13 de abril 2022
AA
Share
El periodismo en Nicaragua estuvo bajo ataque una vez más del régimen de Daniel Ortega. Voces del Sur registró en marzo pasado 103 agresiones a la libertad de prensa, entre amenazas y difamaciones a periodistas, condenas a siete presos políticos vinculados al oficio y la confiscación ordenada por el poder judicial de las instalaciones del diario La Prensa, el más antiguo del país.
Según el informe, la mayoría de ataques a la libertad de prensa fueron dirigidas contra medios de comunicación (94), seguido de personas naturales (8) y uno que se enfrascó contra una organización gremial.
🗞️INFORME 🇳🇮 //En marzo, mes conmemorativo para los periodistas nicaragüenses, las violaciones a la Libertad de Prensa no cesaron; sin embargo, las personas de prensa expresaron su firmeza en seguir informando, fieles a la ética y responsabilidad. https://t.co/1g6y0rbcLG
— Voces del Sur (@VDSorg) April 13, 2022
“En el mes en que los periodistas nicaragüenses conmemoran su día nacional, las violaciones a la Libertad de Prensa no cesaron”, lamenta el informe que contrasta la actitud agresiva del poder con la de hombres y mujeres de prensa que siguen informando a sus audiencias, pese a las adversidades.
Voces del Sur dijo que en tres casos las víctimas de agresiones solicitaron que sus historias no fueran públicas para evitar mayores repercusiones, lo que explican se debe a que la denuncia ha sido criminalizada por el Estado.
72 periodistas al exilio en nueve meses
También sostienen que, entre junio de 2021 y marzo de 2022, al menos 72 periodistas y dueños de medios independientes se han visto obligados a irse al exilio.
Además de periodistas, otros profesionales han optado también por irse de Nicaragua para resguardar su seguridad, entre ellos algunos que colaboran con organismos no gubernamentales en áreas de proyectos o relaciones públicas.
“De igual manera, abogados que han brindado sus servicios a organismos o personas particulares reconocidas como opositoras han tenido que abandonar el país ante asedios, amenazas de encarcelamiento y cancelación de las autorizaciones que emite la Corte Suprema de Justicia para que puedan ejercer el oficio en el país”, agregaron, sin mencionar nombres.
El documento destaca la denuncia del periodismo Wilmer Benavides, a quien sujetos desconocidos amenazaron de muerte por su labor informativa, usando un lenguaje estigmatizante por su orientación sexual. También mencionan el caso de Jennifer Ortiz, directora del portal informativo Nicaragua Investiga, quien fue objeto de difamaciones por el oficialismo.
Las condenas mencionadas se dieron en concreto en tres casos. El primero es el de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, acusada por el supuesto delito de “lavado de dinero” por el régimen, en un proceso considerado por expertos como fabricado, dado que el Estado nunca pudo demostrar el delito.
Gracias al control del poder judicial, el Orteguismo condenó a ocho años de prisión a la expresidenta de la FVBC, Cristiana Chamorro Barrios, exaspirante presidencial a la que Ortega quitó la posibilidad de participar en las votaciones del año pasado en la escalada represiva con la que la dictadura eliminó la competencia electoral.
También impusieron penas a su hermano, Pedro Joaquín, exvicepresidente de la FVBCh—nueve años—, y los trabajadores administrativos Marcos Fletes y Walter Gómez — ambos a 13 años—, mientras al conductor Pedro Vásquez le dictaron siete años de cárcel.
Igual está el proceso del comentarista político Jaime Arellano, condenado a 13 años por el supuesto delito de “conspirar para cometer menoscabo contra la integridad nacional”.
En el caso del diario La Prensa, víctima del asedio del orteguismo, su gerente general, Juan Lorenzo Holmann, fue condenado a nueve años de prisión también por el supuesto delito de lavado de dinero. La jueza Nadia Tardencilla decidió también mantener las instalaciones del diario ocupadas por la Policía, quien se encuentran en el sitio desde agosto del año pasado.
“Con esta decisión adoptada por la jueza, al servicio del régimen; no solamente se violenta el derecho a la libre expresión, sino que también se transgreden otros derechos constitucionales, como el derecho a la propiedad privada, derecho al trabajo y la prohibición constitucional a la confiscación de bienes inmuebles”, sostiene Voces del Sur.
El informe cita las declaraciones del presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Jorge Canahuati, sobre la realidad nicaragüense. “Estamos enfrentando a una de las dictaduras más feroces de la historia latinoamericana”, lamentó.
La SIP es un organismo, formado por 1 300 publicaciones afiliadas en el Continente, que ha denunciado la brutalidad de la represión estatal, desatada por el régimen de Ortega y Murillo en abril de 2018 contra la sociedad en general y el periodismo independiente.
