Hacer periodismo bajo dictadura

La mañana del 20 de mayo de 2021, salí de mi casa a trabajar cuando fui alertado de que la nueva oficina de CONFIDENCIAL estaba rodeada por patrullas policiales y fuerzas antimotines. Cambié la ruta para llegar justo a tiempo a Radio Corporación, la principal radioemisora independiente del país, para denunciar el segundo asalto policial contra el medio de comunicación que dirijo desde hace más de 25 años y el secuestro de mi colega Leonel Gutiérrez (que en paz descanse).

El primer asalto contra CONFIDENCIAL ocurrió dos años y medio antes, durante la primera escalada represiva contra medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil que promueven los derechos democráticos en Nicaragua. En la medianoche del 13 de diciembre de 2018, decenas de policías irrumpieron con violencia, sin ninguna orden judicial, y requisaron todas las computadoras de la redacción, los equipos de producción audiovisual, y bienes personales. Un día después, la Policía regresó a ocupar el edificio de la redacción de forma permanente, hasta que en febrero de 2021 el Gobierno ejecutó un acto ilegal de confiscación, e inauguró en el inmueble una clínica materna del Ministerio de Salud, en un vano intento por “lavar” el crimen contra la libertad de prensa.

En el segundo allanamiento, la Policía llegó a capturar a los periodistas “golpistas”, que es como el régimen autoritario califica a los ciudadanos que reclaman democracia, justicia, y elecciones libres, después del estallido social de protesta nacional en abril de 2018. El presidente Daniel Ortega y su esposa la vicepresidenta Rosario Murillo respondieron con una represión brutal, ejecutada por policías y paramilitares, que dejó 355 muertos, miles de heridos, centenares de presos políticos y más de cien mil exiliados. Sin embargo, en la narrativa oficial el reclamo de elecciones libres equivale a una tentativa de “golpe de Estado”, que el régimen totalitario invoca para justificar la criminalización de la democracia y los derechos constitucionales.

En septiembre de ese mismo año, con los crímenes de la represión estatal aún en la impunidad, Ortega impuso un estado policial que conculcó por las vías de hecho las libertades de reunión y movilización, prensa y expresión y, finalmente, anuló las elecciones del 7 de noviembre de 2021, al encarcelar a los siete precandidatos presidenciales de la oposición, para proclamar su reelección sin competencia política.

Hacer periodismo bajo una dictadura, es un acto de resistencia para seguir contando la verdad. Nuestra redacción ha sido confiscada dos veces y por segunda vez estoy reporteando desde el exilio en Costa Rica para evitar ser silenciado con una infame orden de captura, pero nunca han podido confiscar el periodismo.

Nuestros programas de televisión están censurados en la televisión abierta y el sistema de cable, pero continuamos llegando a una audiencia creciente a través de YouTube y Facebook. Internet y las redes sociales representan un vehículo extraordinario para vencer la censura, pero la resistencia de la prensa descansa en la determinación de los reporteros de no transigir en nuestro compromiso por investigar la verdad.

Resistir, también es hacer periodismo de calidad, a pesar de la polarización política. De ello depende, en última instancia, la credibilidad de la prensa independiente ante nuestras audiencias, y su eficacia frente a la maquinaria de desinformación y propaganda de los cinco canales de televisión, decenas de radioemisoras, y portales de internet, que maneja la familia gobernante como negocios privados a costa del Estado.

Cuando el diario El País me otorgó el premio Ortega y Gassett en mayo del año pasado, lo agradecí muy honrado, como portavoz de un mensaje de aliento para el periodismo independiente de Nicaragua, que está defendiendo la libertad en estos momentos de persecución, ante la peor dictadura de nuestra historia.

Diez meses después, la situación es aún peor: la cancelación de libertades públicas es total, mientras que el acoso contra los periodistas ahora se extiende hacia los ciudadanos y la libertad de expresión. Tres medios de comunicación: CONFIDENCIAL, 100% Noticias, y La Prensa, están ilegalmente ocupados por la Policía, y más de 100 periodistas se han visto obligados a salir al exilio, para reinventar los medios de comunicación, pero muchos más continúan reporteando en sigilo desde Nicaragua. Ellos son los ojos y oídos de la prensa en el exilio.

La criminalización de la libertad de prensa también tiene en jaque el derecho a la libertad de opinión: seis universidades privadas han sido confiscadas y 114 organizaciones no gubernamentales fueron despojadas de su personería jurídica. En un país donde todos los ciudadanos son rehenes de la dictadura, ya no existen fuentes independientes que puedan ser citadas por la prensa —médicos, abogados, economistas, analistas políticos, empresarios, sacerdotes, ciudadanos comunes— todos temen la represalia oficial y solicitan que sus identidades sean protegidas para poder informar u opinar.

En los juicios que se llevan a cabo en las cárceles de El Chipote, sin respetar el debido proceso, más de 30 presos políticos entre ellos los precandidatos presidenciales, ya han sido condenados a penas de ocho hasta trece años de cárcel, por los presuntos delitos de “conspiración” contra la soberanía nacional, y propagación de “noticias falsas”, para provocar la desestabilización del país. En estas simulaciones de juicios, los testigos son los mismos policías que espiaron y secuestraron a los acusados, y la “prueba del delito”, son las las entrevistas que brindaron a medios de comunicación como El País y CONFIDENCIAL, o las opiniones que postearon en las redes sociales.

Las víctimas de esta cacería indiscriminada no solamente son los líderes políticos y cívicos opositores. El campesino Santos Bellorín, fue condenado a once años de carcel por el “ciberdelito” de provocar “alarma, temor, y zozobra” en el municipio de Pueblo Nuevo, pero no tiene un telefóno inteligente o una cuenta de Twitter  o Facebook; mientras que el contador público Alexis Peralta, del municipio de Condega, fue condenado a once años de cárcel por el delito de “conspiración”, porque un testigo fantasma denunció ante la Policía que supuestamente “estaba llamando a desconocer” las pasadas elecciones.

Esas son las historias que seguimos contando en CONFIDENCIAL, junto a las investigaciones sobre la tortura contra los presos políticos, la corrupción pública en la cúpula del régimen, el terrorismo fiscal contra los empresarios, y el crecimiento exponencial de la migración en un país sin futuro.

La resistencia de la prensa no es suficiente para despejar el camino hacia un cambio democrático bajo una dictadura, pero mientras persista mantendrá encendida la llama de la libertad. Al informar hoy sin someternos a la censura y la autocensura, estamos sembrando las semillas de la verdad, sobre las que mañana se impartirá la justicia.

*Este artículo fue originalmente publicado en El País de España.