14 de marzo 2022
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Un grupo de organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos denunciaron que la “impunidad estructural es absoluta” en Nicaragua y ha dejado “gravísimas consecuencias en la situación de derechos humanos de los nicaragüenses”, en una audiencia pública, este 14 de marzo, durante el 189 período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“Se ha institucionalizado la impunidad porque no dejan de ocurrir las violaciones a derechos humanos… Es una situación de impunidad acumulada desde 2018 y no ha habido ni un solo momento donde aquí no se cometan violaciones a derechos humanos”, denunció la abogada Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).
Los representantes de la sociedad civil resaltaron que su llamado, ante la impunidad estructural impuesta por el régimen Ortega-Murillo en Nicaragua, es que la Comisión y los demás mecanismos de protección internacional “aúnen e intensifiquen sus esfuerzos para lograr que se lleve a cabo una investigación independiente e imparcial de las graves violaciones cometidas” desde abril de 2018.
“Solicitamos a esta Comisión que mantenga una estrecha coordinación con el Sistema de las Naciones Unidas, acerque su voz experta y coadyube en la demanda para impulsar el establecimiento de un mecanismo internacional de investigación y verificación de hechos, que permita avanzar hacia la rendición de cuentas y sanción de los responsables”, destacó María Gómez, del Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad).
Las otras organizaciones que apoyaron la solicitud expresada por Raza e Igualdad fueron: Cenidh, Centro de Derechos Civiles y Políticos (CCPR), Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL),Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM), Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), y Urnas Abiertas.
“Grave ausencia del Estado de Nicaragua”
El Estado nicaragüense, pese a que fue invitado, nuevamente no participó de los períodos de audiencias públicas de la CIDH. La relatora para Nicaragua, Esmeralda Arosemena, lamentó la ausencia estatal y aseguró que como relatora de país ha “insistido al Estado de Nicaragua, a sus autoridades, la oportunidad de dialogar, de escucharles, pero lamentablemente no hemos obtenido respuesta”.
El relator Joel Hernández, relator para Movilidad Humana y Personas Defensoras de Derechos Humanos, señaló que la ausencia del Estado en las audiencias de la CIDH es “larga data” y se ha vuelto “aún más grave después del estallido social de 2018”.
Explicó que la gravedad de la ausencia estatal es especialmente “porque no podemos entablar un diálogo si no está el Estado presente en estas conversaciones y porque lleva implícita la negación del Estado a la realidad que se está viviendo en Nicaragua, que se traduce en el cierre de todo espacio democrático en Nicaragua, y esto impide entonces poder revertir esta situación”.
Arosemena destacó que, en este contexto de cierre del espacio de diálogo con el Estado, se hacen aún más importantes las medidas “extraordinarias”, solicitadas por la sociedad civil, y “planes de acción que sean establecidos con una estrategia de esta visión regional, también universal, de todos los países del mundo”.
Andrés Sánchez, representante adjunto de la Oficina Regional para América Central y el Caribe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que también participó como invitado de la audiencia, afirmó que como Oacnudh también han denunciado “la impunidad en las graves violaciones a derechos humanos cometidas desde abril de 2018 en Nicaragua" y destacado que la “rendición de cuentas es el núcleo del Estado de Derecho”.
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Además resaltó que el derecho internacional "tiene herramientas y mecanismos para evitar que se imponga la impunidad en casos de violaciones a derechos humanos", indicando que para el caso de Nicaragua hubo -durante la presentación del informe de la alta comisionada Michelle Bachelet ante el Consejo de la ONU- numerosas solicitudes de los estados y sociedad civil para el avance en el establecimiento de dichos mecanismos.
Criminalización de la disidencia en Nicaragua
Los defensores de derechos humanos denunciaron que en el país hay más de 160 personas detenidas, que han sido sometidas a “malos tratos y actos que constituyen torturas” y que más de 40 de estos han sido condenados, en los últimos dos meses, con algunas de las leyes punitivas aprobadas por el régimen Ortega-Murillo en los últimos dos años, tales como: la Ley Especial de Ciberdelitos y la Ley 1055 o "Ley de Soberanía".
“Las cárceles se han llenado por la destrucción institucional que han llevado a la consolidación de un régimen institucional. No hay estado de derecho ni separación de poderes y se vive bajo un estado de excepción de hecho”, señaló la presidenta del Cenidh.
Violeta Delgado, del Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM), denunció que “el sistema de administración de justicia ha sido clave para la criminalización de la disidencia política y para la consolidación de las estructuras que garantizan impunidad”.
“La persecución por motivos políticos, que bien podría constituir un crimen de lesa humanidad, se ha afianzado a través de las violaciones al debido proceso, y garantías de las personas detenidas y privadas de la libertad arbitrariamente, entre ellas la falta de publicidad de los procesos, la utilización de testigos y víctimas falsas, el uso excesivo y generalizado de prisión preventiva y más”, detalló.
Además señaló que el Estado de Nicaragua “no ha acatado nada de lo dispuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que adoptó medidas de protección a favor de personas privadas de libertad por razones políticas”.
Denunció que “las autoridades nicaragüenses continúan negando el acceso regular y calendarizado de visitas familiares, incumpliendo los estándares internacionales y la propia ley interna del país, y continúa la falta de acceso a medicamentos y tratamientos adecuados para la atención a la salud”.
Asimismo, urgieron a la Comisión “continúen demandando al Estado que proceda a la liberación inmediata de todas las personas que permanecen presas por motivos políticos, el fin de su criminalización, la derogación del marco legal que posibilita su judicialización sin fundamento alguno y la revocación de sus sentencias condenatorias”.
También que, en tanto se procede a su liberación, se le “insista en su solicitud de realizar una visita in situ al país, para verificar las situaciones en las que se encuentran las personas presas por motivos políticos” y se le demande "condiciones de detención dignas, su atención médica oportuna y el contacto frecuente, y a través de todos los medios disponibles, con representantes legales y familiares, especialmente en el caso de las hijas e hijos de las personas privadas de libertad con motivos políticos”
Leyes punitivas promueven “impunidad”
Nathalia Yaya, encargada del Programa de la Oficina de las Américas en la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH, por sus siglas en inglés), resaltó que el régimen orteguista también “ha promulgado leyes destructivas, que buscan asfixiar a la sociedad civil nicaragüense y reducir el espacio para el escrutinio público”.
Denunció que desde noviembre de 2018 el régimen orteguista ha ilegalizado, desde la Asamblea Nacional donde es mayoría, “a al menos 107 oenegés nicaragüenses”, dejando “graves impactos en la lucha contra la impunidad, pues consolida la estrategia de extinción de las organizaciones capaces de mapear las violaciones a derechos humanos, atender a las víctimas, proponer mecanismo para el respeto y protección de los derechos, y activar mecanismos para sus garantías”.
“Nos preocupa profundamente que se busque profundizar estos instrumentos de criminalización, pues desde el pasado 12 de febrero la Asamblea Nacional anunció un proceso de revisión y consulta de la normativa penal”, advirtió Yaya.
Ante dicha situación, el grupo de organizaciones solicitó que la Comisión demande que el Estado de Nicaragua “restituya la personalidad jurídica de las asociaciones canceladas, así como la devolución de sus bienes” y respete el trabajo de las organizaciones sin fines de lucro que continúan trabajando por el bienestar de los nicaragüenses.
Adicionalmente pidieron que la CIDH “emita un pronunciamiento conjunto sobre los alcances de la situación de impunidad estructural en el país y la necesidad de avanzar a procesos de rendición de cuentas a nivel internacional; dé celeridad a los casos que actualmente se encuentran en trámite bajo sus conocimiento, para contribuir a los procesos de acceso a la justicia y reparación en el país; y solicite a la Corte IDH una opinión consultiva sobre los estándares que deben cumplir los estados y sus instituciones para enfrentar situaciones de impunidad”.
