15 de abril 2022
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La crisis política que atraviesa Nicaragua, desde hace cuatro años, continúa agravándose sin que nadie avizore una pronta solución. Después de las protestas masivas —que estallaron el 18 de abril de 2018— el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo pareciera haber inclinado la balanza a su favor y los principales líderes de las protestas están en la cárcel o el exilio y las víctimas continúan demandando justicia sin impunidad. Sin embargo, analistas y opositores coinciden en que Ortega solo gobierna con el poder de la represión y la persecución política, mientras el país sostiene su demanda de cambio, para fundar una nueva república.
Nicaragua ha atravesado un camino doloroso: la represión y masacre gubernamental que provocó la muerte de al menos 355 personas entre abril de 2018 y junio de 2019, según datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); el encarcelamiento de un millar de presos políticos, de los que más de 180 aún continúan en las cárceles orteguistas; el exilio de unos 100 000 nicaragüenses y la implantación de un Estado policial de facto.
Esto es lo que ha pasado con algunos de los protagonistas de la Rebelión de Abril de 2018.
Los jóvenes del #SOSIndioMaíz
El exilio ha sido la alternativa para muchos de los jóvenes que participaron en el plantón #SOSIndioMaíz, en la Universidad Centroamericana (UCA). Desde aquel 11 de abril de 2018, en que protestaron por primera vez para exigir respuestas al Estado sobre el incendio en la Reserva Biológica Indio Maíz, han sido víctima de represión y forzados a abandonar el país. A este grupo pertenecían líderes estudiantiles como: Lesther Alemán, quien encaró a Daniel Ortega durante el primer Diálogo Nacional y actualmente es preso político del régimen; Madelaine Caracas, quien leyó al mandatario la lista de los primeros 60 asesinados durante las protestas y actualmente está en el exilio; y José Alberto Montoya, quien en enero pasado publicó en Costa Rica su libro de cuentos sobre la represión en Nicaragua.
Jubilados vapuleados por la Juventud Sandinista
A los jubilados que fueron vapuleados por la Juventud Sandinista el 18 de abril de 2018 por protestar en contra de un paquete de reformas al Seguro Social, primero en León y luego en Managua, les tocó aceptar —once meses después— una reforma similar impuesta en medio de la crisis. En febrero de 2019 el Ejecutivo nicaragüense alegó que necesitaba recuperar la economía tras las protestas, que catalogó como un “intento fallido de golpe de Estado”, y envió las reformas a la Asamblea Nacional donde fueron aprobadas sin complicaciones. Los cambios incluyeron un aumento en la cuota patronal y de los trabajadores, modificó la fórmula para el cálculo de pensiones y eliminó el ajuste anual del 5% de su valor.
Estudiantes atrincherados
Centenares de estudiantes que se atrincheraron en la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), la Universidad Politécnica (Upoli) y la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua) se convirtieron en el objetivo a seguir por los simpatizantes del orteguismo. En 2018 fueron expulsados de sus carreras, en 2019 fueron encarcelados, procesados irregularmente y amnistiados; y en los años siguientes forzados al exilio. Cuatro años después, los líderes estudiantiles: John Cerna, Kevin Solís, Max Jerez y Lesther Alemán, están en las cárceles del régimen. Otros líderes estudiantiles como: Yaritza Mairena, Edwin Carcache o Ángel Rocha, fueron forzados al exilio, desde donde continúan su activismo político.
Las Madres de Abril y su demanda de justicia
Cuatro años después del asesinato de sus hijos, durante la brutal represión del régimen Ortega-Murillo contra las protestas de 2018, las Madres de Abril continúan reclamando justicia, verdad, reparación y no repetición. Su demanda no ha tenido eco en ninguna autoridad nacional y, a pesar de los múltiples llamados de la comunidad internacional, el régimen sigue ensañándose contra sus víctimas. Susana López, madre de Gerald Vásquez; Lizeth Dávila, madre de Alvarito Conrado; o Josefa Meza, madre de Jonathan Meza, son algunas de las Madres de Abril que están en el exilio. Quienes permanecen en Nicaragua son víctimas de asedio por parte de la Policía y simpatizantes del régimen.
Los empresarios que rompieron con el Gobierno
Los empresarios —que hasta 2018 mantenían una relación cercana con el Gobierno de Ortega— también han pagado por haberse sublevado. Primero, cientos de precaristas vinculados al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) se tomaron 9800 manzanas de tierras, según la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (Upanic). Luego, la Dirección General de Ingresos (DGI), la Dirección General de Aduanas (DGA) y las alcaldías ejecutaron un terrorismo fiscal contra las empresas formales. Finalmente, los líderes gremiales: José Adán Aguerri, Juan Sebastián Chamorro, Michael Healy y Álvaro Vargas, que representaban a la empresa privada en la Alianza Cívica, fueron encarcelados por los supuestos delitos de conspiración y traición a la patria.
Activistas y líderes de oposición
Otros rostros de las protestas de 2018 fueros los activistas y líderes de oposición como: Félix Maradiaga, Violeta Granera, José Pallais, Tamara Dávila, Ana Margarita Vijil, Suyen Barahona, José Antonio Peraza, Alex Hernández y Yader Parajón; quienes fueron encarcelados durante una ola de arrestos en el contexto electoral de 2021. Esta situación también obligó a exiliarse a activistas como: Ivania Álvarez, Jesús Tefel o Eliseo Núñez, quienes continúan su actividad política fuera del país. Los activistas que aún permanecen en Nicaragua se han alejado de la palestra pública en un intento de evadir el Estado policial de facto.
Médicos y trabajadores de la salud
El despido de trabajadores de la salud por brindar atención médica a los heridos durante las protestas de 2018 causó mucha indignación. Cientos de hombres y mujeres vistiendo batas blancas salieron a protestar exigiendo el reintegro laboral de sus colegas y posteriormente formaron la Unidad Médica Nicaragüense (UMN), desde donde ejercieron cierta incidencia política en la oposición. Sin embargo, cuatro años después, el régimen de Ortega sigue sin devolverles sus plazas de trabajo y quienes integraron la UMN son víctimas de asedio.
Periodistas
Varios de los periodistas, editores o directores de medios de comunicación independientes, que se destacaron con su cobertura sobre la represión en 2018, también están en el exilio, en la cárcel o con sus redacciones confiscadas. El cronista deportivo Miguel Mendoza; el propietario de 100% Noticias, Miguel Mora; y el gerente del diario La Prensa, Juan Lorenzo Holmann, son parte de los actuales 147 presos políticos del régimen. En 2019 también estuvo presa la periodista Lucía Pineda, quien ahora está en el exilio. También, el director de CONFIDENCIAL, Carlos Fernando Chamorro, tuvo que exiliarse por segunda vez para evitar ser encarcelado y procesado en un juicio político. Además, las salas de redacción de CONFIDENCIAL, 100% Noticias y La Prensa permanecen confiscadas.
Los autoconvocados
Entre las marchas multitudinarias varias personas autoconvocadas se convirtieron en símbolos de la protesta. El maratonista Alex Vanegas, quien fue arrestado cinco veces por correr con un cartel en la mano, se fue al exilio después de haber sido excarcelado en 2019; Socorro Matuz, conocida como “doña Coquito, que repartió el agua de su venta en las afuera del Seminario Interdiocesano Nuestra Señora de Fátima donde se realizó el primer Diálogo Nacional, ahora está muy delicada de salud y con varias enfermedades crónicas; Flor Ramírez, la señora del huipil, permanece bajo asedio policial; Colochos, que trasladó a los heridos en su motocicleta, se mantiene con perfil bajo para no ser identificado por los simpatizantes del régimen en un barrio de Managua.
El Movimiento Campesino
La lucha del Movimiento Campesino anticanal contra el régimen de Ortega inició cinco años antes de la Rebelión de Abril, pero sus miembros se unieron a las protestas masivas reclamando justicia para los asesinados en 2018. Esta situación ubicó a sus líderes en la mira de los operadores del régimen, quienes les dieron persecución hasta capturar a los actuales presos políticos: Medardo Mairena, Pedro Mena y Freddy Navas. Otros líderes del Movimiento como: Francisca Ramírez y Nemesio Mejía fueron obligados al exilio, dejando abandonadas sus tierras que desde 2013 venían defendiendo de la expropiación para la construcción de un canal interoceánico.
Sacerdotes
Los miembros de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) también jugaron un rol protagónico en 2018. Desde entonces han sido atacados por Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo. El cardenal Leopoldo Brenes; el obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez; el entonces nuncio apostólico, Waldemar Sommertag; y un grupo de sacerdotes de la Arquidiócesis de Managua, fueron vapuleados por turbas y paramilitares del régimen mientras intentaban mediar ante los ataques perpetrados en Carazo. El 6 de marzo pasado el nuncio apostólico abandonó su misión diplomática en Nicaragua bajo una fuerte presión política del orteguismo, y antes, en 2019 monseñor Báez salió del país a petición del papa Francisco para evitar un atentado en su contra. Los sacerdotes Edwin Román y Augusto Gutiérrez también están en el exilio.
Los representantes del Diálogo Nacional
De los representantes de la sociedad civil que se sentaron en la mesa del Diálogo Nacional con Daniel Ortega y su gabinete de Gobierno pocos quedan en el país o en libertad. Los empresarios y líderes estudiantiles actualmente son presos políticos del régimen. El académico Ernesto Medina se encuentra en el exilio, el exministro de educación Carlos Tünnermann sufre varias enfermedades crónicas que lo mantienen alejado de la palestra pública y a Sandra Ramos le fue cancelada la personería jurídica de la oenegé que dirigía. Además, entre los obispos que integraron la Comisión de Mediación estaban monseñor Bosco Vivas, fallecido en 2020, y monseñor Silvio Báez, exiliado desde 2019.
Defensores de derechos humanos
Desde la primera protesta en Camino de Oriente, los defensores de derechos humanos estuvieron denunciando la brutal represión contra los manifestantes y, a la postre, ellos también terminaron siendo víctimas. Primero el régimen expulsó del país a la misión de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), luego canceló y confiscó el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), después expulsó al Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que instaló la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Actualmente, la defensora de derechos humanos, María Oviedo es presa política del régimen y los defensores: Gonzalo Carrión, Wendy Flores, Juan Carlos Arce y Braulio Abarca, permanecen en el exilio.
Debido a la persecución política que existe en Nicaragua no ha sido posible citar en este reportaje a todos los líderes de la Rebelión de Abril de 2018. El Estado policial de facto impuesto por Daniel Ortega ha escalado hasta la celebración de juicios espurios en la cárcel El Chipote, donde permanecen decenas de opositores en condiciones infrahumanas.
