14 de abril 2022
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El asilo Sor María Romero, que albergaba a 39 ancianos, cesó sus operaciones tras la cancelación de la personalidad jurídica de la Fundación para la Dignidad Humana Nicaragüense, una de las 25 oenegés que la Asamblea Nacional clausuró el pasado 17 de marzo, sin considerar el impacto directo en los beneficiarios de los proyectos que estas desarrollaban.
En una nota fechada el 6 de abril, la administración del asilo comunicó a los familiares de los ancianos que llegaran a retirarlos a la “brevedad posible, en virtud de la cancelación de personería jurídica decreto A.N. 8793”, publicado el miércoles 23 de marzo en el Diario Oficial La Gaceta. CONFIDENCIAL se comunicó con la dirección del asilo, pero dijeron que no están brindando entrevistas.
Según un reporte del medio digital Nicaragua Investiga, la Fundación para la Dignidad Humana Nicaragüense —creada por la expresidenta María Fernanda Flores y ahora presa política del régimen orteguista— era uno de los principales donadores del asilo Sor María Romero, cuyo cierre no solo afecta a los ancianos, sino deja en el desempleo a 13 personas.
Proyectos de agua potable quedan en el “limbo” por cierre del Centro Humboldt
En esa misma publicación de marzo de 2022, recién se conoció la cancelación de la personalidad jurídica de la oenegé, María Lourdes Chacón, gerente administrativa del asilo, dijo a Nicaragua Investiga que la “población más vulnerable son los ancianos de escasos recursos económicos, y no obviemos los que no tienen familiares que fueron recogidos de la calle, lamentablemente todo esto es muy triste, saber de que quedarían en el aire”, señaló.
Esta mañana, lo único que refirió Chacón a CONFIDENCIAL es que ningún anciano quedó sin protección.
El hogar de ancianos fue fundado el 30 de junio de 2004 y estaba ubicado en La Colinas, Managua. Como este asilo, decenas de ciudadanos fueron afectados con el cierre de las últimas 25 organizaciones de sociedad civil, que trabajaban en iniciativas de servicio social, desarrollo, ambiental y democracia.
Este fue el aviso emitido por el asilo Sor María Romero, que cerró sus puertas tras las cancelación de organización que les apoyaba.
Foto: Tomada de redes sociales
En semanas recientes, CONFIDENCIAL recogió el testimonio de pobladores que estaban felices de tener acceso a agua potable en sus comunidades gracias a un proyecto de Centro Humboldt, pero con el cierre de la oenegé, se quedaron en el limbo, sin saber cómo culminar la iniciativa. Los familiares de niños con labio leporino y paladar hendido, que eran beneficiados con cirugías gratuitas a través de Operación Sonrisa, tampoco saben qué sucederá con el tratamiento de sus hijos, tras el despojo de la personalidad jurídica a esa organización.
El cierre del asilo, los comunitarios sin agua y los padres a la espera de un tratamiento para sus hijos, son parte de los efectos directos provocados por el cierre de estas últimas 25 organizaciones. Sin embargo, no son los únicos casos, hay más, pero tanto la población como los exdirectivos de la oenegés temen hablar.
Desde 2018 a la fecha el régimen ha cancelado 143 organizaciones de sociedad civil, confiscando los bienes a más de diez, incluidas universidades privadas. Esta práctica fue legalizada con la aprobación de la nueva Ley general de Regulación y Control de Organismos sin Fines de Lucro (OSFL), aprobada con trámite de urgencia por la Asamblea Nacional el 31 de marzo pasado.
