13 de abril 2022
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El Faro cerró este 7 de abril su portada en protesta contra la ley mordaza aprobada en la Asamblea Legislativa. Es una medida extraordinaria en la vida de El Faro, y que tomamos ahora porque en el proceso antidemocrático, de concentración de poder y de persecución a los críticos emprendido por el grupo que gobierna con el presidente Nayib Bukele, la legalización de la censura es un un atentado contra las libertades de prensa y de expresión sin precedentes desde el fin de la guerra civil.
Las enmiendas al Código Penal, aprobadas de emergencia el pasado 5 de abril por la Asamblea de Bukele, castigan con hasta 15 años de prisión por informar sobre las pandillas, sobre sus víctimas y por ende sobre la violencia y el control que ejercen sobre una considerable parte de la población. Las reformas, además, ponen en riesgo de prisión a quienes informen sobre pactos entre políticos y pandilleros, y esto ocurre en un contexto en el que las negociaciones de este Gobierno han sido demostradas periodísticamente con documentos oficiales de la propia Fiscalía General de la República.
Estas medidas colocan a Bukele en el mismo club del dictador nicaragüense Daniel Ortega y sus pares Nicolás Maduro y Jair Bolsonaro, tiranos que para gobernar han necesitado reprimir toda crítica y todo reporte de la realidad que discrepe con la versión oficial.
Fue gracias a la prensa independiente que los salvadoreños supieron, hace una década, de la llamada tregua que la administración de Mauricio Funes pactaba con las pandillas; así como las negociaciones con fines electorales que sostuvieron Arena y el Fmln con estos grupos criminales. Y fue también el periodismo el que dio a conocer las negociaciones que desde hace casi tres años ha sostenido Bukele con las pandillas.
Los hechos parecen indicar que la reciente ola de homicidios tomó por sorpresa a Bukele quien, en apenas tres años, se ha hecho con el control de los tres poderes del Estado, la Fiscalía, la Policía, el Ejército, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y a la gran mayoría de jueces.
Pero incapaz, como lo ha sido siempre, de asumir sus responsabilidades, despotrica contra organismos internacionales de defensa de los derechos humanos, opositores, organizaciones de la sociedad civil y el periodismo. Pero los únicos responsables son los que han estado negociando acuerdos a espaldas de la población: el gobierno y las pandillas. Si algo demuestran sus operativos recientes en las comunidades es que en sus casi tres años de Gobierno tampoco hizo nada para mejorar la vida de esos salvadoreños, y que han permanecido como estaban antes de su llegada al poder: abandonadas por el estado salvadoreño y bajo control de las pandillas.
Bukele apostó su “plan de seguridad” a alcanzar acuerdos oscuros con las organizaciones criminales. Pero tras el macabro golpe de las pandillas dejando más de 80 cuerpos en las calles del país, el populista necesita ahora imponer su narrativa de hombre fuerte.
Bukele, que se presenta como diferente, que se escuda en que los demás son “los mismos de siempre”, ocupa la misma receta fallida que ya otros ocuparon: negociar en secreto, negarlo en público, reaccionar con violencia y supresión de derechos cuando eso tambalea. Todo eso ya lo hemos visto reiteradamente desde la administración de Francisco Flores y todo eso resultó en el año más mortal de este siglo en el país: 2015 y sus 103 homicidios por cada 100 000 habitantes.
Bukele necesita también responsabilizar a otros, y esos otros somos aquellos pocos que aún no ha podido callar. La legislación abre las puertas a que un periodista que haga públicas nuevas pruebas de las negociaciones de Bukele con las pandillas vaya por eso preso más de una década. ¿Quién gana al prohibir que se conozcan estos oscuros pactos? ¿Quién gana cuando un régimen se reserva el monopolio de la “información” a los ciudadanos?
Como mencionamos en el pronunciamiento que ocupó nuestra protesta en portada, en una democracia no es el poder quién decide lo que se publica y lo que no. Pero esta nueva legislación termina de desmantelar lo que quedaba de vida democrática en El Salvador y el régimen intenta ocultar por toda vía sus relaciones criminales y su corrupción.
No solo somos los periodistas los censurados y expuestos a penas de prisión tras las enmiendas del martes pasado. Son también las organizaciones de defensa de derechos humanos, artistas, investigadores, académicos y cualquier ciudadano que pretenda expresar opinión pública en la materia. Los salvadoreños han perdido también las garantías para el ejercicio de su derecho a informarse.
Legalizar la censura es un ataque gravísimo contra nuestras libertades y nuestros derechos. Uno que no puede ser parte de ningún proyecto político, o de nación, civilizado. Por eso protestamos esta semana. Y por eso seguimos haciendo periodismo y revelando lo que aquellos pretenden ocultarnos.
Entendemos que hoy una mayoría de salvadoreños aplaude las acciones del régimen y que en general no lo hacen por mezquindad, sino porque son ellos también resultado de un país injusto, de Gobiernos corruptos que los abandonaron y los conminaron a sobrevivir. Ahora, desprovistos de esperanza, se han entregado a un tirano y la emoción no deja espacio a la reflexión. Pero entre sus propios aplausos, todos ellos también han perdido ese derecho a saber y la libertad de expresarse. También por ellos rechazamos esta ley mordaza. También por ellos seguiremos trabajando, para que tengan la posibilidad, cuando la quieran, de informarse.
El periodismo no puede vivir si se le impone el silencio. Apelamos a los ciudadanos libres: defiendan sus derechos y su libertad. No se sometan a la censura. No abandonen al periodismo.
