8 de abril 2022
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La abogada Orieta Benavides, abogada de Cristiana Chamorro Barrios --precandidata presidencial y expresidenta de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, condenada por la justicia del régimen de Daniel Ortega-- denunció que todo el proceso judicial contra la Fundación por el supuesto delito de lavado de dinero, bienes y activos, “fue un manual de violaciones al debido proceso”. En el juicio político, también fueron condenados el exdiputado Pedro Joaquín Chamorro Barrios, el excontador Marcos Fletes, el exfinanciero Walter Gómez y el conductor Pedro Vásquez.
“Todo el procedimiento desde principio a fin estuvo plagado de nulidades y arbitrariedades. Se violentaron absolutamente todos los derechos y garantías procesales y constitucionales de cada una de las personas sometidas a este ilegal e indebido proceso”, señaló Benavides en el foro “Nicaragua: Juicios, arbitrariedades y nulidades como armas de represión”, realizado por la red regional de organizaciones de la sociedad civil de América Latina Voces del Sur.
El pasado 21 de marzo, Cristiana Chamorro fue sentenciada a ocho años de cárcel: cinco años por el supuesto delito de lavado de dinero y tres años por presunta apropiación y retención indebida.
El exdiputado Pedro Joaquín Chamorro Barrios, hermano de Cristiana y exvicepresidente de la FVBCh, fue condenado a nueve años de prisión: seis por el supuesto delito de apropiación y retención indebida, y tres por presunta gestión abusiva. Mientras que los extrabajadores de la Fundación, Marcos Fletes y Walter Gómez, además de Pedro Vásquez, conductor de Cristiana, recibieron condenas de entre 13 y siete años de prisión, respectivamente.
Benavides denunció que algunas de las arbitrariedades e ilegalidades en el caso incluyen: la prohibición de toda comunicación con su defensa, realización de audiencias secretas, restricción de acceso a sus expedientes, imposición de defensores públicos, obstaculización de una defensa material y efectiva, y la omisión de pruebas que de forma "clara demostraban la inexistencia de cada uno de esos delitos y la total inocencia de nuestros representados".
Voces del Sur denuncia “juicios politizados”
Durante la apertura del foro sobre Nicaragua, Thomas Burt, coordinador de Voces del Sur, denunció “los juicios politizados que violentan los estándares internacionales”, “la judicialización en contra de la prensa independiente y la cancelación de las personerías jurídicas de la sociedad civil, enfocadas en la promoción de la libertad de expresión”.
Voces del Sur señaló que la situación en Nicaragua es “cada vez es más compleja” y “se ha vuelto una práctica nociva el uso de procesos judiciales para callar a disidentes”.
Juristas y académicos internacionales que participaron del foro analizaron los graves abusos y violaciones a derechos humanos que se comenten en Nicaragua. Entre los panelistas estuvieron: Laura Chinchilla, expresidenta de Costa Rica; Paulo Abrao, exsecretario ejecutivo de la CIDH; y los abogados Jocelyn Nieva, de Estados Unidos; José Sánchez Moreno, de Perú, y Ciro Colombara, de Chile.
La abogada Jocelyn Nieva, asesora legal para América Latina del Centro Internacional para la Ley del Sector No Lucrativo, denunció el mal uso de los estándares globales para la lucha contra el financiamiento al terrorismo y lavado de dinero en Nicaragua, con la aprobación de leyes represivas que “limitan el trabajo legítimo de las organizaciones”.
En Nicaragua, las organizaciones sin fines de lucro han sido señaladas por el régimen Ortega-Murillo de ser utilizadas para lavar dinero y financiar el terrorismo. De abril de 2018 a marzo de 2022, el orteguismo canceló la personería jurídica de 143 oenegés y confiscó los bienes de al menos media docena de esas organizaciones.
El peruano José Sánchez Moreno, abogado con especialidad en derechos humanos, enfatizó que "hay que documentar todos estos hechos" violatorios de las libertades y derechos de los nicaragüense y "recurrir a un sistema universal como el de Naciones Unidas”, solicitando y buscando que se pueda implementar “una visión de determinación de hechos, que permita que conozca el mundo qué es lo que está ocurriendo en términos de violación a derechos humanos en Nicaragua".
Pablo Abrao, doctor en Derecho y exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), reiteró que en Nicaragua hay “un terrorismo de Estado” y señaló que “los juicios contra los presos políticos son nulos de origen y que hay que luchar contra esa ilegalidad y arbitrariedad”.
Además, consideró que “una de las misiones fundamentales que el actual mecanismo de investigación para Nicaragua, creado la semana pasada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, de manera prioritaria debería ser la luchar contra esa ilegalidad y arbitrariedad, porque efectivamente se trata de una situación que vulnera las garantías básicas de derechos humanos de las personas de Nicaragua".
Sistema internacional "debe hacer más por Nicaragua"
Laura Chinchilla, expresidenta de Costa Rica, también abogó por un mejor trabajo del sistema internacional que vela por la democracia y los derechos humanos, criticando que este “se ha quedado corto para poder hacer algo efectivo frente a la situación de Nicaragua”.
“Tenemos un serio problema que tenemos que reconocer, es decir, hay un sistema interamericano diseñado para responder a la interrupción abrupta, pero no al deterioro paulatino como son los casos de deterioro democrático que estamos observando de alguna manera. Es un sistema que opera bajo la lógica que todo está bien hasta que todo está mal, pero cuando ya está mal hay un margen de poca maniobra con el que se cuenta”, apuntó.
Chinchilla destacó que, ante las graves violaciones a derechos humanos que se cometen en Nicaragua, “es increíble que al día de hoy no haya sido posible aplicar la Carta Democrática y los instrumentos mismos que esta implica”, desde la Organización de Estados Americanos (OEA).
“Vemos al régimen ya no solamente burlándose de los diferentes instrumentos de derechos humanos, de protección a la democracia a nivel regional y a nivel de naciones unidas, sino que empieza a utilizar los instrumentos existentes como la GAFI para sus propios propósitos”, indicó.
