entrevistas a medios de comunicación o periodistas internacionales, enunciado –sin argumentos– que en Nicaragua hubo un “intento fallido de golpe de Estado” en su contra.
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CONFIDENCIAL analizó las 142 intervenciones públicas de Ortega entre el 21 abril de 2018 y el 21 de abril de 2022. Para este análisis se elaboró una base de datos con la transcripción de los discursos publicados en el diario oficialista El 19 Digital, y se identificó en cuántos de estos Ortega se refirió directa o indirectamente a la protesta, los manifestantes o –según él– los responsables del supuesto “golpe de Estado”.
También, se contabilizó la cantidad de veces que llamó “terroristas” y “golpistas” a los manifestantes y se registró cómo Ortega fue endureciendo su narrativa sobre el estallido social, justificando así el estado policial de facto en sus diferentes etapas, incluyendo dar las señales para la persecución política y la censura que continúan y se agravan a cuatro años de aquel estallido social.
“La conspiración”, según el discurso de Daniel Ortega
En su primer discurso, el 21 de abril de 2018, Ortega aseguró que estaba dispuesto a enmendar las reformas inconsultas a la Seguridad Social que desataron las protestas y entonces dejaban los primeros 19 de 355 muertos, cerca de un centenar de heridos y daños a comercios y otros inmuebles. También anunció su disposición a un encuentro con el sector privado, en un intento de regresar a su redil al Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), que rompió el “modelo de consenso” con Ortega y convocó a una marcha masiva para el lunes 23 de abril.
Desde la perspectiva de Ortega, aquellas protestas eran “una conspiración bien trabajada” y acusó –sin pruebas– que quienes protestaban eran “gente a la que le pagaban para que viniera a atacar a la Policía”, callando sobre cómo sus agentes disparaban contra la población, primero balas de goma y gases lacrimógenos, y luego con armas de fuego, incluso armamento de uso restringido del Ejército.
Días más tarde, Ortega calificó a los jóvenes, universitarios y ciudadanos en general como “golpistas”, “terroristas” y “vendepatrias” que atacaron y mataron a policías y sandinistas solo por ser afines a su Gobierno.
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En esta versión, que Ortega tejió a su conveniencia, su régimen es la víctima y no existen los ciudadanos asesinados con armas de alto calibre en pecho, cabeza y cuello, como se demostraron en investigaciones periodísticas y comprobaron los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos que recogieron testimonios de las víctimas. Según Ortega, la población fue manipulada por “agentes” de Estados Unidos o del “imperio”, dicho con sus propias palabras.
En total, Ortega sostuvo estas acusaciones en 72 de los 135 discursos oficiales y siete entrevistas que ha hecho desde el 21 de abril de 2018 al 21 de abril de 2022, cuando reapareció tras 28 días ausente para regodearse políticamente del fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya a favor de Nicaragua sobre Colombia, y nuevamente acusar a las autoridades de ese país de “ostentar el poder gracias al apoyo del narcotráfico”.
Según la versión de Ortega, Estados Unidos organizó y pagó a ciudadanos nicaragüenses para ejecutar un “intento fallido de golpe de Estado” en su contra, citando supuestos intentos similares contra el fallecido Hugo Chávez, en Venezuela, y Evo Morales, en Bolivia. Sin embargo, en sus discursos, Ortega no presenta ni una prueba, reduciendo su acusación al “intervencionismo yanqui” que pregona desde los años ochenta, cuando gobernó por primera vez.
Los “terroristas” y una ley para la persecución
A nivel mundial, los tres países con mayor índice de terrorismo son Afganistán, Irak y Somalia. Nicaragua, como el resto de Centroamérica, no reporta incidencia de terrorismo, según el Índice Global 2021, del Instituto de Economía y Paz, publicado en marzo de 2022. Sin embargo, en los últimos cuatro años, Ortega ha acusado de la Rebelión de Abril a supuestos “terroristas”, con un total de 75 menciones en sus apariciones públicas.
“Estamos librando en estas semanas, en todos estos días, librando una vez más una batalla por la paz. Por un lado, los sembradores de la cizaña que señalaba Cristo, por ahí andan sembrando la cizaña, sembrando las prácticas terroristas, para asesinar a los hermanos nicaragüenses”, dijo Ortega, en un discurso del 7 de julio de 2018 en una actividad que su régimen bautizó como “caminata para la paz”, mientras la Policía y paramilitares dirigían la sangrienta “Operación Limpieza” para eliminar los tranques y barricadas que la población había levantado para protegerse de los ataques de estos grupos que primero eran por la noche y luego fueron ejecutados también en pleno día.
Aquella fue la primera vez que Ortega usó el término “terrorista” para calificar las protestas y es el término más repetido en los últimos cuatros años, aunque no el único. En sus discursos, Ortega también se ha referido a los manifestantes como “golpistas” (18 ocasiones) y “vendepatrias” (12 ocasiones). También les ha llamado “traidores”, “demonios”, “sembradores de odio”, “peleles”, “asesinos” y “criminales”.
El uso de la palabra “terrorista” también fue un preámbulo de las acciones judiciales que el régimen emprendió contra la ciudadanía. Nueve días después del discurso de Ortega, el 16 de julio, la Asamblea Nacional, controlada por la bancada oficialista, aprobó la “Ley contra el lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva”, que fue utilizada para justificar la detención de 270 de los más de 800 presos políticos de ese año, según abogados defensores y reportes periodísticos.
El “odio” y la “paz”
De las 142 ocasiones en las que Ortega apareció públicamente en estos cuatro años, en 72 discursos se refirió a las protestas. En 54, lo hizo con referencias directas, sobre todo durante 2018, y en otras 18 de forma indirecta, culpando en los años siguientes a los manifestantes por contextos como la crisis económica o el impacto de la pandemia de covid-19 que su régimen intenta ocultar.
Entre abril y diciembre de 2018, Ortega compareció públicamente en 33 ocasiones y solamente en cuatro de ellas no se refirió a las protestas. De esas cuatro, tres ocasiones fueron actividades por las Fiestas Patrias y una fue en un breve discurso por la inauguración del paso a desnivel “Las Piedrecitas”, en Managua. En 2018, Ortega también brindó siete amplias entrevistas a medios internacionales como TeleSur, EuroNews, France 24 y la Agencia EFE, en las que evadió responsabilidades de su régimen y culpó a la oposición de aliarse con Estados Unidos para acabar con su mandato.
“Estas son las bandas que podría llamar paramilitares en Nicaragua. Son bandas organizadas por la derecha, auspiciadas por organismos de inteligencia, que vienen, lógicamente, desde los organismos de los Estados Unidos, y que son los que empezaron los ataques armados el 19 de abril; porque el 18 de abril (...) hubo unas protestas con incidentes menores”, justificó Ortega en una de ellas.
Al inicio, el discurso de Ortega sobre las protestas intentó tener un lenguaje conciliador o comprensivo. Dijo que había “derecho a protestar”. Sin embargo, Ortega nunca ordenó que cesara la represión o se desarmaran a los paramilitares que avanzaban junto con la Policía para ejecutar la matanza.
Por el contrario, Ortega fue escalando sus acusaciones y agresiones contra los manifestantes, declarando al Frente Sandinista y su Gobierno como víctimas, mientras su vicepresidenta, esposa y vocera, Rosario Murillo, daba la orden letal del “Vamos con todo” para ordenar la matanza que continúa en la impunidad.
El demoledor informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al que Ortega expulsó antes de su informe final en diciembre de 2018, concluyó que en Nicaragua hubo crímenes de lesa humanidad y señaló que los discursos de Ortega y Murillo pretendían generar una imagen negativa de la ciudadanía que se manifestaba, adoptando una posición de “víctimas” que justifica la “defensa”.
Así, el régimen primero minimizó a los manifestantes (cuando Murillo les llamó minúsculos, seres pequeñitos), para luego endilgarles intencionalidad negativa. Luego, les culpó de los hechos trágicos y criminales (al tiempo que les tildaba de delincuentes y pandillas) y les señaló de traicionar ideales y logros políticos del sandinismo (financiados por el imperialismo estadounidense), imponiendo una narrativa pese a las evidencias de violencia ejecutada desde el Estado.
De victimario a víctima
La primera vez que dio la cara tras el estallido social de abril, Ortega admitió escuetamente que los manifestantes eran jóvenes y estudiantes que usaban su derecho a protestar. “No se puede obligar a todo el mundo a pensar igual”, reconoció. Sin embargo, sugirió que había algunos manifestantes manipulados por partidos políticos de derecha, que usaban las redes sociales para engañar a la población. Pero no mencionó a los muertos hasta el día siguiente, cuando en un segundo discurso reiteró: “Esta protesta es normal, en cuántos países hay protestas cuando se dan estas medidas”, en alusión a la Seguridad Social.
La narrativa de Ortega fue cambiando semanas después. En el Diálogo Nacional, mediado por la Conferencia Episcolpal, aseguró que quienes estaban atrincherados en la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli, ahora cancelada por su régimen) eran “bandas paramilitares” que se dedicaban a robar y asesinar, mientras –según él– la Policía tenía orden de no responder, aunque para entonces el número de fallecidos por la represión se había elevado a más de 60, y varios de ellos eran de la Upoli, uno de los bastiones de la protesta.
Ortega tuvo otras tres intervenciones en las semanas inmediatas. Una el 30 de mayo, cuando se celebró el Día de la Madre Nicaragüense y la ciudadanía participó en la más masiva de todas las protestas en solidaridad con las madres de los asesinados, pero que su régimen reprimió con violencia, dejando otra veintena de muertos. La excusa de la Policía y paramilitares era que protegían a Ortega, que daba su discurso a varios kilómetros de distancia.
La otra aparición fue a mediados de junio, cuando recibió las credenciales del Nuncio Apostólico Stanislaw Waldemar Sommertag, a quien su régimen expulsó del país en marzo de 2022. Y una tercera el 7 de julio de 2018, cuando por primera vez llamó explícitamente “golpistas” a los manifestantes y afirmó que había un plan para quitarlo de la Presidencia. Días después, la Policía y paramilitares concluyeron la “Operación Limpieza”, disparando durante casi 24 horas contra los estudiantes atrincherados en la UNAN-Managua que se resguardaron en la parroquia Divina Misericordia y desmantelando las últimas barricadas en Masaya, Jinotega y Estelí. Entonces, Ortega pronunció un nuevo discurso, ahora desafiante, para dar por concluido el primer intento de Diálogo Nacional, e insinuar –por primera vez– que la Iglesia también era cómplice.
Su versión de abril
En su discurso del 19 de julio de 2018, Ortega describió su versión de la Rebelión de Abril que mantiene hasta la fecha. “Los que aparecieron no fueron los jubilados, no fueron los que están en el Seguro”, dijo, y reiteró “no fueron los asegurados, esos no protestaron, esos estaban de acuerdo con la Ley. Los que salieron a protestar fueron los grupos políticos de la derecha que han desconocido al Gobierno”.
Según Ortega, fue Estados Unidos quien organizó un golpe de Estado que inició con el incendio de la Reserva Biológica de Indio Maíz y cobró fuerza con las reformas al Seguro Social. “Ya ellos habían hecho varios intentos, varios intentos de lanzar una ofensiva como esa, pero todavía, digamos, estaban trabajando más, acumulando fuerzas, y ya en abril, a raíz de las Reformas del Seguro salieron a la calle a protestar”, afirmó.
Ortega aseguró que la base política del “intento de golpe de Estado” estaba radicada en Florida. “Ahí están los congresistas, ahí están los senadores, que sienten como que es un deber de ellos acabar con el sandinismo”, señaló. Y agregó que los organismos de derechos humanos inflaron las cifras de fallecidos al incluir muertes por otras causas y excluyeron a los muertos sandinistas.
“Los golpistas armados andaban en cacería de sandinistas, buscándolos en sus casas, asesinándolos, quemándoles las viviendas, saqueándoselas”, dijo, mientras en realidad miles dejaban el país por la persecución política del FSLN.
Tras presentar esta versión, Ortega comenzó un discurso descalificativo con quienes meses atrás se sentó en una mesa de diálogo. A los obispos que al principio dijo tenerles respeto y confianza, los señaló de “terroristas con sotana”; a los empresarios que encabezaron las negociaciones los acusó de llamar al “golpe”. Incluso, afirmó que la embajada de EE. UU. en Managua organizaba seminarios para sentar las bases del supuesto golpe. “Ellos organizan, becan, llevan a los Estados Unidos, los reúnen aquí y les dan formación a jóvenes”, reclamó.
De las 72 ocasiones en que Ortega se ha referido directa o indirectamente a la Rebelión de Abril a lo largo de estos cuatro años, en más de 40 ocasiones ha calificado las mismas como un “golpe de Estado”, sumando –desde su perspectiva– a supuestos culpables que luego son perseguidos o encarcelados. Su discurso también ha trascendido para ordenar la aprobación de leyes represivas, como la Ley Especial de Ciberdelitos o “Ley Mordaza”, que impone la censura y justifica condenas contra ciudadanos, periodistas y defensores de derechos humanos; la Ley de Regulación de Agentes de Extranjeros, que ha suspendido para justificar la persecución, vigilancia y cancelación de personerías jurídicas de al menos 164 asociaciones y fundaciones.
Sin embargo, en su discurso, Ortega no ha admitido ni una sola vez su responsabilidad o la de su régimen y simpatizantes por la masacre cometida contra las protestas. Según sus palabras “los criminales que propiciaron el enfrentamiento entre hermanos son los responsables de esas muertes (...) los responsables de estas muertes son ellos, los que financiaron este crimen, los que planificaron este golpe”, apadrinando la impunidad en la que continúan los cientos de asesinatos por la matanza que ordenó.
