1 de abril 2022
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La aprobación por parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre un Procedimiento Especial (mandato de país) para Nicaragua, es una gran noticia para el país y para las esperanzas de justicia de las víctimas de la represión de la dictadura Ortega-Murillo, pero ¿qué implica y sobre todo, qué impacto tendrá?
Como punto de partida, la resolución del Consejo de Derechos Humanos establece que durante un año un grupo de tres personas expertas que nombrará el Presidente del Consejo de Derechos Humanos, Federico Villegas, diplomático de origen argentino, deberán realizar una investigación exhaustiva e independiente de las violaciones a Derechos Humanos ocurridas en Nicaragua desde abril del 2018.
Sobre el mandato, puede pasar inadvertido el establecimiento de hechos y circunstancias, lo que sugiere la trascendencia de documentar el contexto, uno de los elementos constitutivos de los Crímenes de Lesa Humanidad. Hay que recordar que no son los asesinatos, las torturas, el encarcelamiento o el desplazamiento forzado de personas lo que constituyen este tipo de crímenes, sino que estos crímenes sean cometidos como parte de un ataque generalizado (alto número de casos; practica extendida en el territorio; y ejecución en un marco de impunidad) o sistemático (existencia de política de Estado y patrón de conducta) contra población civil, eso es el elemento de contexto de esos crímenes y también debe acreditarse.
En igual sentido, el mandato se extiende a la recolección, preservación y análisis de las pruebas, así como identificar a los responsables. Esto es relevante, toda vez que un actor internacional independiente, documentará con un enfoque técnico-jurídico especializado las violaciones a Derechos Humanos con un propósito muy claro, reunir la evidencia suficiente que soporte eventualmente el mecanismo de rendición de cuentas que se cree para determinar la responsabilidad de los operadores de la dictadura.
Otro aspecto a destacar es el rol recomendatorio del grupo de expertos, por una parte, para mejorar la situación, es decir, la dictadura tiene la oportunidad de despresurizar el conflicto de forma legítima, situación que, aunque es posible, siento es poco probable. Por otra parte, el rol recomendatorio también esta diseñado a futuro y como resorte de accionar político internacional con el papel de asesoramiento sobre el acceso a la justicia y rendición de cuentas según proceda.
Esto debe entenderse como coadyuvancia en mecanismos de Justicia Transicional, pero a su vez, de no vislumbrarse el restablecimiento de la democracia en Nicaragua, la evidencia recopilada debe transformarse en el sustento para demandar el establecimiento de un proceso en un segundo país en virtud del principio de jurisdicción universal; o bien la creación de algún tribunal ad hoc en el seno del Consejo de Seguridad de la ONU, éste último escenario sólo es posible si se supera el veto ruso, pero de concretarse un revés en la invasión Ucrania, la permanencia de Vladimir Putin en el poder queda entredicha, y tal vez eso explique el creciente acercamiento de la dictadura con China.
En este orden de ideas, es necesario destacar que la instauración del estado policial por parte de la dictadura Ortega-Murillo en Nicaragua trajo como consecuencia la indefensión de los Derechos Humanos en el país por el cierre de organizaciones y el autoexilio de Defensores de Derechos Humanos por el temor fundado al encarcelamiento, dicho lo anterior, la aprobación de este Procedimiento Especial viene a reforzar la protección de los Derechos Humanos.
Por otra parte, el quehacer de este grupo de expertos tendrá un impacto en la agenda informativa del país, por lo que la persistencia de violaciones a Derechos Humanos en el país y el ejercicio de sistematización de lo ocurrido desde 2018, también mantendrá viva la demanda de justicia y democracia ante la comunidad internacional.
Finalmente, deseo advertir que el trabajo de este grupo de personas expertas no es una panacea respecto de los males que aquejan al país, existen situaciones similares alrededor del mundo donde su impacto se ve reducido porque finalmente prevalece la voluntad política y la correlación de fuerzas de cada país. Aún esta en manos de los nicaragüenses definir e implementar una estrategia que deponga a la dictadura, ya que el fin de la dictadura es la mayor garantía de justicia para las víctimas.
