30 de marzo 2022
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Un memorándum firmado el 28 de marzo pasado por Leopoldo Rivas Alfaro, coordinador nacional de atención al “sandinismo histórico”, que anunció la desactivación de ese movimiento tras limar asperezas e incorporarse a “las gloriosas filas” de los profesionales del partido, busca centralizar todo el poder del FSLN en manos de la vicepresidenta Rosario Murillo, consideran militantes sandinistas.
Rivas Alfaro es un exmilitar de confianza de la pareja presidencial. En los años ochenta tuvo el rango de comandante de brigada y posteriormente de coronel. Desempeñó puestos claves en la institución como jefe de Servicios Militares en 1979 y también fue viceministro de Defensa.
Según el documento—circulado ampliamente en las redes sociales—, la “desactivación” de los miembros históricos ocurre en el instante en que supuestamente el 90 por ciento de ellos se encuentra incorporado en las Unidades de Victorias Electorales (UVE), es decir, las estructuras partidarias a través de las cuales el oficialismo realizó labores de espionaje en los barrios de cara a las votaciones del año pasado.
Al considerar esa incorporación como una “meta cumplida”, Rivas Alfaro afirma que “ha dejado de ser necesaria la existencia de una estructura como era la del sandinismo histórico”, integrado principalmente por exmilitares, exguerrilleros, y excombatientes que participaron en la lucha contra la dictadura de Somoza y en la guerra de los ochenta con la contrarrevolución.
El movimiento de los “históricos” fue activado a raíz de la crisis de abril de 2018, cuando el FSLN controlado por Rosario Murillo y los cuadros de la Juventud Sandinista, fue rebasado por el estallido social y la protesta nacional.
Al frente de este movimiento fueron colocados exguerrilleros y altos militares en retiro como Edén Pastora, Leopoldo Rivas, Raúl Venerio, y Glauco Robelo, y de sus filas fueron reclutados elementos que participaron en la represión paramilitar.
Otra de las tareas que realizaron, según su coordinador, eran de inteligencia, pero la nueva orden es supuestamente que ya no se recopile información sobre “actividades enemigas y transmitirlas a la Policía Nacional y al Ejército a nivel territorial”.
“Queda estrictamente prohibido continuar organizando y funcionando redes de inteligencia o contrainteligencia de cualquier naturaleza”, reitera Rivas Alfaro en la comunicación en la que se despide apelando a la “disciplina partidaria” y echando vivas a Ortega y Murillo.
Hermetismo entre los “históricos” del FSLN
Donald Mendoza, otro de los miembros del “sandinismo histórico”, dijo vía telefónica que no confirmaba ni negaba la veracidad del memorándum. Militantes de este partido bajo condición de anonimato aseguraron que el mismo circuló en los territorios y que, a última hora por el impacto que causó su difusión entre los “históricos”, alegaron que era una “noticia falsa”.
“El objetivo es centralizar todo en el partido bajo control de Rosario. Los que ya se reintegraron de los históricos al FSLN está bien para ellos, y los otros los dejan sin autoridad y que anden por la libre. A eso se debe que liquiden el movimiento de sandinismo histórico, una medida que va en detrimento de esos grupos que la critican”, añadió la fuente.
CONFIDENCIAL intentó hablar con otros miembros del sandinismo histórico para conocer sus impresiones, pero no accedieron. Marlon Sáenz conocido como “El Chino Enoc” no respondió a una consulta realizada en sus redes sociales. Sin embargo, circuló entre los militantes un supuesto audio en que se pronuncia contra lo que consideró un irrespeto para la moral de los “históricos” y criticó al FSLN por ser un partido “autocrático”.
“Da vergüenza cuando te mandan a decir que ya no confían en la inteligencia policial y la contrainteligencia del Ejército, que no le pasemos información. ¿Cómo nos van a negar esa relación? Si es lo único en que confío. Yo no confío en Rosario, no confío en la mayoría de secretarios políticos, mucho menos en Fidel Moreno (secretario político del FSLN en Managua)”, acusó Sáenz.
Según otra fuente del FSLN, la comunicación circuló en los territorios, entre los miembros de los Consejos de Liderazgos Sandinistas (CLS). Este sandinista histórico consultado aseguró que los simpatizantes rojinegros lo interpretaron como un asunto de “obediencia partidaria”.
Los movimientos a lo interno del oficialismo se dieron a conocer cuatro meses después de las votaciones presidenciales, en las cuales Ortega y Murillo se reeligieron sin competencia electoral después de encarcelar el año pasado a más de 40 líderes políticos, sociales y empresarios. Los resultados electorales fueron considerados ilegítimos por la mayoría de la comunidad internacional.
El régimen enfrenta también el impacto en la ya deteriorada credibilidad de su discurso tras la renuncia la semana pasada de dos funcionarios de alto nivel que dejaron el Gobierno, luego de denunciar las violaciones a los derechos humanos de Ortega. Esos servidores públicos fueron Arturo McFields, exembajador de Nicaragua en la Organización de Estados Americanos (OEA), y el abogado internacional Paul Reichler.
Evitar redes paralelas de inteligencia
La salida de los “históricos” igual busca evitar redes paralelas fuera del control presidencial, añadieron otros sandinistas consultados. “Aunque hay problemas como que no le hayan resuelto las expectativas económicas a este grupo de los sandinistas históricos, Leopoldo (Rivas) reafirmó su lealtad a los Ortega Murillo”, destacaron.
Otro simpatizante de Ortega y Murillo consideró que en el caso del movimiento de Rivas Alfaro se encuentran enfermos y simplemente la dirigencia escogió a aquellos que les resultan más útiles.
Durante la rebelión de 2018, cuando miles de ciudadanos salieron a las calles a protestar contra el régimen, el Estado respondió con una brutal violencia política. La Policía y los grupos paramilitares, entre ellos algunos expolicías y exmiembros del Ejército, ejecutaron la represión contra los opositores.
La “operación limpieza” fue el nombre con que se conoció el despeje violento de las barricadas, levantadas por la población para defenderse ante la amenaza que significó la incursión estatal en los territorios. Fallecieron centenares de personas.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reportó 355 muertos entre el 18 de abril de 2018 y 31 de julio de 2019. La OEA, en un informe elaborado por expertos independientes, denunció que se cometieron crímenes de lesa humanidad contra el pueblo de Nicaragua. Sin embargo, estos casos permanecen en la impunidad.
El régimen sostuvo por su parte que fueron víctimas de un intento de golpe de Estado para reforzar una narrativa y justificar más abusos de derechos humanos.
La comunidad internacional ha demandado en reiteradas ocasiones la liberación inmediata de los presos políticos y que se restauren los derechos conculcados a los ciudadanos por la dictadura nicaragüense, pero también sancionaron al círculo cercano del dictador, incluida Murillo, algunos de sus hijos y su asesor de seguridad, Néstor Moncada Lau.
