24 de marzo 2022
AA
Share
El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ordenó la expulsión de Thomas Ess, jefe de misión del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), la única organización internacional que tendría acceso a visitas a los presos políticos en las diferentes cárceles de Nicaragua.
“El Comité Internacional de la Cruz Roja confirma que recibió una carta en la que el Gobierno de Nicaragua notifica que decidió retirar el beneplácito a nuestro jefe de misión de Nicaragua”, indicó el CICR ante las consultas de CONFIDENCIAL.
El CICR también refirió que la misiva gubernamental la recibieron a inicios de esta semana, pero desconocen las razones por las que se dio dicha decisión que los "tomó por sorpresa".
El intempestivo retiro del “beneplácito” del régimen Ortega-Murillo se da una semana después de que el jefe regional del CICR para México y América Central, Jordi Raich, recibió, a manos del canciller orteguista Denis Moncada, la orden “José de Marcoleta, en el grado de Gran Cruz”, por haber mantenido “una colaboración respetuosa” y una “visión de acompañamiento a las prioridades del Gobierno”.
La expulsión del jefe de misión del CICR se sumó a la que, el pasado 6 de marzo, también sufrió el nuncio apostólico Waldemar Stalislaw Sommertag, representante de la Santa Sede en Nicaragua. El Vaticano confirmó, el pasado 12 de marzo, que recibieron "con sorpresa y dolor la comunicación de que el Gobierno de Nicaragua" en la que les indican que "retiran el beneplácito" a Sommertag, imponiéndole que "dejara el país inmediatamente" después de notificada la medida.
Sommertag asumió su cargo en Nicaragua en 2018, justamente, en el año del estallido de las protestas sociales contra el régimen orteguista. En 2019, como representante del Vaticano, incluso participó como "testigo y acompañante" de la mesa del Diálogo Nacional, que en ese entonces el Gobierno aceptó tener con la oposición nicaragüense. El religioso, aunque no siempre divulgaba sus gestiones, trabajó "en vista de la reconciliación nacional y de la liberación de los presos políticos”.
CICR continúa operando en Nicaragua
La vocería del CICR aclaró a CONFIDENCIAL que, pese al retiro de Ess, quien ya se encuentra fuera del país, “la oficina del CICR en Nicaragua sigue operando”.
Además, indicó que como organización ratifican “su compromiso de continuar su labor humanitaria en Nicaragua, apegada a sus principios de neutralidad, imparcialidad e independencia”.
El CICR, desde marzo de 2019, ha cumplido una misión de seguimiento de los presos y excarcelados políticos en Nicaragua, para garantizar que se respeten las normas internacionales humanitarias, a petición de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), tras el diálogo que el régimen Ortega-Murillo aceptó en esa fecha con los diferentes sectores de la oposición.
Actualmente, en Nicaragua hay más de 170 presos políticos en las diferentes cárceles del país. Familiares de los reos de conciencia que se encuentran en Complejo Policial Evaristo Vásquez, conocido como El Chipote, han denunciado el constante deterioro de la salud de sus parientes encarcelados, que han perdido peso por la mala alimentación, la falta de atención médica, el escaso acceso a horas de patio y sol, el aislamiento prolongado y las condiciones inhumanas de sus celdas.
A inicios de esta semana, los parientes de los reos de conciencia que guardan prisión en El Chipote indicaron que el CICR solicitó al régimen ingresar a El Chipote para conocer la situación de los presos políticos, pero las autoridades les han negado el acceso.
"La última información que tuvimos es que se le ha negado sistemáticamente el ingreso a la CICR, a la Dirección de Auxilio Judicial específicamente, a pesar de haber hecho distintas gestiones", indicó Ana Lucía Álvarez, hermana de la presa política Tamara Dávila, en una conferencia de prensa que ofrecieron el pasado 21 de marzo como familiares de presos políticos.
Álvarez también recordó, ante la negativa estatal, que "el CICR cumple un mandato que es humanitario, que es para corroborar el estado y la condición de nuestros familiares, además de las condiciones en las que se encuentran".
El CICR, en cumplimiento de su mandato, no informa públicamente sobre sus gestiones o visitas que realiza a los presos políticos. Únicamente los familiares de cada reo de conciencia, que previamente solicitan las gestiones del organismo internacional, pueden acceder a la información que estos recogen. Las visitas a los centros carcelarios son previamente gestionadas con el Gobierno, que es el que decide si da o no la autorización.
