3 de abril 2022
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La creación de un mecanismo de expertos independientes del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas —que durante un año investigará las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua y, si es posible, identificará a los perpetradores— abre también la posibilidad de explorar un canal de comunicación con el régimen de Daniel Ortega, a fin de establecer una agenda mínima en materia de derechos humanos.
El exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrāo, valora que este mecanismo del Consejo de Derechos Humanos “tiene dientes” porque parte “de una evaluación” que refleja que el Gobierno de Nicaragua se rehusó a cooperar con la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, y valora que la situación del país “está agravada”.
Por esa razón el éxito del grupo de expertos que investigarán la situación de Nicaragua, valora Abrāo, dependerá en gran medida de que sean personas conocedoras de lo que ha pasado en el país en los últimos cuatro años, porque “se tiene que considerar la progresividad” de los hechos y por ende la sistematización de registros y documentaciones que —quizá— hayan sido generados en el Sistema Interamericano o en organizaciones locales.
La creación de este mecanismo se da a casi cuatro años del inicio de las protestas masivas de 2018, en un momento en que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha intensificado la persecución contra líderes opositores y las víctimas que reclaman justicia sin impunidad.
“Mi expectativa es que ese grupo, a partir del perfil de sus miembros, tenga las condiciones de presentar algo nuevo”, expresó Abrāo durante una entrevista en el programa Esta Semana que se transmite este domingo 3 de abril por Facebook y YouTube debido a la censura del régimen. “Yo insisto en ese mandato, que no estaba previsto para los otros mecanismos (anteriores), en que la ONU dice que el grupo deberá buscar diálogos relevantes con actores relevantes, incluyendo tomadores de decisión, incluyendo el Gobierno de Nicaragua”, enfatizó.
Para Abrāo, la búsqueda de un canal de comunicación con el Gobierno tiene como fin resolver aspectos cruciales en materia derechos humanos, como la posibilidad de abrir un canal humanitario para el regreso de las personas exiliadas, la liberación de los más de 170 presos políticos, atención y reparación inmediata a los familiares de las víctimas de la represión desde abril de 2018, “una agenda mínima de atención a los derechos humanos”, comentó.
Además, del contenido de los informes que se generen y de la colaboración que el régimen de Ortega tenga o no con ese grupo de expertos, podrían abrirse “caminos para activar sanciones del sistema universal, más allá de aquellas sanciones que generó el sistema interamericano, especialmente los órganos políticos”, valoró Abrāo.
Continuar el trabajo realizado
El investigador sénior de la división para las Américas de Human Rights Watch, Juan Pappier, también consultado para el programa Esta Semana de este domingo, advirtió que es muy posible el régimen de Daniel Ortega no esté dispuesto a cooperar con este mecanismo de la ONU, como tampoco lo ha hecho con otros organismos de derechos humanos, pero apuntó que este grupo de expertos “con o sin la cooperación del Gobierno de Nicaragua” tiene mucho trabajo por hacer.
Los expertos “pueden hacer entrevistas con las decenas de miles de nicaragüenses que han tenido que salir del país” exiliados, acceder a expedientes penales “a través de la representación de las víctimas o de los indiciados en casos de persecución penal y de presos políticos”, ejemplifica Pappier. Ellos “pueden hacer su trabajo sin necesidad de la cooperación del Gobierno nicaragüense, creo que el único que pierde al no cooperar con este grupo de expertos es el Gobierno nicaragüense”, agregó.
Según la resolución del Consejo de Derechos Humanos, los expertos deberán recopilar, preservar y analizar la información y potenciales evidencias; y —cuando sea posible— identificar a los responsables de dichas violaciones a fin de promover la rendición de cuentas.
También emitirán recomendaciones para mejorar la situación de los derechos humanos en el país, proporcionarán orientación sobre el acceso a la justicia y la rendición de cuentas, para lo que colaborarán con la Oficina del Alto Comisionado, el Estado de Nicaragua, organizaciones internacionales de derechos humanos, organismos pertinentes de la ONU y la sociedad civil.
El mandato del grupo de expertos “es amplio”, señaló Pappier, pero el tiempo que tienen para trabajar es de apenas un año, por lo que deberán priorizar los temas “que contribuyan a una futura rendición de cuentas” y partir de lo que ya han investigado organizaciones como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la misma Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH).
La creación de este mecanismo “es una muy buena noticia porque da una luz de esperanza de que alguna vez habrá justicia por estos abusos, pero lamentablemente no basta la creación de este grupo de expertos por sí solo para que podamos liberar a los presos políticos”, alertó Pappier. “Tenemos que seguir trabajando para lograr la presión internacional, multilateral, y concertada que obligue a Ortega a liberar a estos presos políticos, empezando por aquellos que están en las peores situaciones en materia de salud”, subrayó.
El régimen de Daniel Ortega ha ignorado todas las resoluciones en materia de derechos humanos, pero se está quedando —cada vez más— aislado internacionalmente. Muestra de ello es que este mecanismo de seguimiento para Nicaragua fue creado con el respaldo de 20 países, 20 se abstuvieron y solo se opusieron sus aliados políticos: Bolivia, Cuba, China, Venezuela y la Federación Rusa; además, Eritrea, un país africano; y Honduras, que un día después señaló que se trató de “un error de comunicación”.
El voto de Honduras
A juicio de Pappier, la votación en el Consejo de Derechos Humanos fue “abrumadora” y envió “un mensaje claro”, de que la comunidad internacional no va a guardar silencio ante los “gravísimos y sistemáticos” abusos del régimen Daniel Ortega en Nicaragua.
“La gran decepción para todos es Honduras, que empieza con el pie izquierdo su trabajo en el Consejo de Derechos Humanos, en Ginebra, votando junto con Cuba y con Venezuela, en contra para no condenar los abusos del régimen de Daniel Ortega. Realmente es una votación inexplicable”, comentó Pappier antes de conocer que ese país solicitó rectificar su voto.
Sobre la votación de Honduras, el exsecretario general de la CIDH consideró que representa “un desafío muy importante” para los organismos de derechos humanos, ya que deben presionar y enviar mensajes al Gobierno de Xiomara Castro para que adopte una posición consistente en defensa de los derechos humanos.
Abrāo, también, celebró que países como Argentina y México hayan respaldado la creación de este mecanismo del Consejo de Derechos Humanos, ya que en años anteriores y en otros foros internacionales se habían abstenido de condenar al régimen de Ortega.
Por otro lado, ambos defensores de derechos humanos apuntaron que la mayoría de países que se abstuvieron de votar son de origen africano, cuyo criterio para votar es prevenir la implementación de este tipo de mecanismos en sus territorios y no porque respalden al régimen de Nicaragua.
Esta votación “demuestra que Nicaragua está aislado también en el sistema universal”, comentó Abrāo. “Ahora el mecanismo va a tener el gran desafío de ayudar a consolidar esa visión y activar los mecanismos más fuertes del sistema universal sobre Nicaragua”, agregó.
El nombramiento de los expertos
El nombramiento de los tres expertos internacionales que investigarán las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua depende del presidente del Consejo de Derechos Humanos, pero Pappier estima que podría darse entre 15 y 20 días, debido a la urgencia del tema. “La prioridad ahora debe ser nombrar a los expertos lo antes posible, asignar los fondos y operacionalizar este grupo de expertos con sus equipos para que puedan empezar a operar en un mes y medio como máximo”, señaló.
La ONU ha activado ese tipo de mecanismos para otras situaciones muy graves como Siria o Venezuela. “Entonces debe ser comprendido en estos términos y darle una oportunidad al trabajo de ese grupo para que pueda también asumir esa dimensión, de identificar responsabilidades…, pero también empujar un cambio de la realidad porque la gente de Nicaragua ya no soporta más vivir en un ambiente de intimidación, de ausencia de libertades y de violación sistemática sus derechos”, concluyó Abrāo.
