12 de abril 2022
AA
Share
Cinco meses después de promulgada la Ley de Reforzamiento de la Adherencia de Nicaragua a las condiciones para la reforma electoral o Ley Renacer, que habilitó al presidente Joseph Biden para incrementar la presión a Daniel Ortega, el politólogo nicaragüense Manuel Orozco, del Diálogo Interamericano, considera que “hay un sesgo muy grande entre lo que se dice y lo que se está presionando”.
Orozco, director del programa de Remesas, Migración y Desarrollo, dijo que si le tocara evaluar la implementación de la ley le daría una “D”, es decir casi reprobado, y explicó que hasta ahora se han producido diez sanciones desde enero cuando Ortega asumió su cuarto mandato consecutivo tras unas votaciones consideradas ilegítimas por la comunidad internacional.
El politólogo nicaragüense participó con Eric L. Olson, director de políticas estratégicas de la Fundación Internacional Seattle, en un panel de expertos para evaluar la implementación de la norma, junto a la abogada María Laura Alvarado, en representación de la juventud de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), con Javier Meléndez, director de Expediente Abierto.
El experto nicaragüense aseguró que no se ha dado una revisión de la participación de Nicaragua en el Acuerdo de Libre Comercio con Centroamérica y República Dominicana, conocido como DR-Cafta como establece la ley.
El politólogo Manuel Orozco, de Diálogo Interamericano. Foto/Carlos Herrera/Archivo Confidencial
Orozco enumeró las violaciones cometidas en el caso del tratado comercial como las violaciones a los derechos laborales de los nicaragüenses, la falta de acceso a la protección laboral por parte del Estado, igual que “extorsiones económicas” a negocios que operan en las zonas francas.
“Tampoco se sabe cuál es el informe sobre inteligencia y participación de parte de Rusia (en Nicaragua) y también a pesar de que la Administración (Biden) me ha dicho que es una prioridad para Estados Unidos liberar a los presos políticos, pues hay un sesgo muy grande entre lo que se dice y lo que se está presionando al respecto”, lamentó Orozco.
Orozco agregó que esta situación tiene mucho que ver con que nadie se esperaba la magnitud de la impunidad del régimen, que calificó como “barbárica” a partir de 2020, y afirmó que en este momento la administración Biden está entrando a una etapa de “reconsiderar cómo aumentar y aplicar” la norma.
En esa nueva etapa es posible, según el politólogo, que se observen cambios con un contenido político y mencionó la coordinación necesaria para la suspensión de Nicaragua en el seno de la Organización de Estados Americanos (OEA), donde está pendiente la aplicación del artículo 21 de la Carta Democrática, a la que están sujetos los países donde hubo una ruptura del orden constitucional.
Desde meses antes de las votaciones presidenciales del año pasado, la dictadura incrementó la represión llevando a la cárcel a 40 líderes, entre ellos siete precandidatos presidenciales, otros opositores, empresarios y dirigentes sociales, con los cuales sembró el miedo y eliminó la competencia electoral.
“Hay realmente una fuerte reacción de parte de la comunidad internacional, de parte de la sociedad civil, de un nivel de pasividad de la Administración Biden sobre la implementación de la ley, sino sobre la política exterior de Estados Unidos hacia Nicaragua, en función de lo que está pasando en toda la región”, opinó.
Olson: “sanciones legítimas, pero dispersas”
Para Olson, un veterano conocedor de la realidad de América Latina, exsubdirector del programa Latinoamericano del Wilson Center, las sanciones pueden ser legítimas contra los funcionarios del régimen de Ortega, pero se perciben dispersas.
Olson explicó que estas medidas suelen tener buenos resultados cuando se encuentran bien enfocadas y no apuntan a generalidades como plantear un cambio de régimen. Puso el ejemplo de Cuba, con sanciones que considera muy amplias, y el de Irán que buscaba una negociación del futuro de las armas nucleares de ese país.
“Siento que a veces por la desesperación que sentimos con el régimen Ortega- Murillo uno pide tirarle todo, sanción tras sanción, esperando que ellos caigan, que haya cambio de Gobierno, que haya más democracia en Nicaragua. El análisis que hay es que esto tiene poco éxito”, considera el funcionario de Seattle Foundation.
Olson agregó que las sanciones tampoco son la varita mágica que resolverán los problemas de Nicaragua y añadió que la solución dependerá de “la capacidad organizativa” de los nicaragüenses tanto dentro como fuera del país para crear un frente unificado que tenga el objetivo de dar voz a las necesidades de los nicaragüenses.
Por su parte, Orozco explicó que la ley Renacer fue diseñada para fortalecer los elementos relacionados con un proceso que condujera al país a tener unas elecciones libres e independientes el año pasado.
“Tratar de crear un ajuste de cuentas con diferentes instrumentos para que el balance de poder sea favorable hacia el movimiento democrático nicaragüense. En ningún momento hay la intencionalidad de remover a un régimen, a ningún líder, sea dictador o no”, expuso Orozco.
En ese sentido, se dotó legalmente a Biden de varias herramientas en la ley como la posibilidad de sanciones coordinadas con la comunidad internacional, el monitoreo de instituciones financieras internacionales a Nicaragua, sanciones a individuos involucrados en actos de corrupción u obstrucción de elecciones libres y lo que quizás despertó más la atención a nivel mundial: la posibilidad de una indagación a los negocios de la familia Ortega Murillo.
La sección 11 de la Ley Renacer se refiere a “apalancar y actuar” sobre la situación de derechos humanos y en otra parte de la norma se propone reportar las condiciones de censura y desinformación que hay en el país. “Hay una serie de cabos sueltos que faltan hilar. Formalmente no hay oposición, hay fragmentación, hay un espíritu azul y blanco, pero el régimen impera con mucha impunidad”, recalcó Orozco.
Alvarado, de la UNAB, expresó que la situación en que se encuentra la población, bajo una represión sistemática, una grave crisis económica y los efectos de la pandemia del covid-19.
En el caso de las estructuras partidarias, Alvarado dijo que enfrentan los retos de fortalecer sus canales de comunicación y diálogo con organizaciones de la diáspora, integrar un equipo disciplinario de expertos que apoyen en el cabildeo político para que se tomen medidas contra el régimen de Ortega, así como hacerle frente a la persecución de los liderazgos internos.
“Las sanciones deben permitir debilitar la estructura de represión instaurada por el régimen”, agregó Alvarado.
