10 de abril 2022
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Dos líderes de la etnia miskita denunciaron la muerte de más de 60 de sus hermanos desde 2016, a manos de colonos enviados desde otras zonas del país, para adueñarse de las riquezas naturales que abundan en esa parte del territorio nicaragüense.
“Hay más de 62 muertos”, dice Susana Marley, “Mamá Tara” (Mamá Grande), vocera de la Resistencia Indigena desde los años 80, originaria del territorio Wangky Maya, Cabo Gracias a Dios, exiliada en Costa Rica desde diciembre de 2021. “La última asamblea, del 21 de marzo 2021 en Waspam, Río Coco, declaró que hay 62 asesinatos de nuestros hermanos indígenas miskitus y mayagnas”, precisó.
Rudwell Rosales, líder territorial de 10 comunidades indígenas, originario del territorio Twy Yahbra, Puerto Cabezas, ratifica el conteo de Mamá Tara, explicando que 22 de ellos son muertes recientes, recordando a Johnny, un líder comunal asesinado en el sector de Sangny Line, o una lideresa que fue asesinada junto a sus hijos para invadir sus tierras.
"Hay un proceso de invasión a los territorios indígenas, sobre todo en la región del Caribe Norte de Nicaragua”, señala Amaru Ruiz, presidente de la Fundación del Río.
El experto detalló “una constante violación a sus derechos humanos, y un aumento en la invasión a esos territorios”, que los obliga a desplazarse hacia Honduras, Costa Rica, o hacia otras zonas y territorios miskitus en el norte de Nicaragua”.
No a la cohabitación
Los miskitos rechazan la política de ‘cohabitación’ con los colonos, y demandan al Estado nicaragüense que cumpla la Ley.
“Nos negamos rotundamente a la convivencia o cohabitación entre indígenas y colonos, debido al alto riesgo de etnocidio y a la impunidad vigente sobre los delitos contra la vida y el patrimonio comunitario. No se puede convivir con quienes han violado nuestros derechos, y buscan por todos los medios posibles arrebatarnos nuestro patrimonio comunal”, declaró la Asamblea.
“Desde que Ortega llegó al poder, implementó una política de cohabitación, una institución que llegó a restringir los derechos de las comunidades indígenas, que ya enfrentaban la expoliación de sus recursos naturales”, explicó Carlos Guadamuz, integrante del Colectivo de Derechos Humanos ‘Nicaragua Nunca Más’.
Jhoswel Martínez, director ejecutivo del Observatorio de Derechos Humanos, declaró que “los colonos armados invaden las tierras no para cosechar, ni para criar ganado como se creía al inicio: es para explotar recursos mineros”, añadió.
Ante ese panorama, la Asamblea indígena declaró que “no existen arreglos de ninguna índole entre las comunidades y los colonos para el arriendo de las tierras comunitarias. Las asambleas comunitarias no aceptarán ningún acuerdo sobre acceso a propiedad comunal al margen de la ley”.
Arroz, frijoles, un poquito de pollo…
Salir de Nicaragua fue una medida extrema que permitió preservar las vidas de los indígenas, pero las realidades encontradas fuera de sus territorios son muy variopintas.
Ruiz, de la Fundación del Río, explica que no se conocen datos acerca de cuántos han emigrado hacia Honduras o Costa Rica, pero entiende que quienes buscaron atravesar la frontera norte, tienen mayores facilidades de integración porque, básicamente, están entre los suyos.
En Honduras tienen mayores facilidades, porque todo ese territorio que colinda con el Caribe Norte, se llamaba la Gran Moskitia. La presencia de una nutrida población miskitu, les otorga mayor fluidez y facilidad para asentarse en esos lugares, incluyendo el hecho que pueden expresarse en su idioma.
“No es el caso de Costa Rica, país extremadamente caro para las condiciones de vida que ellos tenían en esos territorios, además que aquí no tienen los medios ni capacidades para trabajar la tierra o para pescar, que son sus principales actividades económicas”, dijo Ruiz.
Rudwell Rosales, el líder indígena recién llegado a Costa Rica, no puede trabajar por estar indocumentado, ya sea en lo suyo (estudió agronomía en la Universidad Agraria), o cualquier labor que le genere un ingreso. “Estoy pasando dificultades. Ahorita, por ejemplo, no tengo para el alquiler, y el dueño me orientó desalojar el cuarto”, relató.
El líder indígena Rudwell Rosales. Foto/Alejandra Padilla
“Si Dios lo permite y me estabilizo acá, pienso traer a mis hijas, a mi familia, porque allá corren peligro, cuando llegan a la casa y les preguntan por mí, exigiendo que les digan dónde estoy”, exclamó
Susana Marley vive una situación similar. Ella cruzó la frontera con Costa Rica a finales de 2021, en compañía de otras seis personas. Todos habitan una pieza de dos habitaciones, a un costo de 140 000 colones (215 dólares), donde ahora viven diez personas.
“Nuestra situación económica es que, si hallan chamba, (lavando y planchando ajeno, limpiando casas, lavando inodoros, cuidando propiedades), hay comida. Si no hallan chamba, no hay comida. A veces trabajan un día, pero no les pagan en la misma jornada. A veces se consiguen cinco mil colones, (unos 275 córdobas) a veces menos, pero cada día es más caro comprar arroz, frijoles, aceite, un poquito de pollo…”, graficó.
Denunciar, dentro y fuera
La tragedia de estas comunidades miskitas, no es desconocida para el sistema nacional e internacional de protección de los derechos humanos. Tanto Martínez, como Guadamuz y Ruiz, refieren los esfuerzos que han hecho para documentar los casos que les han sido comunicados, y ponerlos en conocimiento de las instancias supranacionales que tutelan estos derechos. Pero eso no ha servido para evitar más muertes.
Ruiz señala que los miskitos siguen reclamando el respeto a sus territorios indígenas y afrodescendientes, a pesar que la Ley 445, o Ley del Régimen de Propiedad Comunal, les garantiza la titularidad sobre sus tierras, además que el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Awas Tigni versus Nicaragua), manda al Estado a cumplir esa ley, en especial, en lo que compete a la etapa de saneamiento de esos territorios.
“Ese es un reclamo legítimo de las comunidades miskitus… indígenas y afrodescendientes del país. En el caso particular de los miskitus, vemos un aumento de las violaciones -incluyendo asesinatos y desplazamientos- a sus derechos tanto económicos como de seguridad, por lo que buscan otros lugares más seguros para vivir”, señaló.
Guadamuz, por su parte, recuerda que “desde el año 2015, la Comisión Interamericana otorgó medidas cautelares a seis comunidades indígenas de las doce que la solicitaron, porque eran agredidos, con la intención de desplazarlos para tomar sus tierras y sus recursos naturales”.
Desde que comenzó el Gobierno de Daniel Ortega, estas comunidades comenzaron a sufrir los resultados de la política de Estado llamada cohabitación, para seguir implementando el clientelismo político, prometiendo tierras que no tienen. Tierras, bosques, recursos que le pertenecen a alguien más: pertenecen a las comunidades indígenas”, sentenció.
“Desde 2020 hasta el momento, estamos hablando de más de 50 indígenas asesinados y un sinnúmero de personas lesionadas, donde también ha habido secuestros, asesinatos, impunidad. Son actos de terror, llegan a quemar las casas, a desplazar a las comunidades desde sus territorios”, complementó Guadamuz.
Es por eso que, desde el Colectivo Nicaragua Nunca Más, están documentando los ataques “en los mecanismos de protección de derechos humanos, la Comisión Interamericana, el sistema universal. Todos ellos cuentan con información de estas masacres”, aseguró.
Primero hay que salir del Frente Sandinista
Aunque el problema no comenzó con la llegada de Ortega al poder, las políticas del régimen sí profundizaron el sufrimiento de la nación moskitia, por lo que los expertos consultados expresaron su convicción de que parte de la solución, pasa por un cambio de Gobierno.
“Mientras esté el Gobierno del Frente Sandinista es prácticamente imposible que haya una solución al problema de los miskitus, porque ellos hacen y deshacen a su gusto; otorgan permisos a los mineros artesanales”, además de permitir que los colonos invadan las tierras indígenas con protección policial,” dijo Martínez, del Observatorio de Derechos Humanos.
Ruiz, de la Fundación del Río, observa que “ No podemos hablar de un cambio en su situación… si no hay un cambio político en el país, y en el nivel central, y eso pasa precisamente por salir de la dictadura Ortega Murillo”.
Mientras tanto, señaló que “la alianza de algunos políticos, sobre todo vinculados a las estructuras de Yatama con el Frente Sandinista, ha ido en detrimento de la autonomía de las comunidades miskitas, sobre todo del norte del país. Esa alianza los ha llevado a desmovilizarse, a ceder en muchos de los liderazgos y de las demandas del movimiento social que una vez fue, antes de convertirse en partido político”.
