13 de abril 2022
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Acercándose la fecha de la última visita a la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), El Chipote, los familiares de los reos de conciencia esperan con evidente ansiedad que suene el teléfono notificando la fecha del próximo encuentro, pero casi nunca ocurre en el mismo periodo. Sin un calendario de visitas y con respuestas evasivas por parte de los policías que reciben las botellas de agua diariamente, la espera se ha vuelto una tortura.
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“Nosotros estamos en un limbo de que no sabemos cuándo vamos a ver a nuestros familiares. Y eso nos preocupa más porque no sabemos si continúan en las celdas de castigo, sí se han enfermado, qué necesitan”, lamenta “Karla”, una familiar de preso político que solicitó anonimato para evitar represalias. Otro pariente al que llamaremos "Juan" por seguridad, dijo que al no conocer las fechas de visitas, la ansiedad se apodera de ellos por querer saber sobre el estado de salud de su preso político.
Durante once meses de encierro, los presos políticos en El Chipote han recibido apenas seis visitas de sus familiares. La espera más larga ocurrió tras sus capturas e imposición de prisión preventiva por noventa días para investigarlos. Sus parientes lograron volver a ver sus rostros y abrazarlos tras 95 días de angustia.
La sexta y última visita —del 17 al 19 de marzo— ocurrió después de 52 días de espera. Las anteriores han tenido una diferencia de 45, 41, 35 y la más próxima, 18 días. La impotencia es evidente entre los familiares que reclaman ver a los presos políticos regularmente, tal como lo establece la ley. “No es posible que estamos a la voluntad de dos personas, porque cada visita estamos claros que son aprobadas por la Rosario- Murillo- y Daniel- Ortega-. Nadie en este país tiene voluntad”, reclamó "Juan".
La prohibición de visitas regulares a los presos políticos en El Chipote viola el artículo 130 del reglamento de la Ley 473, Ley del Régimen Penitenciario y Ejecución de la Pena, que establece la periodicidad de las visitas familiares y conyugales para los internos ubicados en los diferentes regímenes cada 21, 15 y ocho días.
Mynor Curtis, abogado defensor de varios reos de conciencia, explica que se violentan el derecho del preso al no recibir visitas de sus parientes, y a la vez, el de los familiares al negarles el contacto con la persona condenada.
Al estar condenados y sin importar donde los reos de conciencia estén pagando sus penas -en este caso en El Chipote- tienen los mismos derechos que los otros presos políticos encarcelados en los diferentes penales del Sistema Penitenciario Nacional, agrega.
Sin embargo, hasta ahora, los familiares de los reos condenados en El Chipote viven en una incertidumbre “realmente terrible”. Así lo describe César Dubois, esposo de la expresidenta de Unamos y actual presa política, Suyen Barahona. Él no está en paz al saber las condiciones inhumanas en que se encuentra en El Chipote, “con una muy limitada alimentación, sin comunicación, atención médica limitada o inexistente, y los casos de aislamiento o en celdas de castigo, además del maltrato constante”.
Fotografías y requisas durante visitas a El Chipote
Cada visita es incierta. Al ingresar a la DAJ, un oficial revisa la paquetería que lleva el familiar y decide qué se ingresa y qué se regresa. Contrario al resto de penales, los familiares no pueden entregarles directamente los alimentos a los suyos y desconocen sí, en realidad, reciben todo los víveres que les llevan.
Sin la calendarización de visitas, “Karla” se ha auxiliado de una agenda de control, en la que anota las fechas de entrega de productos de aseo personal, y de esta forma, calcula lo que podría hacerle falta a su preso político según el número de días que transcurrieron desde la última visita. No es un método infalible, pero no hay otra opción ante el hermetismo.
Durante las primeras visitas a la DAJ, el despliegue de antimotines era exagerado. En los siguientes meses, la presencia policial disminuyó, narra “Karla”. Las requisas a los familiares dependen del oficial. Algunas son invasivas, mientras que otras, son más respetuosas, consideradas. Sin embargo, la toma de fotografías es una constante y en la última visita se convirtió en un requisito para ver a los presos de conciencia.
Antes que el microbús, en el que trasladan a los familiares hacia donde están los detenidos, partiera, un oficial les dijo a todos: “allá van a haber cámaras, el que tiene algún problema, dígalo ya y se queda y no ve a su familiar. No hay ningún problema”. El oficial nunca habló del derecho de toda persona a negarse a ser fotografiado, reclama “Karla”. Como es lógico ningún familiar protestó y aceptaron contra su voluntad, que los fotografiaran para poder ver a sus presos políticos.
“Nosotros nos sentimos incómodos a la hora de la fotografía, pero yo prefiero mil veces la foto que quieren y por lo menos, puedo saber como está mi familiar esas dos horas”, expresa "Karla".
Ella vive en zozobra por no saber sobre la salud física, mental y las condiciones en las que se encuentra su familiar. Se declara como una mujer de fe y encuentra consuelo en la oración. “Se lo pongo en manos de Dios, ¿Qué me queda? No puedo hacer nada, por más que yo quiera no puedo hacer nada”, dice con resignación.
Lo más duro para varios familiares y reos de conciencia que tienen hijos menores es que no permiten verlos. “Extrañamos siempre a nuestros familiares. En mi caso particular, mi hijo pregunta con frecuencia por Suyen, y puedo notar en su carita la tristeza, la incertidumbre y el gran vacío que siente”, relata Dubois.
Sin tener posibilidad que el pequeño de cinco años vea a su madre, “es como que murió, ni siquiera tuvimos tiempo de despedirnos. Tampoco nos han permitido ninguna comunicación con nuestro hijo, ni una carta, ni un dibujo. Si siquiera permitieron que Suyen viera la foto de nuestro hijo por un momento durante nuestro juicio. El trato que han dado a los y presas políticas ha sido extremadamente cruel. No existe justificación para este trato inhumano”, denuncia.
Este 12 de abril, la hija de la presa política Tamara Dávila pasó su cumpleaños número seis lejos de su madre. En un artículo de opinión, su bisabuela, María Josefina Gurdián, conocida como Pinita Gurdián calificó como "tortura, cruel e inhumano" que Tamara no haya podido ver a su hija durante los diez meses que lleva de encierro.
El defensor de derechos humanos, Gonzalo Carrión, explica que si bien todos los presos políticos han sido víctimas de arbitrariedades, “hay una especial saña” contra los reos de conciencia en El Chipote, que también sufren torturas. Que no les permitan visitas periódicas de sus familiares es una práctica más de ese trato.
