18 de marzo 2022
AA
Share
La administradora de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), Samantha Power, calificó este jueves 17 de marzo como “una farsa orquestada por el régimen Ortega-Murillo” los cargos imputados en el caso de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCh).
Power, quien representa al principal donante de la FVBCh, denunció que se intenta silenciar a la sociedad civil y a los medios de comunicación, mientras destacó la labor de la extinta Fundación en defensa del acceso a la información pública y el fortalecimiento del periodismo independiente en Nicaragua.
La declaración de Power supone un respaldo internacional para la FVBCh, con una historia de veinte años de trabajo en defensa de la libertad de expresión y con una importante proyección regional, sometida desde el año pasado a un juicio político bajo cargos de lavado de dinero imputados por el régimen que sostiene que la ayuda del programa de medios fue usada para “desestabilizar”.
Fundación Violeta B de Chamorro is an org. that defends access to public information & strengthens independent journalism in Nicaragua. Charges against Cristiana Chamorro & Fundación staff are a sham orchestrated by the Ortega-Murillo regime to silence civil society & media. https://t.co/0cDaC8I7Qw
— Samantha Power (@PowerUSAID) March 17, 2022
Sin embargo, desde mayo de 2021, Estados Unidos negó que exista evidencia sobre el lavado de activos en la trama judicial que permitió el arresto de Cristiana Chamorro Barrios, en su carácter de expresidenta de la FVBCh, quien fue inhibida de sus aspiraciones políticas meses antes de las votaciones presidenciales cuando se perfilaba como la candidata más fuerte.
Chamorro Barrios fue el último de los siete precandidatos condenados para cumplir la estrategia represiva de Ortega que se reeligió sin competencia electoral tras encarcelar a líderes políticos, empresariales y sociales, con lo que garantizó un cuarto período consecutivo desde que se instaló en el poder en enero de 2007.
La condena a cinco exfuncionarios de la FVBCh, entre ellos Chamorro Barrios, su hermano Pedro Joaquín, dos exfinancieros —Walter Gómez y Marcos Fletes— y el conductor Pedro Vásquez fue tomada en menos de treinta minutos el pasado viernes 11 de marzo.
Entonces el juez Luden Martín Quiroz, del Juzgado Noveno Distrito Penal de Juicio de Managua, “valoró” unos 3000 folios de supuestas pruebas, con las que tomó la decisión de declarar culpables a los imputados, por los que la Fiscalía está pidiendo entre siete y 13 años, dependiendo de cada caso y los delitos atribuidos por las autoridades.
La Fiscalía sustentó su acusación en los testimonios de 16 policías que aceptaron que la información en la que basaron sus actas de allanamiento fue suministrada en realidad por sus jefes.
Uno de ellos, el capitán Jairo Ramírez Carrión, incluso aceptó en el último día de juicio que el origen de los fondos de la FVBCh—como el de USAID— era lícito y ha servido para financiar proyectos de formación de policías, fiscales y jueces.
El 12 de marzo pasado, Brian A. Nichols, subsecretario de Asuntos del hemisferio occidental de los Estados Unidos, consideró que los cargos no tenían fundamentos y que se trataba de una gran injusticia contra los hermanos Chamorro Barrios.
El juez Quiroz desestimó más de mil páginas en evidencias de la defensa y también el deterioro de la salud de los detenidos, por los cuales los familiares de los exfinancieros de la FVBCh y el conductor pidieron que fueron enviados a casa por cárcel, preocupados tras la muerte del general en retiro Hugo Torres Jiménez, un héroe de la lucha contra Somoza que Ortega convirtió en prisionero el año pasado.
