29 de marzo 2022
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El Mecanismo Independiente de Reparación (IRM, por sus siglas en inglés) del Fondo Verde del Clima (GCF, por sus siglas en inglés) iniciará una “investigación de cumplimiento” del programa Bio-CLIMA, aprobado en 2020 para Nicaragua, luego de comprobar la elegibilidad de una queja, que recibieron en junio de 2021, y concluir, en un informe de “evaluación de cumplimiento”, que “hay evidencia prima facie (a primera vista) de impactos adversos causados o que pueden ser causados por el incumplimiento del proyecto con las políticas y procedimientos operativos”.
"El IRM iniciará ahora una investigación de cumplimiento para profundizar en el asunto y preparar un informe de cumplimiento para la Junta (del Fondo Verde del Clima)", indicó el Mecanismo en el informe de Evaluación de Cumplimiento divulgado el pasado 24 de marzo.
El proyecto de “Bio-CLIMA: Acción climática integrada para reducir la deforestación y fortalecer la resiliencia en las biosferas de Bosawás y Río San Juan”, fue aprobado el 13 de noviembre de 2020 para Nicaragua. El objetivo del mismo, según lo planteado, “es restaurar paisajes forestales degradados” en esas reservas, y “promover la ordenación sostenible del uso de la tierra y la ordenación forestal”.
La entidad acreditada del proyecto de Bio-CLIMA ante Fondo Verde del Clima es el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y la entidad ejecutora es el Gobierno de Nicaragua. El costo total del proyecto es de 116 642 213 dólares, que incluye la financiación del Fondo Verde del Clima y la cofinanciación, con préstamos del BCIE y subvenciones del Fondo Mundial para el Medio Ambiente.
Incumplimientos del Gobierno de Nicaragua
Al aprobar el proyecto, la Junta Directiva del Fondo Verde del Clima impuso unas condiciones especiales para proteger a las comunidades indígenas, brindar una oportunidad para aliviar algunos de los riesgos y asegurar su implementación adecuada. Algunas de las condiciones incluyen la implementación del Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI), y la selección de terceros a cargo de un monitoreo independiente de la ejecución del proyecto.
Sin embargo, dichas condiciones no fueron cumplidas por el Gobierno de Nicaragua. La queja introducida ante el IRM, por personas u organizaciones que solicitaron confidencialidad, señala que antes de la aprobación del proyecto no hubo una consulta adecuada con las comunidades, ni siquiera un consentimiento libre, previo e informado.
Señalaron que la ejecución del mismo provocaría la degradación del medioambiente y nuevos ataques de colonos no indígenas armados, resaltando que las zonas afectadas por este proyecto ya han sido víctimas de múltiples ataques.
“La entidad ejecutora (Gobierno de Nicaragua) no cumplirá sus obligaciones en la ejecución del proyecto Bio-CLIMA”, advierte la queja.
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El informe de Evaluación de Cumplimiento del IRM indica que el Mecanismo identificó, además de las cuestiones planteadas en la queja, “posibles incumplimientos del proyecto con las políticas y procedimientos operativos del Fondo Verde del Clima por parte de la Secretaría del GCF, o de la Entidad Acreditada o de la Entidad Ejecutora que, en caso de demostrarse, podrían afectar negativamente al reclamante o reclamantes”.
Algunos de los “posibles incumplimientos” mencionados por el Mecanismo, según el informe, son las salvaguardas ambientales y sociales provisionales; Política Ambiental y Social, Política de Pueblos Indígenas; y Política de Género.
Previo a este informe de Evaluación de Cumplimiento, el Mecanismo puso en marcha la fase de pasos iniciales, donde incluyó intentos de mediación y resolución de problemas, pero “las partes no pudieron ponerse de acuerdo sobre el contenido y los temas de la mediación” y, en consecuencia, remitió la reclamación para una “revisión de cumplimiento” el 17 de enero de 2022, solicitando a la Secretaría del Fondo Verde del Clima dar una respuesta a la queja.
El tres de marzo pasado, la Secretaría del Fondo emitió una respuesta en la que indicó que había tomado “medidas adicionales para garantizar que la AE (entidad acreditada) ejecute el proyecto de acuerdo con las políticas y procedimientos del GCF y las condiciones de la Junta”.
Desembolsos no se han realizado
En la fecha que se dio la elegibilidad de la queja, en julio de 2021, el Fondo Verde del Clima y el BCIE no habían firmado el Acuerdo de Actividad Financiada (AAF) relacionado al proyecto, por lo que aún no se han desembolsado los fondos al Gobierno de Nicaragua.
El Acuerdo para el proyecto se ejecutó hasta el 11 de agosto de 2021 y, posteriormente, entró en vigor el 9 de diciembre de 2021. Sin embargo, la Secretaría del Fondo Verde del Clima dio al BCIE, como entidad acreditada, un plazo hasta el 7 de junio de 2022 para cumplir con las condiciones impuestas por la Junta al aprobar el proyecto de Bio-CLIMA, antes del primer desembolso de fondos para este proyecto.
En el documento divulgado por el Mecanismo no se detalla de cuánto sería ese primer desembolso en caso que el BCIE y el Gobierno de Nicaragua cumplan con las “condiciones” impuestas por la Junta del Fondo Verde del Clima.
El ambientalista Amaru Ruiz, presidente de la Fundación del Río, despojada de su personería jurídica por orden del régimen Ortega-Murillo, explicó que, como “observador” de los procesos de negociación que se dan sobre temas de cambio climático y en el Fondo Verde del Clima, constató que esta es la primera vez que el Mecanismo Independiente de Reparación llega hasta un proceso de investigación por posibles incumplimientos en un proyecto aprobado, luego que las partes no pueden llegar a una mediación.
“Lo que intuyo es que el Gobierno no quiere mostrar, evidenciar, o que le muestren la situación de incumplimiento, por ejemplo de la Ley 445, Ley de Saneamiento, que parte de las cosas que se establece en la queja, entonces, lo que se puede intuir es el Gobierno no quiere verse mal, porque al entrar en estos procesos el régimen tiene que presentar evidencia a la entidad acreditada y obviamente no se iba o no quiere exponerse a su negligencia y a su actuar”, indicó Ruiz.
Subrayó que el régimen orteguista tendrá mayores presiones para colaborar con la ahora investigación que se inicia, pues la entidad acreditada, el BCIE, también presionará porque “tampoco quieren perder esos fondos”.
“Si el régimen de Nicaragua quiere esos recursos va a tener que dejar entrar a estos personeros independientes del IRM a recopilar evidencia de la investigación que ellos van a generar”, afirmó.
El régimen #OrtegaMurillo pide fondos internacionales para financiar Convenios de Régimen de Convivencia Pacífica para legalizar la ocupación e invasión de colonos en territorios indígenas y afrodescendientes en Nic, irrespetando la Ley 445, la etapa de saneamiento. #SOSNicaragua pic.twitter.com/pfntkIkKZU
— Amaru Ruiz (@AmaruRuiz) March 29, 2022
El BCIE se ha constituido, en el contexto de la crisis sociopolítica que vive el país desde 2018, como la principal fuente de recursos para el régimen Ortega-Murillo, señalado de cometer crímenes de lesa humanidad contra centenares de nicaragüenses. Reportes de CONFIDENCIAL refieren que el BCIE aprobó, entre enero de 2017 y junio de 2021, proyectos por 2 289 000 000 de dólares.
Investigación incluiría visitas in situ
El Mecanismo Independiente de Reparación explicó en su informe de Evaluación que la investigación contempla la recopilación de “información, según corresponda, de todas las partes interesadas y de los testigos afectados, incluyendo al denunciante o denunciantes, la Secretaría del Fondo Verde, la entidad acreditada, la entidad ejecutora y otros paneles independientes del Fondo”.
Resaltaron que la investigación también puede “incluir revisiones de documentos, reuniones, discusiones, visitas al lugar, recopilación de pruebas y opiniones de expertos”.
Al concluir la investigación, el Mecanismo preparará un informe para presentarlo a la Junta del Fondo Verde del Clima y en este “se incluirán las recomendaciones sobre las medidas correctoras, si las hubiera, y que sean apropiadas, a la luz de las conclusiones”.
Ruiz apuntó que, aunque el IRM no es el que decide si el programa sigue en su implementación o no, las recomendaciones que den serán fundamentales para que la Junta del Fondo Verde del Clima lo decida.
“Si no hay garantía de cumplimiento, muy certeramente puede ser que incluso se paralice el proyecto”, indicó.
Resaltó que el Mecanismo tendría hasta un año para ejecutar la investigación y entregar dicho informe y, advirtió, si el Gobierno de Nicaragua no da su anuencia para apoyarla le sería “más contraproducente” y “de alguna manera este dejaría entrever que los denunciantes tenían razón, que las zonas del proyecto hay invasión de colonos, que no se respetan los derechos de los pueblos indígenas en Nicaragua y que hay una clara negligencia del Estado en estos temas”.
