31 de marzo 2022
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La ola más grande de homicidios de la historia reciente de El Salvador, registrada entre el 25 y 26 de marzo pasado, con 87 asesinatos en 48 horas, se da en un momento en el que Gobierno salvadoreño tiene “una conversación abierta con las pandillas”, por lo que la implementación del régimen de excepción, a solicitud del presidente Nayib Bukele, ocurrió bajo la necesidad de “parecer alguien fuerte” frente a la decisión de las pandillas de “dar un golpe sobre la mesa de negociaciones”, apuntó Óscar Martínez, periodista salvadoreño y jefe de redacción de El Faro.
“Es difícil concluir que esto (la ola de homicidios) no tenga que ver con lo que ya ocurrió en otras ocasiones, con la necesidad de las pandillas de marcar un golpe en la mesa de las negociaciones, de exigir algo que no les están concediendo”, resaltó Martínez en entrevista con el programa Esta Noche, transmitido en Facebook y YouTube por la censura televisiva impuesta por el régimen de Daniel Ortega.
Subrayó que Bukele, como ningún otro político anteriormente, “nunca ha aceptado que ha tenido negociaciones con las pandillas”, aunque investigaciones de El Faro han demostrado sí se han dado, a través de documentos de la Dirección General de Centros Penales de El Salvador, “que dejaban constancia en oficio, libros de novedades e informes de inteligencia, de como encapuchados, funcionarios y pandilleros de las calles entraban a dialogar con los líderes históricos de las pandillas”.
“Bukele es un político más, que entendiendo que no es popular reconocer que se está dialogando con las pandillas, prefiere ocultarlo a pesar de que eso haga tambalear un posible éxito de esas negociaciones”, indicó.
Bukele necesitaba parecer “alguien fuerte” frente a pandillas
El régimen de excepción fue aprobado por la Asamblea Legislativa de El Salvador el pasado 27 de marzo. Las medidas extraordinarias, que concluirán el próximo 27 de abril, incluyen la suspensión de los derechos de reunión, asociación, defensa e inviolabilidad de las telecomunicaciones. Además, toda persona que sea detenida desde su entrada en vigencia tiene suspendido el derecho a ser notificado de las razones de la detención, a la defensa y deberán guardar prisión administrativa hasta por 15 días sin ser presentado ante un juez.
La implementación de dicho régimen ha dejado en solo tres días a más de 2000 personas detenidas en El Salvador. Decenas de familiares han salido en busca de sus parientes y denuncian atropellos de las autoridades.
Martínez destacó que el presidente Bukele “no necesitaba estas medidas (régimen de excepción) para poder ejecutar lo que él quisiera”, ya que “controla todo el Estado”.
El investigador señaló que el mandatario, tal como se ha documentado en reportes periodísticos independientes, “controla el Poder Judicial, Legislativo, tiene el Ejecutivo, nombró a su fiscal general, y removió al 33% de los jueces para poner personas anuentes a sus decisiones”.
“Él no necesitaba todo esto. Bukele tiene las herramientas para que en 24 horas le aprueben un allanamiento, una escucha telefónica, tiene todas las herramientas y el control del Estado para hacer esto. Lo que necesitaba era parecer alguien fuerte y creo que eso es principalmente la razón por la que su Asamblea Legislativa, por petición de él, aprobó el régimen de excepción”, resaltó.
Asamblea endurece penas para pandillas
El Congreso de El Salvador aprobó este miércoles 30 de marzo un fuerte endurecimiento de penas contra los miembros de pandillas en respuesta a la ola de homicidios que el país vivió el fin de semana y que llevó a la declaración del régimen de excepción.
Esta medida, aprobada sin estudio ni discusión parlamentaria, fue solicitada por el Gobierno de Bukele y forma parte de un paquete de ocho iniciativas.
Este incremento de penas busca, según el decreto aprobado con 76 votos de 84 diputados, "reprimir y disuadir" a los miembros de las pandillas a cometer los delitos con penas más duras.
La enmienda al Código Penal establece que la pertenencia a una pandilla se juzgará como agrupaciones ilícitas con penas de 20 a 30 años. Los legisladores también establecieron penas de entre 40 y 45 años de cárcel para "los creadores, organizadores, jefes, dirigentes, financistas o cabecillas".
Hasta antes de esta reforma, los pandilleros enfrentaban por el cargo de agrupaciones ilícitas penas de entre tres y cinco años de cárcel, mientras que para sus cabecillas eran de seis a nueve años.
El Congreso también se dispone a aprobar reformas al Código Procesal Penal para proteger las identidades de jueces y otros funcionarios en procesos penales relacionados con pandillas, además de eliminar la libertad condicional para delitos como el homicidio.
El resto de reformas está relacionado con penas de prisión para menores de edad y la imposición de penas de entre 20 y 30 años de cárcel para los pandilleros relacionados con narcotráfico y extorsiones a ciudadanos y comerciantes.
El Gobierno también pidió 80 millones de dólares, de los que 20 serán para el Ejército y 60 para rearmar a las fuerzas de seguridad, además de una ley para entregar recompensas a quienes denuncien o entreguen a pandillero.
Estado de sitio es una posibilidad
Las cifras de homicidios, luego de tres días de aprobado el régimen de excepción, han vuelto a sus niveles anteriores. La Policía Nacional Civil (PNC) de El Salvador reportó cero homicidios el 29 de marzo. Sin embargo, las autoridades salvadoreñas siguen buscando más control para “combatir a las pandillas”.
Organizaciones internacionales como Human Right Watch (HRW) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han advertido que la suspensión de los derechos básicos del pueblo salvadoreño, en nombre de la seguridad pública, abren la puerta a que se comentan violaciones a derechos humanos.
"El Gobierno del presidente Bukele debe tomar medidas serias, sostenibles y respetuosas de los derechos humanos para frenar la atroz violencia que ejercen las pandillas en El Salvador", dijo Tamara Taraciuk Broner, directora para las Américas de HRW.
Los pronunciamientos de las organizaciones no han sido tomados de buena manera por Bukele que incluso acusó, el 28 de marzo pasado, a la la Organización de los Estados Americanos (OEA) y a la CIDH de haber patrocinado en el pasado una “tregua” que “fortaleció” a las pandillas.
También señaló a la Comisión de “defender a los pandilleros” y dijo que “los países deberíamos de evaluar retirarnos de estas organizaciones internacionales que solo buscan mantener a nuestra gente sufriendo”.
El jefe de redacción de El Faro indica que Bukele ha lanzado, en este contexto de “combatir a las pandillas”, “una retórica brutal en contra de los medios de comunicación, no simplemente de las cuentas virulentas y anónimas en redes sociales, del secretario de prensa, de muchos diputados, del mismo presidente Bukele, que, sin nombrar directamente, ha acusado a ese enorme bolsón al que llaman oposición, donde meten a organizaciones de la sociedad civil, organizaciones internacionales, a la prensa, de prácticamente apoyar las pandillas”.
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Denuncia que como gremio están amenazados y que incluso él, como jefe de redacción de El Faro, y otros miembros de ese medio de comunicación han sido señalados, sin acusación en la Fiscalía, en cadena nacional de supuestamente cometer el delito de lavado de dinero.
El investigador señala que, aunque hay apoyo de la comunidad internacional frente a la situación que sufre El Salvador, son pocos los sectores que se pronuncian de manera contundente.
“Hay un momento de mucho miedo, no con la velocidad que ha ocurrido en Nicaragua, que ya es radical, pero en El Salvador la palabra exilio vuelve poco a poco al lenguaje en este país. Ya es mucha gente que está exiliada por persecución, es decir, el temor, el terror de entender por primera vez e ir viendo las consecuencias de que solo un hombre tenga la decisión lo que él desea hacer, acusar, enjuiciar, encarcelar a quien desee ya ha hecho mella en la sociedad”, señaló.
Con información de EFE
