19 de marzo 2022
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El régimen de Daniel Ortega entregó, el pasado 13 de marzo pasado, la orden "José de Marcoleta, en el grado de Gran Cruz", al jefe de la delegación regional del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para México y América Central, Jordi Raich, por haber mantenido —durante su misión de cuatro años— "una colaboración respetuosa" y "una visión de acompañamiento a las prioridades del Gobierno".
La condecoración que recibió el jefe de la CICR de manos del canciller Denis Moncada, causó sorpresa entre defensores de derechos humanos y víctimas de la represión, porque no se conoce que la gestión de Raich haya tenido alguna incidencia en restituir el respeto a los derechos humanos de los reos de conciencia en la cárcel del Chipote.
Desde hace nueve meses los presos políticos se mantienen en aislamiento en las cárceles del Chipote, en violación a las llamadas “reglas Mandela”, o reglas mínimas establecidas por Naciones Unidas para el tratamiento de reclusos, y han sido condenados en simulacros de juicios en la cárcel, mientras el régimen ha expulsado a otros diplomáticos, incluyendo al nuncio apostólico de la Santa Sede, Waldemar Sommertag.
El primer sorprendido fue el propio Raich, quien luego de ser condecorado escribió en su página de Facebook: "La sorpresa de mi reciente viaje a la tierra de Rubén Darío: Concesión de la orden José de Marcoleta grado de Gran Cruz" e inmediatamente citó: "La máxima distinción que otorga la nación nicaragüense por los méritos extraordinarios adquiridos en el desarrollo de las relaciones (internacionales o diplomáticas) de Nicaragua en beneficio de la paz y la amistad".
Para la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez, la condecoración al jefe de la delegación regional del CICR es algo "totalmente rutinario" que ocurre cuando un funcionario o diplomático va a salir del país, pero en el contexto actual de Nicaragua —de represión a la ciudadanía y graves violaciones de los derechos humanos de los presos políticos– este tipo de medallas se prestan a otras interpretaciones.
"Se presta, lógicamente, a la manipulación y a la utilización que de ese tipo de rutinas protocolarias hace el Gobierno y me parece —también— que sirve para exponer, de alguna manera, al funcionario mismo, pero también a la institución que representa", comentó Núñez.
CICR nunca entró al Chipote
Fuentes vinculadas a los familiares de presos políticos revelaron que en las pocas oportunidades que han tenido contactos con la Cruz Roja Internacional, estos señalaron que a pesar de sus solicitudes “el régimen nunca les permitió entrar a la cárcel del Chipote, a verificar la condición en que se encuentran los presos, sino únicamente a la cárcel La Modelo”.
Una fuente vinculada a la Conferencia Episcopal reveló que cuando intentaron enviar varias copias de la Biblia a los presos políticos del Chipote a través de la CICR a solicitud de sus familiares, el mismo Gobierno reconoció que las Biblias nunca llegaron al Chipote sino que fueron entregadas a presos en la cárcel modelo.
Gestiones en 2018 y 2019
La presencia diplomática del CICR en Nicaragua se visibilizó desde 2018, cuando que el régimen de Ortega reprimió brutalmente las protestas multitudinarias contra la población, dejando más de 355 muertos y cerca de un millar de presos políticos.
En marzo de 2019 la institución firmó un acuerdo con el Gobierno de Ortega para visitar las cárceles del país. Días después, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) y delegados de la Administración orteguista, le encargaron la misión de verificar las listas de presos políticos que serían liberados. El régimen, sin embargo, solo liberó una parte de los reos políticos que se encontraban en lista verificada.
Desde su llegada al país, la misión del CICR ha mantenido una política tradicional de confidencialidad, por lo que no se conoce el resultado de sus visitas a los presos políticos, y sus hallazgos sobre el Sistema Penitenciario Nacional, donde existen denuncias de torturas, tratos crueles y degradantes.
El CICR es la única institución internacional humanitaria que queda en el país, luego que el régimen expulsó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y a la representación de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH).
En 2020 el condecorado Jordi Raich, jefe de la delegación regional del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para México y América Central, participó en el acto en el que el jefe del Ejército, el general Julio César Avilés, fue reelecto en el cargo por tercera vez consecutiva por Daniel Ortega.
Régimen destaca “acompañamiento a las actividades penitenciarias”
Según el acuerdo presidencial 41-2022, publicado en el diario oficial, La Gaceta, el jefe de la delegación regional del CICR fue condecorado "por sus valiosos aportes, gestiones y acompañamiento a las actividades penitenciarias, así como la participación activa en el fortalecimiento de las relaciones de amistad y cooperación entre el CICR y la República de Nicaragua".
El escrito destaca que, durante su gestión en el período 2018-2022, Raich "se destacó por mantener una colaboración respetuosa, franca, permanente, demostrando el compromiso y solidaridad de CICR, con el pueblo y Gobierno de Nicaragua" y su misión la desarrolló "con una visión de acompañamiento a las prioridades del Gobierno de Nicaragua, basada en los principios de CICR de ser una organización imparcial, neutral e independiente, garantizando la protección humanitaria".
Además, continuó el Ejecutivo, "bajo su gestión" se concretaron y suscribieron convenios de cooperación sobre atención y visitas a los privados de libertad, y de fortalecimiento de capacidades al Ejército de Nicaragua, Policía Nacional y Ministerio de Gobernación en "derecho internacional humanitario, sistemas penitenciarios nacionales, justicia juvenil, normas internacionales aplicables a las operaciones de mantenimiento del orden".
Actualmente las relaciones entre el régimen nicaragüense y la comunidad internacional se encuentran en su punto más bajo. La mayoría de países de la Organización de Estados Americanos (OEA) y los 27 miembros de la Unión Europa (UE) han rechazado las elecciones fraudulentas en las que el mandatario nicaragüense se reeligió sin competencia política y demandan la liberación de los presos políticos y la anulación de los juicios espurios.
