6 de abril 2022
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La clasificación de los Organismos Sin Fines de Lucro (OSFL) entre religiosas y civiles -sociales, culturales y educación- viola la libertad de asociación y consuma la política -de represión y hostigamiento- del régimen de Daniel Ortega, al “vetar ciertos temas" que pueden desarrollar o no las organizaciones de sociedad civil, afirman activistas y expertos en Derecho de Nicaragua.
Con la nueva Ley General de Regulación y Control de Organismos sin Fines de Lucro (OSFL), aprobada por la Asamblea Nacional el pasado 31 de marzo y que legaliza la confiscación a las oenegés, el régimen restringe el derecho a que las organizaciones trabajen en áreas como derechos humanos, libertad de prensa, asociación, ambiente y pueblos indígenas, ya que ninguna de estas temáticas aparece en la clasificación que contempla el artículo 11.
"Los OSFL que se encuentran bajo la supervisión del Ministerio de Gobernación se clasifican en: religiosas y/0 caritativas- que tiene como fin ejercer el derecho de libertad religiosa pudiendo realizar actividades de carácter benéfico. Y en civiles y/o sociales, culturales y de educación, que tienen como finalidad desarrollar actividades de interés común y de carácter social", se lee en la ley.
“Al no mencionar --las áreas de DD. HH, ambiente, democracia-- se puede ver que hay una visión por cercenar temáticas de trabajo… y solo desarrollar temas más humanitarios, sociales o de educación. Es decir, solo acorralarlos hacia algunos temas que para ellos no representan un peligro, un riesgo de su modelo y su política”, señala el presidente de la confiscada Fundación del Río, Amaru Ruiz, y coautor del informe “La brutal demolición de la libertad de asociación en Nicaragua”.
Con el estallido de la Rebelión de Abril, en 2018, el régimen emprendió una cacería contra organizaciones civiles que denunciaron las violaciones a derechos humanos por parte del Estado y también mantenían posturas críticas frente a su deriva autoritaria. Sin embargo, en los últimos tres años, ha arremetido contra oenegés enfocadas en el desarrollo local, ambiental, de financiamiento, despojándolas de su personalidad jurídica y en algunos casos, confiscando su patrimonio.
Nueva ley contra oenegés en Nicaragua es "inconstitucional"
La abogada y notaria pública Martha Patricia Molina explica que, si bien la Ley 147 o Ley General sobre Personas Jurídicas sin Fines de Lucro estaba obsoleta y presentaba múltiples vacíos jurídicos, esta nueva ley “no viene a mejorar el marco regulatorio deficitario que ya teníamos” y tampoco responde a la recomendación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en fortalecer las leyes para que las oenegés no sean utilizadas para el financiamiento al terrorismo.
Es “una ley simplemente a la medida de la administración pública Ortega- Murillo, que tiene un solo fin, que es la aniquilación de las oenegés que no sigan la línea represiva que ha venido presentado el régimen”, valora.
La ley también riñe con la Constitución Política, considera Molina, al violentar el artículo 49 que mandata que: “estas organizaciones... tendrán una función social y podrán o no tener carácter partidario, según su naturaleza y fines. Sin embargo, la nueva ley establece en su artículo 5 que: “todos los ciudadanos tienen derecho a constituir de forma voluntaria Organismos sin Fines de Lucro (OSFL)… sin discriminación alguna, con función religiosa y/o caritativa, social, cultural y de educación”; cercenando de esta manera el carácter partidario reconocido en la Constitución Política de Nicaragua”, indica la especialista.
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“En vez del Estado de ser el garante y proteger nuestros derechos constitucionales es el que precisamente, está obstaculizando este nuevo tipo de asociaciones”, agrega Molina.
Cierran la puerta a organizaciones de derechos humanos
Gonzalo Carrión se exilió después que el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) fuera despojado de su personería jurídica y sus instalaciones confiscadas por el régimen orteguista en 2018. Desde Costa Rica, ahora como miembro del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, ve la nueva ley como un instrumento para “legalizar todo el acumulado de abuso de poder y graves violaciones a derechos humanos”.
“Solamente le falta imponer una orden que diga: queda terminantemente prohibida cualquier alusión a derechos humanos y a la tiranía”, señala Carrión.
Para Ruiz, es claro que sí permiten oenegés trabajando en función de la protección y promoción de derechos humanos, estos cuestionarán la política de vulneración a los derechos que ha mantenido el régimen. Sí ellos no pueden controlarlos --a los organismos--, como lo hacen con la Procuraduría, que es un ente estatal “van a tratar de que nadie trabaje sobre esos temas”.
En 2021, el régimen orteguista canceló la personalidad jurídica a 60 organizaciones, de estas, 22 asociaciones trabajaban en la promoción del desarrollo social, económico y democracia, incluidos seis organismos internacionales, y al menos dos oenegés se enfocaban en los derechos de la mujer. En lo que va de 2022, la arremetida gubernamental ya ha barrido con más de 40 oenegés, incluidas universidades privadas cuyos bienes fueron confiscados.
Molina señala que todo lo que tenga vínculo con temas relacionados a los derechos humanos, al medio ambiente, la democracia, y política “se opone a la nueva realidad social, económica y jurídica que estamos viviendo. A la dictadura siempre hay que leerla entre líneas porque ellos mismos te dan como los lineamientos en que se quieren enfocar", expresa.
El trasfondo político de la ley es “mutilar todos los espacios que habían quedado sueltos, todos los espacios posibles de pensamiento y de desarrollo”, pero lo más “peligroso y devastador” es lo que pasa en el ámbito jurídico porque se transgreden los derechos constitucionales, humanos, y las convenciones internacionales en esa misma materia.
"Se nos está a nosotros evitando el avance del derecho a organizarnos a través de estas organizaciones sin fines de lucro; lógicamente, los derechos humanos te dicen que los demás derechos van a ser afectados negativamente", añade Molina.
La nueva clasificación del régimen contra las oenegés no estaba contemplada en la legislación anterior, que definía a estas como asociaciones, fundaciones, federaciones y confederaciones sin fines de lucro y de tipo civil y religioso. En esta ley restringe a las oenegés a campos específicos. Según Ruiz, dicha decisión también responde a “tener un trato discrecional y diferenciado entre asociaciones religiosas versus asociaciones sociales y humanitarias”, tomando en consideración que el régimen ha tenido especial trato con las iglesias evangélicas, mismas que requieren de una personalidad para constituirse como tal.
